El primer Consejo de Ministros del Gobierno de coalición, presidido por el Rey, tuvo dos notas características. La primera parece una anécdota, pero, en realidad, significa mucho más. Me refiero al hecho de que los socialistas y comunistas (más antimonárquicos que republicanos, que no es exactamente lo mismo) se hayan sentado alrededor y tratado con el respeto debido al jefe del Estado. Una actitud en línea con el entregado aplauso con que esta coalición nos regaló a los españoles hace unas semanas. Sorprendente, pero correcto. O sorprendente por correcto. Sea como fuere, no deja de chocar, especialmente a la vista de las deplorables declaraciones relativas a la monarquía que muchos de los que ahora ostentan carteras ministeriales han vertido en el pasado.
El segundo punto remarcable se trata de una desafortunada decisión, con una cierta dosis de ironía: la aprobación de los anteproyectos de ley para la creación de los nuevos impuestos a determinados servicios digitales (la famosa ‘tasa Google’) y a las transacciones financieras (‘tasa Tobin’).
Lo desafortunado de la decisión es doble. Por un lado, por su negativo efecto en la economía española, como señalan diferentes trabajos que calculan su impacto económico, caso del informe sobre el Impacto económico del impuesto digital en España (2018), el estudio internacional El caso contra los impuestos a la tecnología (2019) o el reciente informe El coste de los nuevos impuestos (2019), todos ellos elaborados por la Fundación Civismo. Por otra parte, no solo supone un lastre para la prosperidad, sino también una traba para la libertad económica.
Por último, aclaremos que la aprobación de estos anteproyectos de ley resulta irónica porque refleja la incoherencia (incluso hipocresía) del socialismo (hoy con tintes comunistas). Y es que, ellos son los mayores defensores de la regulación armonizada, de la homogeneización… pero con ciertas condiciones. A saber, que sea nociva para el desarrollo económico y la libertad. No en vano, el Ejecutivo de Sánchez se ha mostrado furibundo ante la competencia fiscal liderada por Díaz Ayuso, y ha llamado continuamente a la armonización fiscal, pero, por el contrario, parece no tener problema en desmarcarse de sus socios europeos y regular y gravar unilateralmente. Así lo ha hecho con la tasa Tobin, que luce en su hoja de servicios sonoros fracasos en Suecia y Francia, y con la tasa Google.
La gravedad que encierra esta cuestión motivó hace unos días las jornadas sobre Regulación Inteligente, que reunieron a organizaciones liberales de la sociedad civil como la Fundación Civismo, el Instituto Juan de Mariana, la Fundación para el Avance de la Libertad o el Institut Ostrom Catalunya. Un marco de debate especialmente pertinente, ahora que parece que el legislador, tanto el español como el europeo, ha adoptado un modus operandi caracterizado por regular primero y analizar después (si acaso). Europa ha de reflexionar, y España todavía más, pues si la de Macron es la Tercera Vía en lo que se refiere a la regulación de la economía digital, la de Sánchez se ha convertido en la cuarta: la de los adictos a que el Estado ponga trabas al mercado, la de los enemigos de la libertad y la prosperidad. Poco sorprendente por otra parte, pues, a fin de cuentas, el socialismo es esclavitud. El socialismo es miseria.
