La reforma del sistema público de pensiones se ha convertido en un requisito indispensable para asegurar su sostenibilidad a medio plazo. El envejecimiento de la población y los bajos niveles de productividad son retos importantes para un modelo de reparto como el español. Sin embargo, existen otras tendencias que cada vez toman más relevancia en Europa.
EI sistema público de pensiones en España es de reparto, contributivo y de prestación definida, es decir, que las cotizaciones van directamente a financiar las rentas de jubilación actuales, basándose en el principio de generosidad intergeneracional. Además, existe una correspondencia entre las contribuciones realizadas durante la vida laboral y la pensión que se recibe en el momento del retiro, que se define principalmente por el historial de empleo ( años cotizados y bases). Esta tendencia se ha ido revirtiendo tras las últimas reformas implementadas en 2011 y 2013, donde se incluyen un factor de longevidad (ajuste automático de la pensión a la evolución de la esperanza de vida) y un factor de sostenibilidad (el Indice de Revalorización de las Pensiones desliga la actualización anual de la evolución del IPC para adaptar las cuantías a la situación financiera del sistema). Esto explica la revalorización del 0,25% anual experimentada desde 2013 (mínimo previsto), en respuesta a que las cuentas de la Seguridad Social empezaran a arrojar déficits desde 2012.
EL CASO ESPAÑOL
La situación de las pensiones en España se ha ido agravando con el paso de los años debido fundamentalmente a dos factores: el rápido envejecimiento de la población y las bajas tasas de productividad que repercuten en los niveles salariales. En este sentido, tanto el INE como la Comisión Europea prevén un incremento de la esperanza de vida de entorno a seis años en las próximas cuatro décadas. De este modo, la tasa de dependencia (la ratio entre los mayores de 65 y la población de entre 20 y 64) pasará del 30% en 2014 al 68,9% en 2049 e incluso al 73% en 2056.
Por otro lado, la tasa de reposición (relación afiliados pensionistas) se sitúa actualmente en los 1,75 puntos, el problema es que por debajo de dos se considera que el sistema es deficitario, y esta tendencia se agudizará hasta que tan sólo haya un trabajador por pensionista (1,27 en 2060), según los datos del think tank Civismo. Si se mantienen las reformas anteriores, está previsto que el gasto en pensiones se estabilice a largo plazo (con una subida de 1,5 puntos hasta 2050), hasta alcanzar el 17,4% del PIB, mientras que los ingresos se mantendrán planos, en torno al 10% del PIB, según las previsiones de Fedea.
Este desfase de 7,4 puntos no es el único problema al que se enfrenta la Seguridad Social, si las pensiones siguen revalorizándose al 0,25% y la inflación se mantiene en el entorno del 2% es previsible una pérdida de poder adquisitivo de los futuros beneficiarios de casi 30 puntos porcentuales una vez concedidas las ayudas, lo que equivale a la ‘cuasi congelación’ de las pensiones. Los datos de 2016 hicieron saltar todas las alarmas, ya que, a pesar de la recuperación económica, el sistema arrojó un déficit de 19.000 millones (1,7% PIB), lo que obligó a disponer de hasta 20.136 millones de la conocida como ‘hucha de las pensiones’.
El Fondo de Reserva ha perdido hasta 67.337 millones desde 2012, lo que hace más que previsible su agotamiento a partir de este ejercicio. Estos factores han contribuido a la creación de una comisión específica en el Congreso para debatir soluciones ante una futura reforma del sistema. La Comisión del Pacto de Toledo se encuentra inmersa en una fase preliminar de comparecencias, donde numerosos agentes implicados están haciendo recomendaciones de cara a garantizar la sostenibilidad futura del sistema. Las propuestas varían desde el destope de las bases de cotización máximas, a la financiación de parte del sistema vía Presupuestos (tributos) o a la transición hacia un sistema mixto de capitalización o de cuentas nocionales.
