01
feb
ABC

María Crespo ha publicado un estudio en la Fundación Civismo que concluye que la actual configuración del impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD) no constituye un caso de «dumping fiscal» o competencia desleal, como sostiene la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que propugna una «armonización» en todas las comunidades. Para la profesora titular de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá de Henares, el ISD «refleja la autonomía financiera» de las regiones para asegurar la gestión de sus ingresos y, por ende, la cobertura de los servicios básicos que prestan.

—¿El plan de armonización fiscal que promueve el Gobierno del PSOE y
Unidas Podemos atenta contra la autonomía financiera de las regiones?
—Sí, claramente. La descentralización de la competencia legislativa se llevó a cabo porque las comunidades autónomas iban asumiendo cada vez más gastos en sanidad, educación y servicios sociales. Se trataba de hacerles «mayores de edad» para que gestionaran tanto los gastos como los ingresos y no dependieran tanto del «papá» Estado. Si ahora se desanda el camino de la transferencia de competencia normativa para los ingresos, también habrá que desandarlo en el traspaso de los gastos. Es decir, el Estado tendría que cargar con gastos que ahora asumen las comunidades.

—¿La armonización puede revertir la rebaja en el tributo sobre sucesiones que Andalucía aprobó en 2019?
—Eso puede suceder. Andalucía era una de las regiones que bajó el ISD en 2019 y podría verse afectada. Cuando se habla de armonización fiscal hay que echarse a temblar porque quiere decir que van a subir los impuestos. Nunca se armoniza a la baja, siempre es al alza. Esto no es nuevo. En el año
2014 una comisión de expertos ya planteó al anterior Gobierno que el Estado recuperara algunas competencias y se fijara un tipo de gravamen mínimo para todas, pero aquella idea no prosperó.

—Ahora se paga distinto dependiendo de dónde se viva. Los promotores defienden que la armonización persigue evitar el éxodo de contribuyentes a comunidades donde, por ejemplo, heredar sea más barato.
—No tiene ningún sentido que al dolor de haber muerto un familiar se añada tener que hacer una estrategia sobre dónde tributar. Si hay gobiernos autonómicos que establecen una rebaja fiscal, bienvenida sea. Significa que saben gestionar los recursos mejor. Esa rebaja está, además, amparada por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) de 2009, que les permitió no sólo recaudar los tributos cedidos por el Estado, como el ISD o el de patrimonio, sino que también les confirió la competencia normativa, que cada una aplicó de manera diferente.

—¿Se pueden bajar impuestos sin que se resientan los servicios básicos?
—Sí, claramente. La clave está en gestionar mejor. El político tiene que ser consciente de que está manejando un dinero que no es suyo y que lo ha conseguido metiéndole la mano en el bolsillo al ciudadano, por lo que debe ser extraordinariamente eficiente al gestionarlo. La transferencia de la competencia normativa hace que los gestores se retraten. El buen gestor tiene capacidad para bajar impuestos sin que haya deterioro en la prestación de los servicios, mientras que el que gestiona mal asfixia a sus ciudadanos con mayores presiones fiscales. Está demostrado que cuando se bajan impuestos, aumenta la recaudación porque baja la presión fiscal individual, pero crece el número de declarantes.

—La ministra Hacienda, María Jesús Montero, vincula el debate fiscal a la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica. Hay varias ideas sobre la mesa, como fijar unos topes en los tributos cedidos, o penalizar en los ingresos del Estado a las autonomías que decidan bajar los tributos traspasando unos límites.
—Si eso se hace, también habrá que meter en el debate el cupo vasco, que se negocia y se aprueba todos los años con el Estado. Es verdad que los territorios históricos gozan de unas prerrogativas que no tienen otras comunidades, pero el cupo vasco es otra cosa. Es la cuantía que paga anualmente el País Vasco al Estado después de haber cubierto el coste de sus servicios. Si se modifica la LOFCA, habrá que hablar del porcentaje anual del cupo. Creo que no es el momento político de abrir ese debate. Pero si lo que se quiere es recuperar parte de financiación por parte del Estado porque necesitan ese dinero, me parece de mal gusto hacerlo cuando se están muriendo personas todos los días a causa de la pandemia del Covid.

—ERC exigió a Hacienda crear una comisión de trabajo con el encargo de «acabar con el dumping fiscal en Madrid», a cambio del voto favorable de este grupo a los Presupuestos del Estado para 2021. ¿Qué le parece que la exigencia de un partido independentista repercuta en comunidades gobernadas por partidos que no lo son?
—El Gobierno no puede ser rehén de sus socios. Si hoy cede en esto, mañana lo hará en otra cosa. Ahora se abre el debate del ISD y mañana puede ser el del impuesto de sociedades de las empresas que han dejado Cataluña para irse a Valencia o Madrid, huyendo de los problemas separatistas. La gente se tiene que domiciliar donde le parezca y económicamente le sea rentable. Eso forma parte de la libertad del político para bajar impuestos y gestionar de forma eficiente y de la libertad de los ciudadanos para vivir en el territorio que elijan según sus propias decisiones. Debe quedar claro que no están haciendo nada ilegal ni inmoral. De lo contrario, lo que se pretende es coartar la libertad de la gente para establecerse en uno u otro sitio, siempre dentro de la legalidad.


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