Uno de los reproches más frecuentes que se dirigieron a los gobiernos de nuestro país en los años de la crisis fue que aplicaron una política de austeridad que causó serios perjuicios al conjunto de los españoles, al reducir determinadas prestaciones y gastos sociales. Tal crítica, ciertamente, no se formuló sólo en España. Y buena parte de las quejas se centraron en la Unión Europea, a la que se consideró principal responsable de imponer medidas de austeridad a los estados miembros, a menudo en contra de los intereses v las preferencias de su población y de sus gobiernos. El argumento parece definitivo: ¿Cómo es posible que alguien defienda la reducción del gasto público cuando éste se dedica a financiar la sanidad, la educación, las pensiones o, en general, el Estado del Bienestar?
La primera cuestión que plantea tal afirmación es que ni siquiera resulta claro que el gobierno español -y otros gobiernos- fueran realmente austeros. Es cierto que el gasto público se redujo ligeramente; pero como la renta nacional cayo en un porcentaje significativamente mayor, el resultado fue que, en los considerados como peores años de la austeridad, la ratio gasto público/renta nacional creció.
Pero al margen de este dato, sigue vigente la pregunta: ¿No es bueno gastar más en sanidad, educación o pensiones? Si aplicamos la distinción entre lo que se ve y lo que no se ve, la respuesta es fácil. Es cierto que, cuando aumenta el gasto, el sector público puede ofrecer a la gente más y mejores servicios. Y esto se percibe fácilmente. Pero debemos tomar en consideración también lo que no se ve. El dinero para financiar estos gastos tiene que salir de alguna parte. Y a quienes defienden de forma sistemática el aumento de este tipo de gastos parece que se les olvida que la factura tendrá que ser pagada, antes o después, por los mismos a quienes se pretende favorecer.
Es posible que, en el corto plazo, el aumento del gasto pueda financiarse sin subir los impuestos, emitiendo deuda pública. Pero, tarde o temprano, esa deuda habrá que pagarla y la única forma de hacerlo será subiendo la presión fiscal que soportamos todos los españoles. Este es un hecho indiscutible en todos los casos; pero resulta especialmente preocupante en un país como el nuestro en el que la deuda pública equivale casi al valor de la totalidad de renta generada en el país durante un año entero.
El problema real no es, por tanto, El crecimiento del gasto público eleva la probabilidad de reelección. En los considerados peores años de la austeridad, la ratio gasto público/renta nacional creció La factura del aumento en el gasto público la pagan los mismos a quienes se pretende favorecer que un mayor control del gasto público (la llamada austeridad) prive a los ciudadanos de bienes y servicios que necesitan. La cuestión que verdaderamente importa es si esos recursos, que son escasos, van a ser administrados en mayor o menor grado por los propios ciudadanos que los han generado. Más gasto público implica que una parte creciente de la renta nacional es controlada por el Estado; y que la renta disponible de las personas, en consecuencia, disminuye. Si fuera posible demostrar que quitarle más dinero a la gente para devolvérselo en forma de bienes y servicios gratuitos o subvencionados eleva su nivel de bienestar, tendríamos que darle la razón a quienes defienden un fuerte aumento del gasto público. Pero la evidencia es abrumadora en sentido contrario: a partir de un determinado nivel, los costes marginales, en términos de bienestar, de un mayor gasto público superan a los beneficios marginales que éste genera. Y, llevando el caso al límite, ¿dónde debería frenarse el crecimiento del gasto público? ¿Por qué no aumentarlo continuamente mientras quede alguna necesidad social por atender?
Un resultado muy conocido de la teoría de la elección pública establece que el crecimiento del gasto público eleva la probabilidad de reelección de un gobernante en el poder; mientras un aumento de los impuestos la reduce. Y tal resultado tiene algunos efectos de gran importancia práctica. El más relevante es que los sistemas democráticos tienden a generar déficit presupuestarios, al aplicar los políticos las medidas que les favorecen -más gasto- y retrasar lo más posible las que resultan contrarias a sus intereses electorales -más impuestos para financiar el gasto-. Una estrategia habitual es, por tanto, aplazarla solución del problema. Yen España tenemos muchos ejemplos de este tipo de políticas. La consecuencia es, naturalmente, que, con el paso del tiempo, los problemas se agravan. Pero, para la mayor parte de los políticos, el largo plazo simplemente no existe. Y así se comportan.
