La revelación, esta semana, de los ingresos de trabajo reales de varios dirigentes políticos de la Comunidad foral ha provocado un alud de reacciones. Las muy abultadas dietas que han percibido varios cargos de UPN y PSN por asistir a consejos de Caja Navarra, unidas a las que perciben por su presencia en otros dos consejos de empresas públicas, les ha permitido en la práctica duplicar sus salarios. En la antigua Roma, por cierto, salariumera la palabra que designaba el pago en sal con el que a veces se retribuía a los soldados. Hoy, los salarios de los políticos navarros son los que se han convertido en sal para la herida de miles de ciudadanos acorralados entre la crisis y los recortes. La presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, declaró el año pasado unos ingresos de 143.000 euros, de los que 78.000 fueron en dietas. El vicepresidente económico, Álvaro Miranda, a su sueldo de 64.000 euros se sumaron al menos otros 60.000 en dietas. Y Roberto Jiménez, otro de los vicepresidentes del actual Ejecutivo percibió 97.000 euros, de ellos casi 40.000 de dietas. Sin embargo, más allá del lógico desaire que causa la noticia en la calle y de las apuradas reacciones de los políticos que intentan apagar el fuego, parece necesario abrir un debate en profundidad sobre la regulación de los sueldos entre la clase política. Más en un país donde cada uno regula la cuestión a su manera y en el que se dan situaciones tan chocantes como que las nóminas de los presidentes autonómicos del País Vasco y Cataluña, por ejemplo, superen con creces a la de Zapatero. Quienes más y quienes menos, y Navarra no ha sido una excepción en los últimos años, han redondeado sus ingresos -en un intento se decía de equipararlos al sector privado- a través de las dietas por la pertenencia a consejos de empresas públicas. Unos emolumentos que, por supuesto, han sido ajenos a los recortes salariales. Al igual que lo ocurrido en la Comunidad de Madrid, donde se ha descubierto que presidenta y consejeros disfrutaban de un complemento «opaco» que les reportaba hasta 20.000 euros brutos anuales y que tampoco ha sido objeto de tijera . ¿Cómo deben regularse, entonces, los sueldos de los dirigentes políticos? ¿Están poco remunerados, como dicen ellos, y por eso deben recurrir a las dietas? ¿Deberían cobrar un único sueldo al margen de su asistencia a determinados consejos vinculados a su cargo? Un grupo de expertos de diferentes ámbitos de la sociedad navarra intenta aportar algo de luz al debate.

 

El sueldo de un director

 

José Antonio Ascarza, socio director de la oficina navarra de Human -empresa consultora en la actividad de los recursos humanos- abre el fuego y lo hace con una tesis que quizás no sea muy simpática en estos momentos de crisis. «A riesgo de que parezca feo lo que voy a decir, los políticos, y sólo hablo del sueldo, ganan poco dinero. Puede -añade- que a la gente le extrañe esto, pues hoy está de moda decir lo contrario. Pero nosotros, que tomamos el pulso a diario al sector privado, sabemos lo qué cobran los directivos. ¿Es adecuado que un consejero de Gobierno tenga un sueldo similar, e incluso inferior, al de un director de una sucursal bancaria de cierto tamaño? Con todo respeto hacia estos últimos, pero creo que las responsabilidades que asumen unos y otros no son comparables». Ascarza coincide en que esta diferencia con las retribuciones del sector privado se ha intentado compensar en el ámbito político a través de dietas con la asistencia a distintos consejos de empresas públicas y semipúblicas. Y reconoce que las cifras de las dietas pagadas por Caja Navarra (entre 1.700 y 2.600 euros brutos por asistencia a cada sesión) son «disparatadas» e «irreales» si se comparan con lo que pueden ser las dietas habituales en los consejos de empresas públicas, aunque reconoce que el sector financiero se está acostumbrando a unas remuneraciones de vértigo para sus altos cargos y cita los recientes casos en Caja del Mediterráneo y Caixanova. José Antonio Ascarza asume la tesis de que lo mejor sería que los políticos percibieran todas las retribuciones «en un único sueldo equivalente a un buen sueldo en una empresa privada y que fuera público y conocido por todos». ¿Cuánto? No se atreve a definirlo pero indica que muchos directores de una empresa de mediano o gran tamaño cobran por encima de los 120.000 euros y que algunos llegan incluso a los 300.000 euros.

 

«No a los sobresueldos»

 

El profesor de Derecho Administrativo de la UPNA, José Francisco Alenza, aboga también por la necesidad de la «transparencia» y por evitar «sobresueldos camuflados como dietas». Según Alenza la cuestión de la transparencia es una demanda ciudadana a la que los propios políticos también aspiran y coincide con José Antonio Ascarza en que las retribuciones deben ser «elevadas» y «muy dignas» pero recogidas en «una única retribución». Añade, por ello, que la participación de los políticos en las distintas sociedades públicas y comisiones «debería estar incluida en el sueldo. Y a partir de allí las dietas tendrían que ser reales, como las que cobra cualquier funcionario para compensar posibles desplazamientos, comidas u otros gastos». «Lo que a la gente le ha molestado, y con razón -afirma-, es que se estaba llamando dietas a cuantías que son demasiado impresionantes como para llamarles dietas. La Fundación CAN se crea cuando la Ley saca a los políticos de la entidad y se hace para que los políticos puedan seguir cobrando. Eso es lo que crea malestar y desconfianza», asegura. Finalmente, el experto de la UPNA, señala otras situaciones que están llamando la atención de los ciudadanos y que exigen transparencia y ética, como la simultaneidad en la dedicación exclusiva a una actividad y la percepción de dietas en el Parlamento, que pueden suponer un segundo sueldo, y el cobro de cesantías cuadro existen otros ingresos. «¿Es adecuado -por ejemplo- que los ex presidentes Aznar y González que reciben importantes ingresos del sector privado sigan cobrando del erario público?, reflexiona.

