Finalmente, tras casi dos años de litigios, acabó el constante tira y afloja entre el Gobierno italiano y la familia Benetton, accionista mayoritaria de la empresa Atlantia, que a su vez controlaba Autostrade per l’Italia. Como trasfondo de todo ello estaba la tragedia vivida el 14 de agosto de 2018, cuando el llamado Puente Morandi (un viaducto que cruzaba la ciudad de Génova y comunicaba su puerto con el resto del país) se vino abajo, perdiendo la vida un total de 43 personas. Hace unos meses se inauguró el nuevo puente, obra del prestigioso arquitecto genovés Renzo Piano, pero faltaba por resolver qué hacer con el asunto de la posible revocación o no de la concesión a Autostrade per l’Italia (y, por ende, a Atlantia y a la poderosa familia Benetton). Finalmente, el segundo Gobierno Conte, en una reunión que se llegó hasta altas horas de la madrugada, tomó una solución salomónica: no se revocaría el control de las autopistas de pago a cargo de Autostrade per l’Italia (en torno al 56% del total existente en el país), sino que Atlantia sería nacionalizada y la familia Benetton, en el plazo de un año, se quedaría con una participación mínima en esta sociedad y, como consecuencia de ello, sin capacidad de decisión.
Ciertamente, la solución a este conflicto no resultaba nada sencilla. Atlantia había cometido un error gravísimo porque el viaducto estaba bajo su control y supuestamente lo tenía mantenido y permanentemente monitorizado, pero la realidad fue bien distinta. Pero una cuestión era que esta empresa indemnizara a las víctimas y se quedara sin la gestión de este puente, y otra bien distinta revocar el conjunto de la licitación, lo que, en la práctica, hubiera acabado en los tribunales y con el Estado italiano teniendo que desembolsar alrededor de 20.000 millones en un momento, como es sabido, crítico para las arcas públicas italianas, con una deuda sobre PIB que ya está en el 134,5% y que, tras lo sufrido a consecuencia del coronavirus, se puede ir hasta al 159%. Pensemos que ya ha habido más de una agencia de calificación que ha amenazado con dar un rating de bono-basura a la deuda pública italiana, con lo que el Ejecutivo debía andarse con mucho cuidado a la hora de tomar una decisión. Pero tampoco podía dejar sin sanción a Atlantia, a quien había confiado desde el año 2003 la gestión de una parte muy sustancial de sus carreteras de pago y que ahora no pensaba asumir las consecuencias de lo sucedido (o al menos no en su auténtica dimensión real).
En la solución de todo este asunto entraba una vez más el populismo, la demagogia y la falta de conocimiento de lo que supone gobernar por parte del Movimiento Cinco Estrellas, que tenía bajo su control el Ministerio de Infraestructura y Transportes en el momento del derrumbe del Puente Morandi (el titular de esta cartera era Danilo Tonninelli, uno de los ‘pesos pesados’ del Movimiento Cinco Estrellas y persona muy cercana al entonces líder del partido y viceprimer ministro Di Maio). Desde esta formación se hicieron todo tipo de acusaciones sin ningún tipo de fundamento, como que el culpable de todo ello era el partido que había gobernado en la anterior legislatura (el PD, que había controlado la legislatura 2013-2018 a través de los Gobiernos Letta, Renzi y Gentiloni). La acusación carecía de todo fundamento, ya que la renovación de la licitación había tenido lugar, por última vez, en 2008, cuando gobernaba el país el centroderecha, y no el centroizquierda que representa el PD.
