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La gestión del agua ha sido una constante en todas las civilizaciones. Desde los sumerios y los egipcios, pasando por Grecia y Roma, hasta hoy en día, los avances en calidad de vida han estados unidos al uso de este elemento imprescindible.

En la España actual, las posturas mantenidas por los elementos radicales del ecologismo, que pretenden reducir al mínimo la gestión del agua sobre todo en lo relativo a la transferencia entre cuencas, se ha impuesto en amplios sectores de la política. Así, cada vez que una persona sin conocimientos en las disciplinas científicas relacionadas con el medio ambiente accede a un cargo que tiene que ver con su gestión, ocurre algo paradójico, normalmente, intenta suplir sus carencias técnicas con una militancia fervorosa de las tesis ecologistas.  Sus partidarios han aprovechado la afinidad semántica para confundir a la sociedad haciéndose pasar por expertos ecólogos con opiniones fundadas científicamente. Pero nada más contrario a la realidad, el ecologismo es una militancia ideológica, que lejos de plantear un uso sostenible de los recursos naturales, pretenden una vuelta al tribalismo, incluso, a costa del ser humano.

La actuación de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, encaja perfectamente en este ejercicio de transformismo pues, como muchos de sus colegas, utiliza los argumentos medioambientales como excusa para lograr sus fines políticos. Las consecuencias de sus frívolas políticas ponen en peligro el bienestar de cientos de miles de familias. Desde la reconversión industrial de los años 80, incluida la crisis del 2008, la comunidad de Murcia y nuestras vecinas no han estado tan amenazadas económica y socialmente.

En sus primeros años al frente del Gobierno, Felipe González, del cual deberían tomar ejemplo sus compañeros, no tuvo más remedio que afrontar la reconversión de un sector industrial que no era competitivo y por tanto no tenía futuro. Ahora bien, reconozco mi incapacidad para encontrar una explicación plausible que justifiquen los enormes daños económicos, sociales y ambientales de acabar con el sector agroalimentario del Levante español. Un sector competitivo, tecnológicamente puntero y netamente exportador, es decir, con un futuro brillante sino nos dedicamos a ponerle palos en las ruedas.

Todo el problema se reduce a que tenemos un déficit de 400 Hectómetros cúbicos, lo que representa menos del 0.005 % de las precipitaciones medias anuales de España ¿De verdad alguien medianamente sensato puede pensar que se trata de un problema ambiental? ¿No es posible acometer las obras necesarias para que dispongamos de esta materia prima, que es más productiva aquí que en cualquier otro lugar de España?

Los murcianos nunca nos hemos opuesto a ninguna medida ni inversión que suponga un mayor desarrollo para el resto de las regiones, nos alegramos del progreso de todos nuestros compatriotas, la economía no es un sistema de suma cero y, por tanto, sabemos que su crecimiento también es positivo para nosotros.

En ningún momento nos planteamos utilizar los recursos hídricos que, al día de hoy, otras comunidades usan para sus actividades económicas. No pretendemos que nadie carezca de este recurso, lo que planteamos es acometer las actuaciones hidráulicas necesarias para que todos dispongamos del agua necesaria para el desarrollo de nuestro país. Actuaciones que, de paso, pueden ser la solución a los desastres que un año sí y otro también causan las inundaciones.

Nunca he sido partidario de las movilizaciones sociales, creo que en política debe imperar la razón, ahora bien, ha llegado el momento en que nos han puesto ante una encrucijada: seguimos actuando como ciudadanos ejemplares que reclaman lo que es justo mediante razonamientos técnicos y jurídicos, a los que hacen oídos sordos, una postura muy honesta y admirable por nuestra parte que nos lleva al desastre económico y social o jugamos con las reglas que de manera frívola ha implantado el Gobierno de nuestra nación, lo que vulgarmente se entiende como “el que no llora no mama”.