 

¿Pagar su productividad?

 

Belén Goñi, directora de la Institución Futuro (centro de investigación socio-económica) parte de la premisa de que en cualquier puesto de trabajo el sueldo debe ser acorde al trabajo que se realiza y a la responsabilidad que entraña. «Los políticos no deberían ser una excepción», asevera. «Está claro, continúa- que vivimos una situación de crisis que a todos nos obliga a apretarnos el cinturón. Los salarios medios han bajado en el sector privado y es lógico que lo hagan también en el público. Pero, insisto, lo justo es que cada uno cobre en función de su trabajo y la responsabilidad que asume». «Dicho esto -prosigue-, debemos ser conscientes de que los puestos de Gobierno llevan aparejadas algunas ventajas y muchos inconvenientes. Si a estos inconvenientes les sumáramos un salario muy inferior al de mercado, el número de buenos profesionales dispuestos a ocuparlos se vería muy limitado y eso no sería bueno para una región o país». Incorpora también una nueva reflexión para el debate y es que no sólo opina que los políticos deberían percibir «un solo sueldo y transparente», sino que éste debería estar constituido «por una parte fija y otra variable ligada a objetivos».

 

En este punto, José Antonio Ascarza (Human)también coincide, aunque no tiene muy clara su aplicación. «¿Cómo mides esa productividad? -se pregunta-. La retribución variable es la corriente que hay hoy en día y todos deberíamos tender a ello. En la empresa privada se hace y en la pública cuesta mucho porque no hay costumbre, aunque hoy se habla de aplicarla a los funcionarios. ¿Pero con qué lo vinculas en la política? Habría cosas… El PIB, etc». No obstante, reconoce que es peligroso ya que las cifras macroeconómicas se pueden vestir de otra manera y debería ser controlado por algún organismo. Por su parte, Belén Goñicuestiona que los políticos pertenezcan a los consejos de entidades públicas por cuestión de «redondear» un sueldo. «En principio, se supone que los consejos representan a los accionistas y deberían estar formados por gente con conocimientos y experiencia para «aconsejar» a la empresa en cuestión, para añadirle valor». «Por ello -indica-, debería ser consejero de una empresa solamente aquel que aporte esta experiencia y conocimientos y ni la experiencia y conocimientos los da el cargo».

 

Los ineptos y los eficaces

 

Por su parte, Julio Pomés, presidente de Think Tank Civismo, va más allá y se cuestiona si el político o el directivo de una empresa debería cobrar un salario de becario o de ejecutivo. «Depende», responde. Y añade que la empresa «valora el sueldo que se va a ofrecer a un nuevo directivo de acuerdo a criterios objetivos: titulación, experiencia profesional, resultados en su anterior puesto, méritos relevantes (como por ejemplo una oposición de abogado del Estado o una cátedra), informe del head-hunter (cazador de talentos), salario anterior percibido, etc. ¿Por qué no hacer lo mismo con los que nos van a gobernar?», se pregunta. Y es contundente al afirmar que es «un insulto a los ciudadanos que pueda llegar a ser ministro un charlatán sin experiencia profesional alguna. Patético que engancharse en el partido o el sindicato con veintidós años pueda conducir a un puesto con un salario que ninguna compañía privada abonaría». «Es fácil hacer demagogia con los salarios de los políticos -prosigue-. Hay algunos que nadie les contrataría ni como becarios y otros que en el mercado recibirían un salario mucho mayor. Si una persona es valiosa hay que pagarle al menos lo que recibiría en el sector privado, o de otro modo seremos gobernados por unos ineptos que pueden llevar a Navarra a la ruina».

 

En un «mal momento»

 

Finalmente, como representante de los trabajadores, y en este caso de quienes se desempeñan en la Administración foral, el presidente del sindicato AFAPNA, Juan Carlos Laboreo,comparte la necesidad de que se debe regular el tema de los sueldos «aunque se debería haber hecho mucho antes» y acusa a los políticos de no haber jugado «con claridad» «pues años atrás se subieron el sueldo con la idea de no tener que redondearlo en los consejos de empresas públicas y ahora nos hemos encontrado con sobresueldos de hasta 60.000 euros porque siguen presentes en dichos consejos». «Es -concluye- una verdadera tropelía que han cometido algunos políticos mientras se les llenaba la boca pidiendo a la sociedad que se apretara el cinturón y fueran austeros». Opina, además, que la revelación de los verdaderos ingresos de los políticos «ha llegado en muy mal momento» y entiende «el malestar que ha causado a muchos ciudadanos especialmente a tantos mileuristas y parados».