Contra la nueva fiscalidad sanchista
14 de noviembre de 2019

En campaña electoral, los debates económicos, y en particular sobre fiscalidad, son frecuentes entre los principales líderes políticos. Los diferentes partidos hacen propuestas acerca de qué tributos reducir, cuales aumentar, e incluso qué nuevos impuestos se podrían crear. Este es el caso del PSOE, que en su programa de las anteriores y las actuales elecciones no solo propone aumentar una variada gama de tributos (IRPF, Sociedades, impuesto al diésel…), sino que también pretende introducir nuevos impuestos de manera unilateral y de espaldas a Europa, como es el caso de la ‘Tasa Tobin’ y la ‘Tasa Google’. 

Los liberales nos oponemos frontalmente a cualquier abuso del Estado sobre los individuos, y una fiscalidad abusiva como la que propone el PSOE constituye un ejemplo de ello. A raíz de ello, desde Acción Liberal y Civismo, servidor y Javier Santacruz hemos elaborado un informe titulado “El Coste de Los Nuevos Impuestos”, donde exponemos nuestra investigación acerca de los efectos e incidencia sobre la economía española de tres medidas de carácter fiscal, que el PSOE lleva en su programa económico, habiendo recibido asimismo el respaldo de Unidas Podemos. Las medidas analizadas son: la introducción del tipo mínimo del Impuesto de Sociedades; el Impuesto a las Transacciones Financieras (Tasa Tobin); y el Impuesto sobre determinados servicios digitales (Tasa Google). 

Los intervencionistas económicos, principalmente situados a la izquierda del arco parlamentario, piensan que los ciudadanos son meros entes productivos de los cuales se pueden extraer rentas sin cesar para financiar el sempiterno gasto político y burocrático excesivo, que supone un verdadero lastre para España. Para financiar todo este gasto suntuario y discrecional, el PSOE ha argumentado falsamente que trabajadores y empresas pagan pocos impuestos en España, y por ello han de subirles los impuestos. Pues bien, no solo es que dichos nuevos tributos o modificaciones fiscales vayan a ser negativos para las economías familiares o para las empresas, sino que tendrán un efecto nocivo sobre la economía española en su conjunto. 

En primer lugar, la izquierda continúa con su política de pan y circo respecto al Impuesto de Sociedades, al argumentar que España se encuentra debajo de la media en términos de presión fiscal. Pero esto no es del todo cierto. La presión fiscal se calcula dividiendo los ingresos fiscales totales por el PIB, lo cual excluye cualquier tipo de economía sumergida. Si se tuviera en cuenta dicho sector, o al menos una mínima aproximación, se obtiene que la presión fiscal normativa española es un 8,1% superior a la media de la UE, según datos de la CEOE y el IEE.

Asimismo, atendiendo a la factura total de impuestos pagados por las empresas, las pequeñas empresas pagan un 49,67% de su beneficio bruto, pagando las medianas un 51,01% y las grandes un 61,57%, según datos de la propia UE. No contentos con este sablazo fiscal, el PSOE propone implementar un tipo mínimo efectivo del 15% en el Impuesto de Sociedades para grandes corporaciones, siendo este del 18% en el caso de tratarse de empresas situadas en el sector bancario o de hidrocarburos.

Los tres grandes tributos que se aplican sobre las empresas son: el Impuesto de Sociedades, las Cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa, y los impuestos de carácter regional y local. Por ello, dicha medida, tal y como señalamos en el informe de Civismo y Acción Liberal, desincentivaría la reinversión en capital de las empresas españolas (más de un 98% pymes y micropymes), así como la innovación y desarrollo de producto, a la vez que incentivaría la fuga de capitales de España hacia sistemas fiscales más propicios al crecimiento y desarrollo empresarial. 

Tasa Tobin’

En segundo lugar, otra de las medidas estrella del PSOE, analizada en nuestro informe, es el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), conocido popularmente como ‘Tasa Tobin’. Este impuesto ya fue declarado ilegal en la UE por el servicio jurídico del Consejo Europeo, tras haberlo rechazado previamente 16 países. Tal y como señalaba el PSOE en su proyecto de PGE 2019 (elaborado junto a Unidas Podemos), dicho tributo supondría una tasa del 0,2% sobre operaciones financieras de compraventa de activos de renta variable de empresas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros.

Dicho impuesto no es nuevo en Europa, y debido a ello, para contrastar y analizar los efectos sobre la economía del tributo, en el informe de investigación se analizan los casos históricos de Suecia y Francia, aplicando dichos modelos a España, y exponiendo como la Tasa Tobin mermaría la liquidez de los mercados, e incluso incrementaría la volatilidad de los índices. Sería un nuevo fracaso estrepitoso del PSOE en política económica. 

Finalmente, se analiza el efecto que tendría el Impuesto sobre determinados servicios digitales, la famosa ‘Tasa Google’, sobre la economía española. El impuesto se aplicaría sobre todas aquellas empresas proveedoras de servicios digitales como Google, Yahoo! o Facebook, cuya cifra de negocio supere los 750 millones de euros en el año natural anterior, y que operen en España, así como sobre aquellas cuyos ingresos derivados de las prestaciones de dichos servicios en España se sitúen por encima de los 3 millones de euros en el año natural previo.

El gravamen aplicado sería de un 3%, y tal y como se puede comprobar en el estudio que hemos llevado a cabo, dicho tributo acabaría repercutiendo sobre el consumidor final, reduciendo el beneficio operativo de las empresas usuarias de servicios digitales en España. La Tasa Google supondría un lastre definitivo a la innovación tecnológica, y únicamente serviría para echar más gasolina al fuego de la desaceleración económica.

Por todo lo anteriormente mencionado, desde Acción Liberal y Civismo, a través del informe de investigación elaborado por Javier Santacruz y Álvaro Martín, nos oponemos a los nuevos tributos que la izquierda política y mediática de este país pretenden implementar, ya que serían nocivos para la eficiencia económica y supondrían un ataque frontal contra el libre mercado en España. 

Puede leer aquí el informe completo.

Publicaciones relacionadas