Este 25 de julio concluye el plazo de declaración del Impuesto sobre Sociedades 2016, cuya campaña se inició el día 1 de este mes. La factura fiscal que habrá tenido que abonar una empresa pequeña española presenta un tipo efectivo del 49,67% sobre su resultado bruto de explotación. En el caso de una mediana, habrá sido del 51%; y en el de una grande, del 61,57%.

Es lo que pone de manifiesto el informe de Think Tank Civismo «La factura fiscal de las empresas en España», el cual, teniendo en cuenta el número de empleados y su categoría profesional, el sector productivo, la región donde la empresa tiene su domicilio social, y su grado de internacionalización, desmiente la visión generalizada de que las compañías españolas soportan una tributación baja, especialmente las grandes.

El estudio cuantifica el impacto para las empresas tipo de impuestos como el de Aduanas, Aranceles e Impuestos Especiales; el de Bienes Inmuebles; el de Actividades Económicas; el de Vehículos de Tracción Mecánica; los autonómicos; y las cotizaciones a la Seguridad Social, cuyo peso, en la pequeña y mediana empresa, es superior al 90% respecto a la factura total. En el caso de las grandes, las Cotizaciones son diez puntos menores (de un 78,94%), pero su carga se traslada al Impuesto de Sociedades, que pasa de representar un 6,03% de la factura total en una compañía mediana a suponer un 16,01% en las de mayor dimensión. Además, los tributos locales y regionales recargan de forma más que proporcional el tamaño de la empresa. Por todo ello, el salto de mediana a grande se traduce en 10 puntos más de presión fiscal sobre el beneficio de explotación, lo que actúa en detrimento del crecimiento de las compañías y, por tanto, de su capacidad de generar más riqueza y empleo. Algo especialmente preocupante en un país donde el 99,8% de las empresas son pequeñas y medianas.

De hecho, en la comparativa internacional, España se sitúa entre los países de Europa que más grava a las empresas: con un 49%, se halla casi nueve puntos porcentuales por encima del tipo efectivo medio, que se cifra en el 40,3% según un último estudio de PwC.

Por otro lado, el porcentaje del margen bruto que las empresas dedican al pago de impuestos varía en función de la comunidad autónoma en la que tengan su residencia fiscal. Así, Castilla-La Mancha, Aragón o Extremadura dispensan un trato menos gravoso, al aplicar tipos más bajos sobre los impuestos municipales, y no imponer tributos autonómicos propios significativos. En el otro extremo, País Vasco, Navarra y C. Valenciana optan por recargar los impuestos autonómicos y municipales para las compañías españolas. En el caso de los regímenes forales, al tener competencias en materia de Impuesto de Sociedades, están aplicando tipos marginales más altos que en el conjunto de las Comunidades de Régimen Común.

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