Sin haberse solucionado este conflicto, que además estaba provocando una constante caída en Bolsa de Atlantia, todo comenzó a enderezarse cuando el 5 de septiembre de 2019 se nombró un nuevo Ejecutivo: un segundo Gobierno encabezado por el jurista Conte, pero donde Tonninelli perdía el control del Ministerio de Infraestructuras y Transportes (no solo eso, sino que incluso salía del Gobierno), que pasaba a estar en manos de un destacado miembro del nuevo compañero de coalición del Movimiento Cinco Estrellas. En efecto, Paola de Micheli, subsecretaria de Economía y Finanzas tanto en el Gobierno Renzi como en el Gobierno Gentiloni, y ‘mano derecha’ de Nicola Zingaretti, secretario general del PD desde marzo de 2019, pasaba a ser la nueva ministra de Infraestructuras y Transportes, y en su mano quedaba resolver esta tremenda papeleta. La solución, como decimos, seguía sin resultar nada fácil en un conflicto cada vez más enconado, pero quedaba claro que, con la salida de la Lega de Salvini y la entrada del PD en su lugar en el nuevo Ejecutivo, se habían acabado las respuestas demagógicas y populistas. Conte ya no era el “abogado del pueblo”, como le había encantado que le llamaran en su primer Gobierno, pero tampoco había pasado a ser el “abogado de los poderes fuertes”, como comenzó a llamarle su otrora colaborador Salvini y ahora acérrimo enemigo a partir de septiembre del año pasado.
Sin embargo, el PD era sabedor de que la decisión final tenía que ser del agrado de un alicaído Movimiento Cinco Estrellas, que ha perdido casi medio centenar de parlamentarios en lo que va de legislatura. Porque, a fin de cuentas, la realidad es que, sobre todo en el Senado, a pesar de las numerosas deserciones (casi quince), este partido aporta aún prácticamente dos tercios del conjunto de senadores que dan la mayoría a la actual coalición de Gobierno. Esto no solo lo sabía el primer ministro Conte, sino también Nicola Zingaretti y Matteo Renzi, que hace ya unos meses decidieron enterrar el hacha de guerra entre sus respectivos perdidos ante el hecho de que los sondeos, ante unas posibles elecciones anticipadas, daban al PD de Zingaretti una paupérrima cifra de parlamentarios (con una subida mínima respecto a las elecciones de marzo de 2018, en las que Renzi fue cabeza de cartel porque aún era el secretario general del Partido Democrático) y, a su vez, al partido de Renzi bordea convertirse en una fuerza extraparlamentaria cuando ahora dispone de casi 50 parlamentarios.
Con un centroderecha que, más allá de la bajada de la Lega en beneficio de los Hermanos de Italia de la romana Meloni, sigue sumando casi el 50% de intención de voto, y con un otoño que va a ser extraordinariamente difícil dada la gravísima recesión que se va a cernir sobre el país, Conte, Zingaretti y Renzi pactaron una medida contundente como era la nacionalización de Atlantia, con importantes indemnizaciones a las familias de los fallecidos en el derrumbe del puente y con un dura sanción a la familia Benetton. No resulta de extrañar que, nada más conocerse la decisión, el exministro Tonninelli apareciera en las redes sociales con una camiseta en la que podía leerse con claridad las siguientes palabras: “Hemos vencido”.
A su vez, esta drástica solución ha permitido respirar a los inversores de Atlantia, una empresa que nada más conocer la decisión del segundo Gobierno Conte, subió de manera inmediata un 26% en Bolsa. Ahora el propietario mayoritario de esta empresa no será la familia Benetton, sino una entidad pública, la Caja de Depósitos y Préstamos, que tendrá el 51% de Atlantia. Esta, a su vez, indemnizará con 3.400 millones a las víctimas del derrumbe al tiempo que se compromete a rebajar las tarifas para los usuarios de las autopistas gestionadas por ellos. Con ello finaliza un conflicto que ha durado casi dos años y que parece contentar a todas las partes, al tiempo que permite la supervivencia de la actual coalición de Gobierno en un momento clave de negociación de los fondos europeos para la recuperación de la maltrecha economía transalpina. Pero no debe olvidarse que el centroderecha sigue esperando su ocasión; que en septiembre hay comicios para elegir el gobierno de hasta siete regiones (a las seis que tenían que haber votado ya se ha sumado el Valle de Aosta, a la que le tocaba elecciones en el otoño de este año); y que en cualquier momento la actual mayoría de Gobierno puede convertirse en minoría. El segundo Gobierno Conte tiene garantizada su supervivencia este verano, pero después todo es posible: en cuestión de meses, todo se sabrá.