Ante un Gobierno que al contrario de Roma “si paga traidores” y por tanto no atiende a razones sino a presiones, no tenemos otra opción que jugar con sus propias reglas. Debemos hacerles sentir la indignación que, su injusta arbitrariedad y sus inmerecidos desprecios, nos producen. Tenemos que ser conscientes de lo que nos jugamos en este envite ¡nada más y nada menos que nuestras vidas y haciendas!

Por ello y a pesar de todas mis reticencias a que la política sea un ejercicio donde el ganador sea el más reivindicativo, independientemente de las razones que esgrime, no puedo hacer otra cosa que apoyar la manifestación del pasado lunes 24 de mayo a la que los agricultores de Almería, Alicante y Murcia se vieron avocados. Estoy seguro de que existen otras causas tan justas como ésta, pero lo que despierta mi indignación, es la certeza de que el Levante español sufre el ataque más gratuito e innecesario que podamos concebir, únicamente explicable por el sectarismo, la ignorancia y la irresponsabilidad del Gobierno.

Ahora bien aunque, puntualmente, estemos dispuestos a utilizar los métodos que son más propios de los que en este momento nos gobiernan, no debemos renuncia a la política con mayúsculas. Debemos incrementar nuestra presencia en la sociedad para explicar hasta qué punto son erróneas las propuestas del ecologismo radical. Tenemos que enfrentarlos a sus contradicciones, en la seguridad de que no van a cambiar sus posturas, pero con la certeza de que una vez que los ciudadanos los vean como realmente son, integristas e infantiles, no les prestaran su apoyo.

Todo fundamentalismo tiene su paraíso, y en el caso del ecologismo éste describe un mundo libre de la intervención humana, donde los ecosistemas evolucionan única y exclusivamente a través de las leyes de la naturaleza. La única forma de alcanzar este paraíso implica una densidad de población humana que nos remontaría al origen de nuestra especie, lo que al margen de si es deseable o no, parece bastante difícil hoy en día que hemos rebasado ya los 7.000 millones de seres humanos.

Toda actividad humana altera los ecosistemas, no existe ninguna ciudad, carretera, industria, etc. que no se haya asentado sobre una zona con alto valor ecológico. El mismo Madrid se asienta sobre una zona donde antes campaban especies en peligro de extinción como el águila imperial, el oso, el quebrantahuesos, etc. Si algún ecologista radical pretendiese demoler Madrid con el fin de regenerar sus antiguos ecosistemas, todos lo calificaríamos de loco irracional. Lo extraño es que ante un hecho similar como la pretensión de acabar con el Trasvase Tajo-Segura, algunos, en vez de escandalizarse, le presten oídos a esta locura que pone en peligro la vida, la economía y el medio natural del Levante español.

Si estamos dispuestos a seguir las recomendaciones de estos grandes gurús medioambientales, me pregunto ¿por qué limitarse al agua? Si seguimos las directrices de su pensamiento mágico ¿No sería lógico adaptar toda la producción española a las materias primas presentes en cada lugar?

Así por ejemplo ¿no debería Cataluña haber limitado su industria textil a la cantidad de algodón, o de productos químico para el tintado, que se producía en esta región? A partir de ahora, la refinería de Puertollano tendrá que adaptar su producción al petróleo que se produzca en Castilla-La Mancha ¡hay que acabar con los oleoductos que roban el petróleo de las zonas productoras! En Madrid sólo se podrá servir a los turistas que visiten la Plaza Mayor el café que se produzca allí, de esta manera además acabaremos con el cachondeo del “relax and coffee”.

El comercio está en la base del desarrollo económico de la humanidad y nadie, medianamente sensato, puede plantearse acabar con un sector considerado estratégico para España, que aprovecha una ventaja competitiva derivada de unas condiciones climatológicas privilegiadas difícilmente replicables, que se traducen en que un metro cúbico de agua produce en esta zona 0,55 euros, prácticamente el doble que la media nacional.

Si tenemos un sector con tecnología punta, competitivo, netamente exportador y con un potencial de crecimiento, que se ha demostrado imparable ¿puede España permitirse el lujo de acabar con él porque falta una materia prima que tenemos en abundancia? Recordemos que utilizamos menos de una quinta parte de las precipitaciones anuales de nuestro país.