UN VISTAZO POR EUROPA
El modelo español, al igual que el de otros vecinos del sur y centro como Portugal o Italia, se enmarca dentro de los sistemas bismarkianos por su carácter contributivo. En otro extremo están los sistemas asistenciales o beberidge, en los que se garantiza una pensión pública mínima para todos los individuos independientemente de su vida laboral. Este modelo es más propio de los países anglosajones como Reino Unido, donde se promueven alternativas de ahorro como los sistemas de capitalización. El último informe ‘Pensiones en transición’ presentado por el Instituto Aviva refleja las diferentes alternativas escogidas alrededor de la UE para financiar las jubilaciones. Como ya se ha señalado, el principal inconveniente del sistema de reparto es asegurar su sostenibilidad en países como España, donde se está produciendo una acusada inversión de la pirámide poblacional y la tasa de sustitución ( 80%) es una de las más altas de la OCDE.
Otra opción son los sistemas de cuentas individuales de contribución definida o cuentas nocionales. Este modelo se basa en las aportaciones que hacen los trabajadores durante toda su carrera laboral a una cuenta individual, a partir de la cual se calcula su pensión mediante reglas actuariales, lo que vincula directamente cotización y prestaciones. De esta forma, el coste de las cotizaciones se convierte en un salario diferido que se percibe una vez se accede a la jubilación. La principal ventaja de este sistema es la vinculación directa entre años de trabajo y pensión, aunque entre sus inconvenientes destaca que el sistema no garantiza unos ingresos suficientes según el perfil de los empleados, lo que ha obligado a complementarlo con prestaciones básicas en muchos países. Este modelo es típico de los países nórdicos como Suecia. Un paso más allá se encuentran los sistemas de capitalización, donde los trabajadores ahorran su aportación en una cuenta y esta se invierte en acciones, bonos u otro tipo de activos para generar una rentabilidad.
Esta técnica tiene sus raíces en los seguros privados y es propia de los países anglosajones. Tras la finalización de su vida laboral, los empleados tendrán acceso a una renta vitalicia en función de lo ahorrado más los intereses acumulativos. Entre las ventajas de este modelo destaca que los trabajadores percibirán unos rendimientos de sus cotizaciones desde su primer año de contribución, además de fomentar el aplazamiento de la edad de jubilación, por el lado de los inconvenientes, las prestaciones quedan muy expuestas al impacto de la inflación, de las fluctuaciones de los tipos de interés o a los largos periodos para constituir un capital razonable. Entre los promotores de implantar un sistema de capitalización se encuentra el think tank Civismo, que propone una alternativa mixta como garantía para el sistema. Sin embargo, se debe tener en cuenta la dificultad de implantación de estos sistemas en países desarrollados como España, por la magnitud de la deuda ya contraída con sus trabajadores y la elevada esperanza de vida. Este es el caso de los modelos alemán y sueco, que tuvieron que adoptar un sistema mixto de transición al abordar la reforma de sus pensiones.
En Suecia, el 13,5% de la cotización se destina a una cuenta de ahorro personal y se puede invertir en cerca de 800 fondos, mientras que el 86,5% restante se destina al sistema común, para hacer frente al pago de las prestaciones ya comprometidas. El objetivo es que conforme se empiecen a jubilar los que han cotizado con este modelo, se pueda empezar a reducir la carga de la aportación para el Estado, dando mayor protagonismo al ahorro individual. Este fenómeno ya se observa en países como Suiza, donde el modelo mixto se introdujo a finales de la década de los 80 y el ahorro privado ya supone el 41,9%) del dinero que percibe el nuevo pensionista medio. En otros países este porcentaje es más elevado, hasta alcanzar el 91% de las prestaciones en Islandia, el 74,1% en Australia, el 69,7% en Israel, el 67,4% en Holanda o el 47,6% en Estonia. Además, en estas zonas la pensión media equivale al 73,1% del último sueldo ( tasa de sustitución), frente al 64,1% de promedio en el conjunto de estados miembros de la OCDE.
