Con frecuencia se escucha en nuestro país la idea de que, en España, la desigualdad en la distribución de la renta ha sido siempre más intensa que en la gran mayoría de los países europeos. Lo que los datos indican es, sin embargo, que las diferencias entre los índices de desigualdad en España y en la media de los países europeos sólo son significativas desde que se desencadenó la última crisis económica, que afectó de forma muy acusada a nuestro país. En concreto, el índice de Gini –la fórmula que más habitualmente se utiliza para medir la desigualdad en la distribución– alcanzaba en España un valor de 32 antes de 2009, frente a una media europea de 31; es decir, una diferencia muy pequeña, que se había mantenido bastante estable a lo largo del tiempo. Pero en los últimos años las cosas han cambiado y, mientras en la mayoría de los países europeos este índice ha experimentado pocos cambios, en España ha crecido hasta alcanzar valores cercanos a 35.
Un reciente informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Distribución de la renta, crisis económicas y políticas distributivas, pone de manifiesto esta situación y confirma algunas ideas a las que, previamente, muchos economistas nos habíamos ya aproximado, y que vemos ahora confirmadas un estudio empírico tan competente como éste. La primera es que la crisis ha creado una mayor desigualdad en la distribución de la renta en España, que ha sido amortiguada, pero no eliminada, por las políticas públicas. La segunda, que la peculiar evolución de esta distribución en nuestro país frente al promedio europeo se debe, fundamentalmente, a la especial situación de nuestro mercado de trabajo; es decir, a nuestra elevadísima tasa de paro. En concreto, el informe apunta que alrededor del 75 por ciento del incremento de la desigualdad desde el año 2009 se explica por los cambios experimentados por el mercado de trabajo.
Es éste, por tanto, el campo en el que las políticas públicas deberían actuar si se quiere reducir el actual nivel de desigualdad. Pero no es difí- cil darse cuenta de que muchas de las propuestas planteadas por determinados partidos políticos en los últimos años para elevar el nivel de renta de los grupos con ingresos más bajos podrían tener un efecto contrario al deseado. Las medidas que se proponen son, básicamente, de dos tipos. En primer lugar, se plantea reformar el mercado de trabajo; pero no en el sentido de una mayor liberalización, sino derogando las reformas que el actual gobierno introdujo en 2012 y volviendo a la situación anterior. Y el segundo tipo de políticas consiste en elevar la presión fiscal, fundamentalmente a los grupos de renta más alta, lo que permitiría al sector público conseguir mayores ingresos, que podrían ser empleados en programas de gasto social. Para sus partidarios, ambas políticas contribuirían a reducir la desigualdad existente en el país. La contrarreforma laboral reforzaría la posición de los trabajadores, lo que tendría como resultado mejores salarios, en especial en los niveles inferiores de la escala. Y los nuevos impuestos financiarían políticas redistributivas más intensas, que mejorarían las condiciones de vida de las personas de rentas más bajas.
¿Cuál es el problema, entonces? La respuesta es bastante simple: tanto la contrarreforma laboral como la subida de impuestos tendrían un efecto claramente negativo en la creación de empleo; es decir, provocarían un aumento del paro o, al menos, harían más difícil continuar en la reducción que el desempleo está experimentando en la actualidad. Y, dado que el paro es la causa principal del aumento de la desigualdad en la distribución de la renta, los efectos de estas políticas serían también negativos en este sentido.
Nunca he defendido que la reforma laboral de 2012 fuera la que realmente necesitaba la economía española. Creo que tuvo poca ambición; y los tribunales de la jurisdicción laboral no han contribuido siempre al cumplimiento de los objetivos de la ley. Pero poca duda cabe de que la regulación actual es significativamente mejor que la que existía antes de 2012; y ha contribuido, claramente, a que nuestra tasa de paro, aun siendo muy alta, se haya reducido desde entonces.
Tampoco pienso que la política fiscal del gobierno haya sido la más adecuada para la economía española. Hay argumentos sólidos para defender la idea de que la necesaria reducción del déficit público debería haberse hecho de otra manera y que las subidas de impuestos de los últimos años han sido muy perjudiciales para conseguir una salida rápida de la crisis y una tasa de crecimiento estable en el medio y largo plazo. Pero lo que pretenden las propuestas de nuevas subidas de impuestos es ir aún más allá por la vía equivocada y hacer más difícil la inversión y la creación de puestos de trabajo.
Establecer con un mínimo de precisión las causas de un problema es la primera condición para tratar de solucionarlo. Si lo que queremos es reducir la desigualdad en la distribución de la renta, y ésta ha empeorado fundamentalmente por el crecimiento del paro, parece claro que lo que la economía española necesita es una política que cree empleo, no la adopción de medidas que tengan el efecto contrario.
