Internet se ha convertido en el gran foro de nuestro tiempo, en el que la información fluye con una libertad y una magnitud desconocidas en la historia. Así, se ha democratizado hasta tal punto, que el ciudadano de a pie puede acceder a ella con relativa facilidad y rapidez. Este aluvión de datos entraña, como todo, riesgos a los que no hay que permanecer ajeno, como la proliferación de las fake news, que hacen que las fronteras entre la verdad y la mentira resulten más difusas que nunca. La posibilidad de Gobiernos y empresas de manipular al público cautivo mediante el bombardeo eficaz de mensajes distorsionados y populistas no es ciencia ficción, sino una realidad en la esfera económica y política.
No obstante, también se han multiplicado las fuentes donde contrastar las versiones contradictorias que nos llegan. Ahora no importa tanto la cantidad de información como dotarse de criterio para interpretarla. En esta línea se encuentra uno de los compromisos esenciales que se deben exigir a las crecientes redes digitales: una mayor transparencia, para que la corrupción colectiva resulte más difícil. La opacidad favorece que quienes se erigen en «administradores de la verdad» engañen masivamente a través de una mercadotecnia sentimental, muy difícil eludir.
El ciudadano, investido del acceso a la red de redes y más consciente de sus derechos, se atreve a pedir rendición de cuentas, con todo lo que lleva aparejado en términos de aumento de la libertad. A fin de cuentas, cuanta mejor es la información, más libre se es. No obstante, aun tratándose internet de una red global, su nivel de apertura y el consiguiente grado de transparencia cambian en no poca medida de unos países a otros.
Por supuesto, los occidentales en general, con Europa a la cabeza, ocupan en ambas variables unos puestos envidiables, pero con diferencias. Así, tanto en el índice de Percepción de la Corrupción de 2019, elaborado por Transparencia Internacional, como en la última edición del Inclusive Internet Index que realiza Econornist Intelligence Unit, países nórdicos como Dinamarca o Suecia se sitúan en las primeras posiciones, mientras que, en el extremo contrario, Bulgaria, Hungría, Croacia o Grecia salen mal parados.
No obstante, hay ejemplos que demuestran que un mayor acceso a la red de redes no siempre reduce la corrupción. Se trata del caso de Rumania, mucho más digitalizada que transparente; de Polonia, o incluso, aunque a bastante 83,1 77,3 distancia, de España, que obtiene 83,1 puntos en el primer índice y solo 62 en el segundo. En cambio, nuestros vecinos portugueses presentan la misma percepción de corrupción contando con una menor implantación de las redes (79,1).
Esto permite deducir que, aunque internet puede ayudar, no se trata del único factor que determina la transparencia. Antes bien, hace falta una voluntad clara por parte de los políticos y las Administraciones para labrar una relación de confianza con el ciudadano, tratándole de igual a igual y con respeto, en virtud de la cual le expliquen en cada momento qué es lo que piensan hacer, por qué y cuánto va a costar. Qué menos en convulsos tiempos de coronavirus.
