Hace apenas dos semanas, y en plena emergencia sanitaria, se volvió a escuchar en las tribunas del Congreso una intervención a favor de los recortes en Defensa. “Menos Guardia Civil y Ejército patrullando para dar tranquilidad y más recursos para un personal sanitario que hoy ya clama por tener más medios para poder ejercer dignamente su profesión, que es salvarnos a todos”. Con estas palabras, el diputado de Esquerra Republicana Gabriel Rufián desenterraba el argumento, bastante manido ya, de que la inversión en seguridad y defensa es, en gran medida, superflua y resta recursos de aéreas prioritarias, en este caso la sanidad.

En primer lugar, si bien nadie cuestiona la urgente necesidad de dotar de medios de protección al personal sanitario, esto no puede reducirse a un problema de financiación. La falta de previsión y la gestión inicial de la crisis han contribuido significativamente a la situación actual con la consabida dificultad para adquirir y distribuir el material necesario a contrarreloj.

En segundo lugar, si algo han demostrado las fuerzas armadas y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es que constituyen una parte esencial de la solución y uno de los instrumentos más eficaces para la gestión de crisis. Son precisamente las labores logísticas y de coordinación de las fuerzas armadas las que han hecho posible la llegada y la distribución de material sanitario desde el exterior. Además, la unidad militar de emergencias lidera hoy la labor de desinfección contribuyendo a reducir los contagios. A los cometidos asistenciales que realizan policía y guardia civil se suman los de los más de 2.500 militares desplegados como parte de la Operación Balmis, así como los casi 3.000 efectivos de la sanidad militar en los hospitales de la defensa y los hospitales de campaña y en el centro militar de farmacia de defensa.

Aunque a día de hoy no tenemos certezas sobre los escenarios que sucederán a esta crisis, lo que está claro es que el alcance de su potencial disruptivo no se limitará al ámbito sanitario. Ya en su día, los documentos prospectivos de las fuerzas armadas advirtieron de la peligrosidad de una pandemia como esta, capaz de causar una importante pérdida de vidas, perturbar seriamente la actividad económica y disminuir la capacidad del Estado para hacer frente a riesgos y amenazas simultáneas.

Si bien es cierto que en caso de una más que probable recesión económica, los recortes en Defensa pueden parecer tentadores, los efectos serían ruinosos. En una realidad tan compleja y volátil como la actual, las capacidades de las fuerzas armadas en áreas como la protección de infraestructuras esenciales, la logística y la ciberseguridad, resultan indispensables para la seguridad nacional. Como hemos podido observar en el ámbito de la sanidad, las capacidades no se desarrollan cuando se requieren, sino que es necesaria una cultura de preparación e inversión continuada para poder responder a una crisis con suficiente agilidad.

Sin embargo, los recortes de los últimos años han afectado a la operatividad de las fuerzas armadas, reduciendo considerablemente las partidas de modernización, tan necesarias ante la emergencia de nuevas tecnologías y la proliferación de riesgos y amenazas. La base industrial y tecnológica de la Defensa, que es un foco de innovación y desarrollo, además de un empleador importante, ha sufrido también el impacto de los recortes y la crisis actual, particularmente en el sector aeronáutico, uno de los más relevantes.

Aunque es difícil predecir cuándo y cómo, sería ingenuo pensar que a esta crisis no le sucederán otras de similar o incluso mayor magnitud. La relativa seguridad de la que hemos disfrutado en las últimas décadas no debe darse por sentada, más bien al contrario. Basta con observar a nuestro alrededor para darse cuenta de que la seguridad y la estabilidad son más bien la excepción. Si algo ha demostrado esta crisis es que España no existe en un vacío estratégico, sino que se ve afectada por las dinámicas regionales y globales. Debido a su situación geográfica, próxima a un área de gran inseguridad, y a su configuración económica y social, España presenta una serie de vulnerabilidades que la hacen especialmente sensible a la inestabilidad.

Las propuestas de reducir más aun la inversión en Defensa denotan una ausencia absoluta de visión estratégica y una mentalidad cortoplacista. De vernos de nuevo en un escenario de crisis, cabría preguntar al señor Rufián, y a los que piensan como él, quién va a garantizar el acceso de España a los bienes globales comunes, quién va a proteger nuestros sistemas de telecomunicación o quién va a combatir la inestabilidad en el exterior, por mencionar algunos ejemplos de la inestimable labor de las fuerzas armadas.

En definitiva, en los tiempos que corren, si los españoles hemos de privarnos de servidores públicos para hacer frente a gastos esenciales, podemos empezar por aquellos que no desempeñan una labor de utilidad, y que, a pesar de ello, disfrutan de sueldos y prebendas sin parangón, en lugar de renunciar a capacidades críticas y destruir nuestro tejido empresarial, en un área vital como la Defensa.