Desde hace ya bastante tiempo se debate en España sobre la conveniencia o no de que las Comunidades Autónomas armonicen sus políticas fiscales, de modo que los contribuyentes sean tratados exactamente de la misma manera sea cual sea su lugar de residencia. Varias regiones -Cataluña en algún momento, Andalucía o Extremadura en numerosas ocasiones, etc- han mostrado su oposición a la reducción de impuestos que se ha aplicado en otras Comunidades -Madrid es el ejemplo más repetido, aunque no el único- y han pedido que el Estado centralice las decisiones en el campo de la política fiscal y evite que las regiones puedan aplicar tipos impositivos diferentes en tributos, como el IRPF, el impuesto de sucesiones o el impuesto sobre el patrimonio; y de esta forma se impida que exista competencia fiscal entre ellas.
Para quienes están en contra de este tipo de competencia, el efecto negativo de esta práctica es doble. En primer lugar, se considera injusto que dentro del mismo país la gente pueda ser tratada por la hacienda pública de manera diferente en función del lugar en el que vive. Pero también se critica la tendencia a la nivelación a la baja en los ingresos públicos que la competencia fiscal generaría. Así se afirma, por ejemplo, que la no armonización de tipos impositivos reduce la capacidad de las administraciones públicas para obtener ingresos que son necesarios para garantizar la oferta de aquellos bienes cuya provisión la sociedad encomienda al Estado, entre ellos algunos servicios básicos.
Contradicciones
Nada más razonable, en principio. Pero un análisis más detallado muestra que esta forma de entender la política económica plantea serios problemas, que no se perciben con claridad a primera vista. En primer lugar, existe una clara contradicción entre la oposición a la competencia fiscal y la defensa de la autonomía de las regiones españolas, de la que hablan nuestros políticos cada día. Se dice, en efecto, que nuestras Comunidades Autónomas quieren tener mayor capacidad de autogobierno; pero parece que éste debería desaparecer a la hora de establecer los impuestos. Y, ante el temor a que alguna pueda bajar la presión fiscal de Madrid, el ejemplo más repetido de Comunidades que han reducido impuestos. La competencia fiscal no genera una provisión excesivamente baja de servicios públicos La armonización fiscal beneficia al político cuyo objetivo es maximizar el número de votos sus residentes y sus empresas, se prefiere que una autoridad superior -el Estado- fije los tipos o, al menos, establezca unos límites mínimos.
Por otra parte, la idea de que la competencia fiscal tiene como efecto una provisión excesivamente baja de servicios públicos es errónea, ya que deriva de un postulado equivocado: el que afirma que, si no existiera competencia fiscal, las regiones alcanzarían un nivel óptimo de gasto público y de presión fiscal. Y es evidente que, si esto fuera cierto, la competencia fiscal -al hacer caer el gasto público- reduciría el bienestar social. Pero tal conclusión se basa en la idea de que un gobierno, a la hora de determinar la cuantía del gasto público, se sitúa siempre en el nivel que más conviene a la sociedad; lo cual resulta muy discutible. Primero, porque es dudoso que los gobiernos sean capaces de identificar tal nivel; y, segundo, porque los políticos buscan sus propios objetivos cuando determinan cuánto se gasta y cómo se financia dicho gasto.
Es fácil encontrar razones por las cuales un gobierno tiende a elevar el nivel de gasto público. Es un resultado bien conocido de la teoría de la elección pública que la actual estructura de los sistemas democráticos tiende a elevar el gasto público no hasta el nivel del óptimo social sino hasta el punto que más favorece a los intereses de los políticos en el poder. Y, si esto es así -y hay muchos datos en favor de tal argumento-, la reducción de los impuestos que la competencia fiscal pudiera originar tendría como efecto saludable disciplinar a los gobiernos autonómicos en sus políticas de gasto e incrementar, por tanto, el bienestar social. La competencia fiscal, en resumen, puede resultar perjudicial para un político cuyo principal objetivo es maximizar el número de votos para mantenerse en el poder; pero es muy conveniente para los contribuyentes que encuentran en ella un instrumento que frena las estrategias particulares de muchos políticos.
No es sorprendente, por tanto, que, desde algunos gobiernos autonómicos, se defienda una cartelización de la política fiscal regional, en la que todos los miembros del cartel -las Comunidades Autónomas- se comprometan a no bajar los impuestos a sus contribuyentes. Pero es a los gobiernos, y no a los españoles, a quienes les interesa tal estrategia.
