Con la vista puesta en los próximos comicios, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha sacado toda la artillería pesada, a fin de ensanchar su fuerza parlamentaria el 10 de noviembre. Una artillería que parte de la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, pasando por las pensiones y su revalorización, a priori, ilegal; para finalizar, como cabía esperar, con una tendenciosa subida del SMI, de cara a ganar un mayor electorado, al margen del voto cautivo con el que ya cuenta.
Una artillería a la que preceden una serie de estrategias, tan disparatadas como infructuosas, con las que Sánchez pretendía hacerse con la Presidencia del Gobierno, pero que, sin embargo, no llegaron a funcionarle. Estamos hablando de maniobras tan ruines como maquiavélicas, diseñadas para formar un gobierno a toda costa, con la forzada abstención de la oposición del centro-derecha. Unas tácticas que, por su mismo carácter, generan, como poco, una gran animadversión hacia las intenciones del candidato.
Partiendo de la base de que el modelo de financiación autonómica resulta de lo más perverso para las propias autonomías, dada la supeditación al Gobierno central, el presidente, entonces en funciones, trató de usarlo para lograr esa ansiada investidura. Una estrategia que, pese a tratarse de una auténtica infamia política, estaba perfectamente concebida para forzar la no realización de unas nuevas elecciones, y con ello, la posibilidad de dejarse escaños en el camino.
Por medio de la financiación de las autonomías, cuando no se han generado los Presupuestos y no contamos con el cierre del ejercicio fiscal para corroborar los ingresos devengados de los impuestos especiales, así como los de IRPF e IVA, el Gobierno central, haciendo una estimación de la recaudación por parte de las CC.AA., da a estas una parte del capital, a la que llamamos “entregas a cuenta”. Esto deriva de la falta de competencia de las regiones para realizar, de forma directa, la recaudación en el propio territorio.
Al gozar de esa cesión parcial, y de cara a disponer de una mayor eficiencia en materia de derechos de cobro, se articuló este sistema, el de las entregas a cuenta, más inmediato y que evitaba la demora ocasionada por el cálculo que ha de elaborar el Gobierno. Este modelo ha funcionado hasta ahora, pero podría implementarse de tal forma que capacitara al Ejecutivo para asfixiar a las propias autonomías si de ello dependiera la formación de Gobierno.
Estas entregas se han hecho siempre, pese a las críticas a un modelo en el que el reparto es asignado por el Gobierno —y en el que no se tiene en cuenta lo que genera en ingreso fiscal cada comunidad, sino que se realiza según unos parámetros ya predefinidos por la propia Administración central. Así, estas entregas, cuando se cierra el ejercicio fiscal, de cara a la asignación, se acaban liquidando por diferencias. Es decir, si las entregas superan el ingreso procedente de la región, esta incurre en un déficit que, posteriormente, debe abonar a la Administración. Si, por el contrario, el ingreso fiscal es mayor, logrando un superávit, la Administración central ha de pagar dicho diferencial.
Sánchez, tratando de utilizar el sistema con fines electoralistas, en los que prima el interés de la Administración, bloqueó estas entregas a cuenta, justificando su política en una declaración de la Abogacía del Estado que afirmaba que estas comprometen las finanzas de un futuro Gobierno, al no contar con ese capital de cara a la elaboración de los Presupuestos. Un capital que, recordemos, pertenece a las autonomías y sus ciudadanos, y sin el cual peligra la capacidad de pago para mantener el gasto corriente en los servicios públicos.
Con esta estrategia de bloqueo presupuestario, pretendía conseguir una mayor presión de las CC.AA. a los líderes de la oposición, de modo que exigieran su abstención en la investidura
Este discurso, durante el proceso de negociaciones, ha encarnado las justificaciones de Sánchez para pedir a la oposición que “la gobernabilidad echase a andar”. Una estrategia en la que se planteaba, mediante el bloqueo presupuestario y la incapacidad de pago de las autonomías, conseguir una mayor presión de estas hacia los líderes de la oposición, exigiendo su abstención a fin de posibilitar la llegada de ese dinero, más que necesario para continuar sufragando el Estado de bienestar.
Una estrategia que, lamentablemente para Sánchez, no surtió resultado y acabó desenmascarando las maquiavélicas intenciones de un presidente en funciones que, bajo la coartada del interés general, confiaba en poder anteponer su interés individual: el de presidir el país los próximos cuatro años. Sin embargo, la táctica escogida implicaba incongruencias que el presidente no concebía; hablamos de que, mientras utilizaba la excusa de comprometer el futuro financiero del nuevo Gobierno, seguía aplicando sus políticas de los “viernes sociales”, esas que sí ponen en riesgo la viabilidad del próximo Ejecutivo.
Así, esta estrategia se desmantelaba con cada declaración del Partido Socialista sobre las entregas a cuenta. De hecho, finalmente, deberá efectuarlas —como corresponde legalmente— para mantener esa capacidad de pago que se estaba viendo mermada. Un chantaje en toda regla, como comentaba Juan Ramón Rallo en un vídeo explicativo, en el que aludía a las irregularidades en la gestión de los tributos parcialmente cedidos.
En resumen, una muestra más del objetivo de un individuo que persigue el liderazgo político a cualquier coste, valiéndose de estrategias como esta, que muestran las vulnerabilidades de un sistema intervencionista que puede aprovecharse para lograr los propios intereses partidistas. Ante lo ocurrido, no debemos extrañarnos cuando veamos a Pedro Sánchez tratando de sortear límites legales para revalorizar las pensiones antes del 10 de noviembre, o subir los salarios a los funcionarios. Nos hallamos ante alguien que persigue el sillón a toda costa, y los medios para lograrlo, en su mente, están más que justificados.
