17
nov
Periodicos del Grupo Vocento

El anuncio del cierre de la televisión pública de la Comunidad Valenciana, Canal Nou, ha abierto el debate. ¿Hasta qué punto es legítimo mantener un canal de televisión público en funcionamiento cuando eso obliga a cerrar hospitales y escuelas o a dejar facturas sin pagar? Las subvenciones para financiar las televisiones en activo, tanto las públicas como las privadas, cuestan 831 millones de euros a las comunidades autónomas. Algunos aducen que esa cifra no es tan alta, pero es poco menos de lo que se ha conseguido ahorrar con los recortes en ayudas a la dependencia.

Casos como el de la televisión vasca, ETB, son particularmente sangrantes, dado que cada trabajador ocupado de la región debe aportar 127 euros para mantener la televisión operativa. La gallega, aragonesa y catalana tampoco se quedan atrás, ya que suponen entre 79 y 94 euros por cada empleado.

A pesar de que muchos dirigentes autonómicos prometieron cerrar estas empresas públicas o racionalizarlas, al final no es tan fácil.Muy pocos líderes son capaces de desprenderse de un instrumento con el que pueden hacer una campaña electoral continua. Parece complicado que lleguen a ajustarse hasta ser viables por sí mismas. Según datos de la Unión de Televisiones Asociadas (Uteca), el 86,2% de los ingresos de las TV públicas autonómicas dependen de las subvenciones, mientras que solo el 13,8% proviene de la publicidad. Además, una buena parte de esta cifra corresponde a publicidad institucional y patrocinios de empresas públicas, lo que encubre un mayor coste.

Uno de los obstáculos que impiden que estas televisiones puedan llegar a ser viables es su sobredimensión. Así, en sus mejores tiempos, Canal Nou llegó a tener casi tantos empleados como Mediaset y Antena 3 juntas. Otro ejemplo es la catalana TV3, que supera holgadamente la suma de todas las cadenas privadas españolas como consecuencia de su abundante producción propia. El problema reside en que el coste de estas plantillas acaba ocasionando una deuda que se enquista en la empresa y hace que la Comunidad tenga que asumir un coste que nunca estuvo presupuestado. Es el caso de los 1.200 millones de euros de Canal Nou.

Pero el cierre no tiene por qué ser la única solución. Si los ciudadanos de una determinada región no quieren renunciar a contar con un instrumento de difusión, harían bien en replicar los modelos de Madrid o Murcia, las menores en coste por trabajador de entre las públicas. Por último, también queda la alternativa de privatizar la cadena y mantener una partida estable para evitar que la empresa quiebre. Es el modelo seguido por Castilla y León y Navarra, que presentan unos costes por trabajador ocupado de 17, 19 y 5,63 euros, respectivamente. Otra alternativa es la de recibir ayudas puntuales por servicios específicos demandados, como Cantabria. Esta opción tiene dos ventajas: no compromete gasto y, en el caso de que sea necesario hacer recortes, permite controlar los costes. Esto impide que los políticos escondan facturas en los cajones de una empresa pública.


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