Asfixiar fiscalmente a quienes dan rentabilidad a los pequeños ahorros y prosperidad a las pymes es un error. Resulta difícil entender el populismo electoralista que encierra ahogar con impuestos a toda actividad a la que pueda aplicársele el sambenito de especuladora. Cuando quienes gestionan inversiones pierden dinero, nadie les resarce. Sin embargo, cuando hay beneficios se les exige unos tributos tan altos, que desincentivan la dedicación a esta benemérita labor, en la que el riesgo de pérdidas está siempre presente. Gravar en exceso a quienes generan más valor es un error, porque la respuesta a la agresión fiscal suele ser marcharse a otro país.
El capital privado es, sin duda, un sector muy castigado por Hacienda. Estos intermediarios financieros invierten en compañías no cotizadas, sin acceso al mercado de valores o la banca, que supuestamente tienen potencial de crecimiento en el largo plazo. El que las gestoras de capital riesgo financien a pymes implica que éstas mejoran su credibilidad ante proveedores y clientes, lo que propicia su desarrollo. Al capital privado le dejan entrar en una compañía con el compromiso de no desinvertir hasta que la sociedad valga más, lo que les obliga a optimizar su gestión para que la empresa crezca. En España este sector ayudó en 2018 a que salieran adelante 2.432 empresas, de las que el 92% son pymes. De las 738 inversiones realizadas en 2018, más de 600 se dirigieron a pymes con menos de menos de 100 trabajadores. Las compañías que son financiadas por el capital privado emplean a más de 400.000 trabajadores.
Es incomprensible por qué se expolia fiscalmente a los gestores que logran beneficios con el capital privado. Además, también pierde la amplia clase media, porque la financiación suele proceder mayormente de fondos de pensiones y compañías de seguros, lo que supone que, en última instancia, son pequeños ahorradores quienes invierten, movidos por una rentabilidad muy atractiva.
Lamentablemente, España es la cenicienta europea de este modo de financiarse que tanto hace crecer el tejido industrial. Reino Unido lidera el capital privado, hasta el punto que esponsoriza el 40% de las inversiones industriales de todo Europa, seguido de Francia (17%) y Alemania (12,5%), mientras que España se queda en un exiguo 3,5%. Una de las razones por la que nuestro país pierde ese potencial de promotores de prosperidad es la voracidad de Hacienda. Ésta prefiere exigir una tributación mucho más alta a los responsables de las inversiones (a quienes se exige que arriesguen dinero personal para asegurar su dedicación), que en otros países.
Si se quiere dinamizar el crecimiento de las pymes y start up en España conviene desarrollar la normativa del régimen aplicable al carried interest, que es la comisión de éxito que los gestores tienen en las plusvalías del fondo cuando el capital privado sale del fondo. En la regulación que ya han hecho Francia, Alemania e Italia, esos beneficios extraordinarios tributan como rentas de capital, mientras que en España son rendimientos de trabajo, lo que implica una tributación que puede llegar a doblar la de los países citados. Como el 76% de las inversiones son con capital extranjero, una tributación excesiva a los profesionales del capital privado puede provocar el traslado de las gestoras a países fiscalmente más benévolos.
Inseguridad jurídica
Otra circunstancia que favorece este éxodo es la incertidumbre e inseguridad jurídica de la actividad. Mientras la Agencia Tributaria del Estado ha permanecido impasible, Guipúzcoa ha movido ficha y se va a convertir en el paraíso fiscal español del capital privado. Este territorio ha aprovechado sus prerrogativas forales para crear un gran incentivo fiscal para los gestores de fondos y sociedades de capital riesgo. En esta provincia, el carried interest tributa como renta del ahorro, lo que supone 24 puntos menos que el tipo máximo del IRPF (49%).
Esta política fiscal es suicida para la economía, pues no sólo impide la creación y/o crecimiento de nuevas empresas, sino que frena que vengan otras muy rentables. El caso más claro, y además reciente, es el nulo atractivo que ha tenido España para que vinieran los bancos y gestoras de fondos que han salido de la City de Londres, un conglomerado financiero que supone el 12% del PIB y el 12,8% del empleo británicos. De nada ha servido que España reúna mejores condiciones objetivas en cuanto al bienestar, sanidad, clima, coste de vida y calidad de vivienda, porque el Gobierno se obstinó en mantener una fiscalidad desincentivadora.
Por el contrario, Emmanuel Macron fue anfitrión de una gran conferencia para los ejecutivos de 140 grandes compañías, cuyo objeto era ofrecer grandes ventajas fiscales a las gestoras de capital privado que trasladasen su sede a Francia. Si se quiere ayudar a que las pymes prosperen, Hacienda debe homologar su carried interest al de los países más competitivos en el capital riesgo. Como dice el refrán: “No muerdas la mano de quien te da de comer”.
