Cuando el Gobierno aprobó el decreto por el que se considera a los bancos sujetos pasivos del impuesto sobre actos jurídicos documentados en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria, seguramente no pensó que la reforma se podría volver contra los intereses de los consumidores, es decir, de aquellas personas a las que la nueva norma pretende defender. No me cabe duda de que los ministros más listos tuvieron que ser conscientes, desde el primer momento, de que —a efectos de determinar quién soporta realmente el pago del impuesto— es irrelevante que el sujeto pasivo sea el banco o quien solicita el préstamo.

Y probablemente pensaron que, aunque con esta medida no fueran realmente a favorecer en nada a los prestatarios, se apuntaban con ella un tanto electoral, ya que mucha gente no parece ser capaz de entender que el impuesto que les pague el banco se lo va a cobrar de otra forma y que el coste total de la hipoteca vendrá dado por las condiciones del mercado y no por lo que diga el Gobierno. Pero lo importante para este no es lo que la gente realmente pague, sino lo que piense que va a dejar de pagar, que es lo que da votos.

Ahora bien, sospecho que ni siquiera los ministros más avispados pensaron que la situación podría incluso empeorar para quienes soliciten en el futuro un préstamo con garantía hipotecaria. Y me temo que es esto lo que puede suceder si no se arbitran medidas para evitarlo. Y la razón es bastante simple. Varias comunidades autónomas han anunciado ya que, como los
bancos son ahora los sujetos pasivos del impuesto, es la ocasión de subir el tipo de gravamen.

El problema es, naturalmente, que, como al final van a ser los clientes los que acaben soportando la mayor parte del tributo, la carga fiscal se elevará para ellos. Por lo tanto, con los nuevos tipos estarán peor de lo que estaban antes del decreto del Gobierno. En resumen, las comunidades autónomas van a recaudar más, a los bancos les va a dar lo mismo y el consumidor será el que acabe pagando la subida… como casi siempre.