16
feb
Periodicos del Grupo Vocento

Uno de los mitos más extendidos es que las comunidades autónomas y la Administración central atraviesan una asfixiante etapa de austeridad que comenzó, hace cinco años, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El expresidente se vio entonces obligado a ejecutar un programa de recortes y a poner coto al gasto autonómico para
calmar la desconfianza de los mercados. Sin embargo, la realidad es muy distinta si nos atenemos a los datos.

Las comunidades autónomas gastarán, este año, 20.100 millones de euros más que en el periodo anterior a la crisis. En concreto, hasta un 13,7% adicional en comparación con 2006, un incremento que además se ha visto ampliado por el año electoral. Esta cantidad es tan enorme que si las regiones volvieran a los presupuestos de aquel entonces, podrían eliminar casi dos veces el déficit proyectado para 2014. Sorprendentemente, en 2006 nadie se quejaba de sufrir «terribles» recortes.
Aquí, nos encontramos con tres tipos de comunidades autónomas: las que han aumentado sus gastos de una manera desmesuradas, las que los han contenido relativamente y las que los han reducido. En primer lugar, Baleares, Comunidad Valenciana y País Vasco lideran el aumento del gasto público, seguidas de Murcia, Madrid, Cataluña, Cantabria y La Rioja, con incrementos que alcanzan el 48,4%. Es cierto que algunas de estas regiones se han visto beneficiadas por el crecimiento de su economía y de una recaudación más elevada que la media. Es el caso de Baleares, Madrid o La Rioja. ¡Qué pena que no hayan aprovechado esa bonanza moderada para disminuir los intereses totales de la deuda!

Además, tanto La Rioja como Madrid han recibido una cantidad ínfima de fondos del Estado (FLA y Pago a Proveedores) a bajo o nulo interés, lo que ha aumentado más sus costes financieros.
En segundo lugar se encuentran las regiones que han tratado de contener sus gastos: Navarra, Canarias, Asturias, Extremadura y Aragón. Estas cinco regiones han aumentado sus presupuestos en una horquilla entre el 0,2% y el 13,5%.

En general, se trata de cantidades relativamente pequeñas que han evitado que estas comunidades lleguen a ser insostenibles o completamente dependientes del Estado. Sin embargo, ha sido a costa de aumentar sus gastos financieros, como sucede en el caso de la Comunidad Foral.
Finalmente, aparecen Castilla- La Mancha, Galicia, Castilla y León y Andalucía, con una rebaja de hasta el 7% de sus gastos. El caso andaluz es muy revelador sobre las preferencias de los votantes, si se tiene en cuenta que la presidenta Susana Díaz goza de una reconocida popularidad.

El mito de que el electorado acusa fuertemente los descensos de gasto social y los castiga en las urnas se desvanece. La realidad es la contraria: buena parte de los efectos positivos del gasto se concentra en grupos de presión muy organizados e influyentes, mientras que sus beneficios apenas llegan al ciudadano de a pie. Aun así, Andalucía tampoco es ejemplo en todo. Aunque ha aplicado un cierto rigor presupuestario, apenas ha desarrollado reformas que podrían aliviar los desastrosos efectos del desempleo.


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