Entiendo que los integrantes del “ecologismo sandía”, es decir verdes por fuera y rojos por dentro, no estén de acuerdo con los trasvases. Estos “conservadores”, que no es lo mismo que “conservacionistas”, se oponen a cualquier cambio. Su fundamentalismo los lleva, entre otras muchas contradicciones, a condenar las repoblaciones a la vez que reclaman la protección de Sierra Espuña, que como todo el mundo sabe es producto de una reforestación dirigida por el Doctor Ricardo Codorníu a finales del siglo XIX. A oponerse a realizar nuevos embalses y declarar protegido el pantano del Hondo, el embalse de Orellana, los embalses de Cordobilla y Malpasillo, el embalse de las Cañas y las colas del embalse de Ullíbarri, todos ellos incluidos en el Convenio de Ramsar como humedales de importancia internacional.

Los ecologistas gozan en nuestra sociedad de un prestigio y una influencia que no les corresponde por representatividad, como se demuestra cada vez que se presentan a las elecciones, ni por sabiduría y sensatez. Sin embargo, no culpo a éstos por ello, ha sido la incapacidad de nuestros representantes políticos que no han sabido enfrentarlos con argumentos técnicos y ponerlos ante sus, como hemos señalado, infinidad de contradicciones.

Un partido de gobierno, como lo es el Partido Socialista, con militantes destacados que han demostrado sobradamente su capacidad política, no puede permitir que sus actuales dirigentes, integrantes del “sanchismo zapaterista”, se deje llevar por los argumentos de estos “frikis medioambientales”, que no tienen otra guía que sus simples emociones. España se enfrenta a problemas muy serios tras dos de las crisis más importantes de la historia, la financiera del 2008 y la pandémica de la Covid-19. Unos problemas que no se pueden solucionar ni con el “buenismo”, ni con el marketing.

Si nuestros políticos no son capaces de entender que los dos principales problemas económicos de España son el paro y la deuda y que ninguno de ellos se soluciona cargándose un sector competitivo, exportador y respetuoso con el medioambiente, que emplea a más de 100.000 trabajadores directos y produce más de 3000 millones de euros anuales, tenemos un grave problema. Pero lo realmente peligroso es que los ciudadanos sigamos votando a estos irresponsables, está en nuestra mano que los incompetentes y los sectarios desaparezcan de la vida pública. Los ciudadanos deben elegir entre dos modelos:

1.    Un ecologismo radical, que desconfía de la capacidad de conocimiento del ser humano y, por ello, en el fondo es más “conservador” que “conservacionista”. Que busca volver a un “paraíso primigenio” que, en realidad, nunca existió y que encuentra en el tamaño de la población humana su principal problema para alcanzar algo parecido. En el tema que nos ocupa, esto significa reducir el área cultivable a la disponibilidad de agua en la zona, es decir acabar con 100.000 puestos de trabajo directos, 3.000 millones de euros de aportación al PIB nacional y la desertización del Levante español. Todo ello, además, cuando la FAO ha alertado sobre la necesidad de incrementar la producción agrícola.

2.    El modelo racional de aquellos que apuestan por el ser humano y su capacidad tecnológica para utilizar de una manera sostenible los recursos naturales. En el tema que nos ocupa significa hacer las infraestructuras necesarias para incrementar en un porcentaje ínfimo el volumen de agua que actualmente aprovechamos (menos de 1/5 parte de las precipitaciones anuales de España).

En España, el único problema real respecto del agua es que todo lo relacionado con este elemento se presta desde tiempos inmemoriales a exaltar los ánimos. Por ello, mientras para un político mediocre sea más fácil obtener réditos políticos señalando agravios inexistentes que obtener los fondos económicos necesarios para realizar unas infraestructuras que benefician a todos, sin que esta actitud irresponsable y demagógica tenga coste electoral, no habrá solución.


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