Uno de los temas que dominan el debate social en nuestros días es el deterioro del medio ambiente. Y no faltan razones para ello. Existe, en efecto, una preocupación cada vez más amplia con respecto a los costes que para toda la humanidad puede tener la contaminación, la pérdida de espacios naturales o el reciclado inadecuado de desechos industriales, por mencionar sólo algunas de las amenazas más relevantes a las que nos enfrentamos hoy. Y surgen, en consecuencia, propuestas de todo tipo para tratar de solucionar estos graves problemas.

Como la ecología se ha convertido, en muchos casos, en un movimiento político ligado a partidos de izquierda, el capitalismo ha pasado a ser la bestia negra de muchos ecologistas, que culpan al sistema de economía de mercado del deterioro de nuestro planeta. El argumento es sencillo. En un sistema capitalista, las empresas actúan en búsqueda de su beneficio particular y para nada les interesa la protección del medio ambiente; y los gobiernos, controlados a menudo por las grandes empresas, les permiten cometer todo tipo de abusos en este campo. Un sistema socialista, en cambio, al tener como objetivo el bienestar de toda la sociedad, estaría mucho más interesado en reducir este tipo de daños y garantizaría mejores condiciones para todo el mundo.

El problema es que lo que nos indican los datos es justamente lo contrario. No fue, por ejemplo, la Alemania capitalista, sino la socialista donde se cometieron los mayores atentados contra el medio ambiente. Y la China socialista ha generado una contaminación de un nivel difícil de encontrar en un país capitalista. Dos son, al menos, las razones que explican tan paradójica situación. La primera es que en los países capitalistas democráticos la opinión pública tiene un peso mucho mayor que en los sistemas socialistas a la hora de tomar decisiones que afectan al conjunto de la sociedad, y a la lucha contra la contaminación en concreto. Y resulta, además, que la gente suele empezar a preocuparse por el medio ambiente sólo cuando ha satisfecho sus necesidades básicas. Así, un nivel determinado de contaminación puede generar mucha preocupación en un país relativamente rico; pero el mismo problema tendrá una relevancia menor en una nación en la que conseguir alimentar y ofrecer un techo a sus habitantes son cuestiones mucho más urgentes para su gobierno.

Un sistema económico incapaz de ofrecer unas condiciones de vida dignas a su población difícilmente será, por tanto, el más adecuado para proteger el medio ambiente. ¿Significa esto que el capitalismo garantiza en todos los casos un nivel correcto de protección de la naturaleza? Evidentemente no; y la experiencia nos muestra infinidad de ejemplos de ello. Pero la causa no se encuentra tanto en los fallos del sistema de mercado como en el hecho de que este mecanismo no puede funcionar bien cuando no existe una definición clara de los derechos de propiedad. Y este problema se encuentra con frecuencia en la generación de daños medioambientales. No sabemos, en efecto, hasta dónde llega nuestro derecho a respirar aire limpio; o hasta qué punto una fábrica -o un automóvil- pueden emitir gases; o a quién pertenecen los llamados bienes «comunales» que, al permitir un acceso sin restricciones son objeto a menudo de un uso inadecuado, que puede llevar a su destrucción por la falta de control en su utilización.

Por eso es tan importante el desarrollo de nuevos instrumentos que permitan que el mercado actúe de forma eficiente también en estos casos. Un buen ejemplo puede ser el mercado de permisos de contaminación, en el que las empresas pueden comprar y vender su derecho a emitir una determinada cantidad de gases u otros elementos contaminantes, a partir de unas cuotas que la sociedad les ha asignado. Este mecanismo genera incentivos para que las empresas que pueden reducir sus emisiones a costes más bajos, apliquen las técnicas adecuadas para ello. El resultado es que, por una parte, es el conjunto de la sociedad el que decide cuál es el nivel máximo de contaminación que está dispuesta a aceptar; y el modelo permite, además, que tal control se pueda realizar con costes sociales más reducidos. Es sólo un ejemplo. Pero no cabe duda de que el desarrollo de instituciones basadas en los principios del mercado puede ayudar a encontrar soluciones a este tipo de problemas… con unas estrategias mucho más eficientes que las que aplicaría un planificador, supuestamente omnisciente, que actuara en beneficio del conjunto de la sociedad.