12
jul
Expansión

Pocas dudas se plantean con respecto a la importancia que la educación tiene tanto para la persona que la recibe como para el país en el que ella vive. En una sociedad moderna, en la que el papel de la tecnología es cada vez más relevante, la formación de capital humano es fundamental para el desarrollo individual de cada persona. Pero también es necesaria para el conjunto de la sociedad, ya que constituye un elemento básico del progreso de un país.

Por ello, en economía, la educación es considerada como un bien “preferente”, en el que la financiación pública tiene sentido, no sólo por su alta rentabilidad social, sino también porque el gasto en educación seria inferior al óptimo si no se tomaran en cuenta sus efectos sobre el conjunto del país. Cuestión diferente es la provisión de los servicios educativos. En la mayor parte de los países conviven centros públicos y privados. Los primeros suelen ser financiados en su totalidad por el Estado; mientras los últimos pueden tener sólo financiación privada o compaginar ésta con ayudas del sector público. En España se debate con frecuencia si tiene sentido que el Estado colabore en la financiación de centros privados. ¿No sería más lógico -se afinna- que el sector público reservara la totalidad de sus recursos en este sector para sus propios centros y que quien prefiera educación privada la pague con su propio dinero? Y esta idea puede resultar atractiva para mucha gente. A simple vista parece, en efecto, que si los centros privados se financiaran por sí mismos, quedaría más dinero para crear más colegios e institutos públicos, la calidad de éstos aumentaría y el sistema educativo funcionaría mejor.

Sin embargo, si se intenta ir un poco más allá de esta primera impresión simplista, se observa que el debate mismo está mal planteado. En realidad, el Estado -o, mejor dicho, los contribuyentes, de los que aquel debería ser un mero administrador— no debería financiar ni a las escuelas públicas ni a las privadas. A quienes habría que subvencionar directamente es a los alumnos en cuyo beneficio se crean y, organizan los sistemas educativos. Una cosa es que, al tratarse de un bien preferente, los contribuyentes dediquen una parte de su renta a la educación del conjunto de la población; y otra muy diferente que sólo las escuelas públicas sean las destinatarias de dichos fondos. La justificación económica del gasto público en educación tiene el mismo sentido para los centros públicos que para los privados.

La existencia de escuelas privadas favorece no sólo a sus usuarios directos, sino también al conjunto del país. Parece evidente que el objetivo de la política pública debería ser conseguir optimizar los recursos disponibles y garantizar una enseñanza de calidad. Y, como en la mayoría de los sectores, también en éste la competencia permite ofrecer mejores servicios a menores precios que los que existirían en un sistema basado en el monopolio estatal. Lo que nos indican los datos es que, en España, mucha gente prefiere, para sus hijos, los centros concertados a los centros públicos; y, más importante aún, que los costes por plaza escolar son, para el contribuyente, menores en los concertados que en los públicos.

Hay diversas formas de compaginar la extensión de la educación y una mayor calidad de ésta mediante la competencia entre colegios y escuelas. El sistema español de centros concertados es sólo una de ellas. Más interesante es, sin embargo, el modelo de bono escolar, en el que la subvención no va directamente a los colegios sino a los alumnos. Cada uno de ellos recibe un bono que pueden presentar en cualquier escuela -pública o privada- integrada en el sistema. El modelo presenta diversas ventajas, va que, además, de garantizar el derecho de los padres de los alumnos a elegir el centro que consideren más adecuado para sus hijos, introduce un sistema de competencia muy interesante en el que están incluidas también las escuelas públicas. En el modelo actual éstas reciben los fondos del Estado independientemente de que su nivel sea mejor o peor o del nivel de satisfacción de los padres y alumnos. En el sistema del bono, en cambio, una escuela de mala calidad podría encontrarse sin estudiantes y se vería forzada a corregir sus defectos; lo que redundaría, sin duda, en una mejor calidad de la educación. Es cierto que el modelo no suele gustar a los sindicatos de profesores del sistema educativo público. Pero no es difícil entender por qué.


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