Por primera vez desde 2008, España, con un déficit fiscal del 5,7% del PIB, ha cumplido el objetivo negociado originalmente con Bruselas (5,8%), pero ha estado por encima del que, en un rapto de optimismo, se marcó ella misma (5,5%). En octubre, Mariano Rajoy prometió en unas jornadas del Financial Times que su Gobierno cumpliría el 5,5% y lo mismo dijeron en enero los ministros de Hacienda y Economía.
El Gobierno ha atribuido esta desviación al gasto «extraordinario» de 1.699 millones que supuso la devolución del céntimo sanitario, declarado ilegal por la Justicia europea.
Más allá de las excusas, esta es la primera vez que España alinea sus cuentas con lo marcado por la UE sin recurrir a excluir partidas, como las ayudas a la banca. El procedimiento por déficit excesivo contra nuestro país se inició en el primer semestre de 2009, cuando se comprobó que el déficit de 2008 se había ido por encima del 3% (4,4% finalmente).
Quizá lo más importante del déficit de 2014 es que ha aumentado espectacularmente el grado de incumplimiento por parte de las comunidades autónomas. La incapacidad del Gobierno de hacer cumplir el déficit al resto del Estado fue uno de los asuntos clave en la pérdida de credibilidad del país a partir de 2010 y cuya expresión más aguda se produjo en 2012 con la prima de riesgo tocando los 639 puntos. Para resolver este asunto, España aprobó una reforma constitucional de la que surgió la Ley de Estabilidad Presupuestaria (LEP).
En 2012, el déficit fue incumplido por seis comunidades (Cataluña, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Baleares). La desviación global respecto de la meta fue de 0,23 décimas. En 2013, con objetivos de déficit a la carta, también incumplieron seis regiones (Aragón, Cataluña, Andalucía, Navarra, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha) y el margen de error fue de 0,21. Y este año han incumplido 14, entre ellas, por primera vez, Madrid. Sólo tres (Canarias, País Vasco y Navarra) han acertado con el objetivo. El margen de error ha sido más del doble que en años anteriores: 0,66.
¿Qué ha ocurrido para que el incumplimiento aumente? La Comunidad de Madrid atribuye a gastos extraordinarios no estructurales y a una menor financiación su desviación. También es verdad que el crecimiento económico no se ha reflejado en los ingresos fiscales de las comunidades, ya que éstos les llegan con dos años de decalaje, según se pactó en el sistema de financiación. Y en tercer lugar, hay muy pocos incentivos para cumplir. El rigor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria es letra muerta con Cristóbal Montoro y las comunidades ya le han tomado la medida. En 2015 -año electoral-, el Gobierno debe ahorrar 16.000 millones adicionales y no pocos deberán proceder de las comunidades autónomas.
