Habrá que recordarlo una vez más, y van ya muchas: la Constitución española reconoce, en el artículo 156, la autonomía financiera de las Comunidades: “Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias”. El significado de esa frase está muy claro, guste o no: que la autonomía financiera es parte esencialmente constitutiva de la autonomía política de las comunidades autónomas. Esa autonomía financiera es, a su vez, parte sustancial de la corresponsabilidad fiscal, asumida desde 1997, y supone que la autonomía de gasto deberá ir acompañada de la responsabilidad en los ingresos.
Desde 1997, las comunidades autónomas tienen, en virtud de lo establecido por la corresponsabilidad fiscal, competencias normativas sobre ciertos tributos. Es decir, tienen un margen normativo que permite que en unas se pueda pagar más o menos impuestos que en otras. Esa es una consecuencia directa del concepto mismo de autonomía. Por tanto, que existan diferencias tributarias entre las comunidades autónomas no supone vulneración alguna de la igualdad, por la sencilla razón de que una cosa es la igualdad y otra, no equiparable, la uniformidad; cosa que algunos, consciente o inconscientemente, tienden a mezclar.
Es ya un clásico del hit parade nacional, o algo así como la canción del verano de la política, que ciertos cargos y ciertos partidos se levanten, más o menos agrestemente, contra esa realidad constitucional. Unos cuantos de ellos consideran que la actuación de algunas comunidades (cuando utilizan esa formulación aparentemente aséptica se refieren a la Comunidad de Madrid) en ciertos impuestos (cuando usan ese aséptico genérico quieren decir Impuesto sobre Sucesiones y sobre Patrimonio) supone una “deslealtad fiscal”, una “competencia fiscal desleal” y una “insolidaridad” que, según ellos, tiene graves efectos perniciosos y lesivos para otras comunidades, porque consolidan “manifiestas desigualdades por razones de residencia”.
Incluso quieren convertir en tópico lo de “paraíso fiscal” para denominar a la Comunidad de Madrid. Es evidente que en España no existe paraíso fiscal alguno (¡antes bien al contrario!). Lo único que pasa en Madrid es que hay tributos más razonables que en otros muchos lugares de España y no se “desangra” a los ciudadanos, mientras en otros muchos sitios los responsables políticos (de izquierdas, pero incluso de derechas como el Sr. Feijóo en Galicia, una especie de Rajoy socialdemócrata en pequeñito) recaudan todo cuanto pueden y no les gusta que nadie les obligue a una mayor eficiencia de gestión; es decir, a esquilmar menos a sus ciudadanos y a contener más el gasto público imponiéndose limitaciones razonables.
‘Separatismo fiscal’
Hasta ahí todo normal. Pero, en este gastado pseudodebate, este verano hemos asistido a un salto cualitativo, en el que el río de las analogías se ha desbordado con el peor lodo. Resulta que el nuevo presidente del Principado de Asturias, Sr. Barbón, quien ha sustituido “por desplazamiento” a D. Javier Fernández (político serio y patriota al que añoraremos), se ha estrenado en su cargo y funciones a lo grande, digamos con el “do de pecho”. El Sr. Barbón se ha atrevido a decir que la anunciada bajada de impuestos en Madrid es “el mayor ataque a la Constitución en muchos años”.
No piensen que han leído mal, lo han leído perfectamente. Este hombre, llegado a presidente de Asturias de la mano del Sr. Sánchez, considera que bajar impuestos a los ciudadanos madrileños es un ataque mayor a la Constitución que el golpe de Estado de los secesionistas catalanes. Como un ataque mayor, y por supuesto mucho más grave, que aliarse con los filoterroristas de Bildu en Navarra, como ha hecho también el Sr. Sánchez. Y, por redundar, en un acto público reciente ha acusado a la Sra. Díaz Ayuso de practicar el “separatismo fiscal”. Que, por lo que hay que inferir, le parece mucho más grave y detestable que el secesionismo político de catalanes o vascos, que son los que, por cierto, hicieron presidente al Sr. Sánchez, aunque se ve que el Sr. Barbón lo ha olvidado. Es un ejemplo más del patetismo de algunos de estos nuevos políticos. Evidentemente, en todo eso sólo son el reflejo mimético de su maestro y creador, el Dr. Sánchez, con su irrefrenable inclinación a mentir y desmentir con el mayor descaro, y a ponerlo todo exageradamente al servicio de sus intereses.
Para acabar con ese “separatismo fiscal” –funesta metáfora– y con sus supuestos efectos “perniciosos”, estos nuevos mandatarios del PSOE propugnan no la desaparición de los impuestos confiscatorios, única solución que con base en sus competencias normativas sería ventajosa para los esquilmados ciudadanos de sus autonomías, sino algo mucho más “creativo”: lo que llaman “armonización fiscal”, un eufemismo que significa subir los impuestos a los ciudadanos que ahora pagan menos, lo que a ellos les permitiría seguir gastando con desenfreno en todo tipo de chiringuitos y actuaciones.
La exigencia de igualdad que con tanto entusiasmo y reiteración proclaman estos profetas equivaldría a acabar con el derecho constitucional de las comunidades a su autonomía fiscal. Conviene recordar, de nuevo, que una cosa es la igualdad y otra, bien distinta, la uniformidad, tal como clarificó el Tribunal Constitucional cuando estableció que el principio de igualdad entre todos los españoles de cualquier parte del territorio nacional no puede ser entendido como una “monolítica uniformidad del ordenamiento”, añadiendo que “la igualdad no impone que todas las autonomías tengan que ejercer sus competencias de una manera o con un contenido y unos resultados idénticos o semejantes”.
Esa pretendida “armonización fiscal” sería una flagrante involución. Aunque en su vigilancia del separatismo fiscal, el PSOE también tiene sus “fallos” o hace sus excepciones, como su calculada condescendencia “agradecida” con el deseo de algunos “separatistas” insolidarios que quieren una Hacienda propia y un cupo al estilo vasco. Donde se da la escandalosa e injusta “desigualdad” –que por supuesto en este caso no es “desleal”, ni menos todavía una “manifiesta desigualdad por razones de residencia”, porque el PSOE necesita sus votos– de que ciudadanos de regiones con menor renta financien a regiones con rentas mucho más altas. Eso es el cupo vasco. ¿Creen que este novedosísimo PSOE se va a atrever a decirlo y a proponer cambiarlo?
