El semanario The Economist elabora anualmente el Índice de Democracia, todo un referente especialmente en el mundo anglosajón. Hace unos días, publicó la duodécima edición, correspondiente a 2019, en la que se analiza la situación del estado de derecho en 167 países. Este informe se elabora a partir de las puntuaciones, supuestamente objetivas, que cada uno obtiene en cinco variables: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del Gobierno, participación ciudadana, cultura política y libertades civiles. El resultado es una clasificación con cuatro categorías de calidad democrática: (1) “Democracia plena”, que solamente engloba el 5,7% de la población total; (2) “Democracia defectuosa”, con hasta un 42,7%; (3) “Régimen híbrido”, con un 16%, y (4) “Régimen autoritario”, con nada menos que un 35,6%.
Así, el número de democracias plenas aumentó a 22 en 2019 frente a las 20 de 2018. El de defectuosas se ha reducido en una, hasta sumar 54 en 2019. De los 91 países restantes, 54 se encuadran en los regímenes autoritarios, en comparación con los 52 del año anterior, y 37 se consideran híbridos, dos menos que en 2018.
La puntuación global promedio para la democracia cayó en esta edición desde los 5,48 puntos precedentes hasta los 5,44 (en una escala del 0 al 10). Se trata del peor dato desde que el índice se elaboró por primera vez, en 2006. En el entorno de la UE, Suecia (9,39), Finlandia (9,25) e Irlanda (9,24) presentan los mejores resultados, mientras que Rumanía (6,49), Croacia (6,57) y Polonia (6,62) se sitúan a la cola.
Nuestro país ha registrado este año una bajada que se atribuye al deterioro del proceso electoral. Los comicios de abril dieron lugar a una victoria pírrica del PSOE, que resultó insuficiente para que esta formación consiguiera nombrar un presidente. La convocatoria de nuevas elecciones vino acompañada de una campaña muy agresiva, que irritó a gran parte de la ciudadanía. Además, los independentistas catalanes y los movimientos antisistema generaron una crispación social que enrareció la llamada a las urnas.
Una cuestión que debilita la validez de este índice reside en la dificultad de asignar cuotas que penalicen a los países en los que el poder lo ostentan los partidos políticos, mientras que los ciudadanos, una vez depositado su voto, se convierten en meros convidados de piedra. También convendría que recogiera el grado de intromisión del poder ejecutivo en el judicial. Sin duda, la democracia formal obtiene buenas notas en Europa, pero no está tan claro que nos sintamos libres al mismo nivel con unos Estados tan intervencionistas.
Los partidarios del libre mercado comprobarán con alegría que la correlación entre el PIB per cápita y la posición en el índice de los países europeos es muy alta (0,831), lo que, aunque no la prueba, sí apoya la tesis de que cuanto mayor es la calidad democrática, más crece la renta media de los ciudadanos.
