En la Unión Europea existe una tendencia a la baja en la proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión social respecto a los niveles registrados en 2008. Esta tasa se refiere a las personas cuyo ingreso familiar total disponible está por debajo del 60% del ingreso disponible medio nacional. Vaya por delante que Europa es donde hay menos desigualdad y más ayudas para los más pobres. Por el contrario, África es el continente donde dos tercios de sus habitantes son pobres, siendo la mayoría de ellos niños.
Después de tres aumentos consecutivos entre 2009 y 2012, que hicieron que casi el 25% del conjunto de la UE no alcanzara ese umbral, la proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión social ha disminuido paulatinamente hasta el 21,7% en 2018: dos puntos porcentuales (pp) menos que en 2008 y 0,7 por debajo de 2017. Esto se traduce en que 109,2 millones de personas viven sometidas a privaciones materiales severas. Un total de siete Estados miembros, entre los que figura el nuestro, tiene a más de una cuarta parte de su población bajo esta amenaza: Bulgaria (32,8%), Rumanía (32,5%), Grecia (31,8%), Letonia (28,4%), Lituania (28,3%), Italia (27,3%) y España (26,1%). En el extremo opuesto, con la proporción más baja, se hallan la República Checa (12,2%), Eslovenia (16,2%), Eslovaquia (16,3%), Finlandia (16,5%), los Países Bajos (16,7%), Dinamarca y Francia (17,4% ambos) y Austria (17,5%).
A pesar de que haya disminuido la población en riesgo desde el máximo de 2012 (123,8 millones de personas), solo 8,2 millones han logrado salir de esta situación desde 2008 (cuando había 116,1 millones). Además, respecto a ese año, la citada tasa ha aumentado en nueve Estados miembros: Luxemburgo (6,4 pp), Grecia (3,7 pp), Estonia (2,6 pp), España (2,3 pp), Italia y los Países Bajos (1,8 pp ambos), Suecia (1,3 pp), Dinamarca (1,1 pp) y Chipre (0,6 pp), mientras que las mayores reducciones se observan en Bulgaria (12,0 pp), Rumanía (11,7 pp) y Polonia (11,6 pp).
Sacar al menos a 20 millones de personas del riesgo de pobreza y exclusión social, tomando como fecha base el 2008, está en la agenda europea del año 2020. El compromiso de España en esa planificación incluye un descenso de 1,5 millones de personas, objetivo del que nuestro país se encuentra muy lejos. Por tanto, deberían revisarse las medidas en políticas sociales, pues solamente ocho de cada 100 ciudadanos en esta situación perciben una renta mínima de inserción.
Eso sí, sin perder de vista que forzar en exceso la igualdad de renta puede desincentivar la generación de riqueza. No debe importar que haya gente que, gracias a su esfuerzo, gane más dinero. La prioridad ha de consistir en generar oportunidades, de modo que todos tengan un trabajo que les reporte un bienestar digno, subsidiando únicamente a quienes se enfrenten a una incapacidad irresoluble que les impida salir de la pobreza por sí mismos.
