A día de hoy, en la economía española sigue habiendo importantes rigideces regulatorias en la distribución minorista. Una de ellas es la del monopolio en la venta de tabaco, a través de las licencias de expendedurías, los estancos. A pesar de que los poderes públicos han desincentivado su consumo por los perniciosos efectos sobre la salud, fumar sigue siendo un hábito extendido.
La mayor libertad en la comercialización del tabaco en el resto de Europa ha movido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a publicar un duro dictamen para acabar con el monopolio de la venta detallista de tabaco. Recomienda crear un mercado minorista libre y competitivo, que beneficie a los consumidores y rompa la extracción de rentas productivas que se reparten el Estado (principal beneficiario a través del impuesto sobre las Labores del Tabaco y su IVA) y las compañías tabaqueras.
La CNMC no entiende que en pleno siglo XXI el argumento principal para mantener el monopolio sea el control de la venta de tabaco, cuando los mismos que advierten de sus efectos perjudiciales son los principales beneficiarios de su distribución. Al mismo tiempo que las campañas publicitarias han tenido un impresionante impacto en términos de reducción de consumo (en los últimos diez años, la mitad en el conjunto de España, según datos de 2017), el dinero de su venta ha bajado en una proporción mucho menor (anualmente, en tasa media acumulada, un 1%).
Esta asimetría contradice la evolución lógica de precio y cantidad. Dado que la hoja de tabaco cotiza a similares niveles de 2014 en el mercado internacional, el incremento del precio minorista se debe a la subida de impuestos. Por ello, en aquellas regiones donde las ventas han caído menos en tasa media anual de la última década, como La Rioja (-4,88%), Galicia (-5,42%) y Asturias (-5,74%), es donde más se ha mantenido el valor del tabaco vendido, ya que el aumento del precio ha absorbido la caída de consumo.
En cambio, en Andalucía, Valencia y Baleares ha bajado tanto la demanda como el importe de las ventas. Destaca Andalucía, donde el consumo desciende un 8% anual y el montante de las ventas, un 2,34% anual acumulativo, algo que puede deberse a la sustitución del tabaco legal por el de contrabando procedente de Canarias y del estrecho de Gibraltar.
Por tanto, hay que buscar coherencia en las políticas públicas en torno al tabaco, suprimiendo el anacrónico monopolio. Subir el precio provoca que se fume tabaco más barato, el de liar (picadura), variedad que aumenta la absorción de las sustancias cancerígenas. Un estudio de Marina Terrazo ha mostrado que en Galicia el tabaco de liar ha aumentado del 1,8% del total en 2007 al 18,6% en 2015, a pesar de que la prevalencia global de tabaco en la población gallega ha disminuido en ese periodo del 25,4% al 21,8%. Esos datos apuntan a que, más que proteger la salud, lo que prima es incrementar la recaudación. Ésta ya asciende a 9.100 millones de euros, un importe bastante mayor que el de todos los impuestos que gravan la riqueza en España.
