La salud de la economía se mide con demasiada frecuencia conforme a parámetros que, en bastantes ocasiones, resultan abstractos y vacíos de contenido para muchos ciudadanos . Sin embargo, existen otros indicadores fácilmente identificables porque se encuadran en la realidad cotidiana e inmediata de todos. Entre éstos están el grado de cobertura de las necesidades básicas tales como el acceso al servicio médico, a la vivienda, a la educación y a la información. También, la calidad de la seguridad personal y la libertad de elección o la protección de los derechos humanos.
Estas variables son las que recoge el Social Progress Index (SPI), un ranking publicado recientemente por la Comisión Europea, el cual analiza el progreso social de 272 regiones de la UE. Si se halla la media nacional de todas ellas, vemos que existe una correlación manifiesta entre el grado de libertad económica que disfrutan estos países (de acuerdo al Index of Economic Freedom de Heritage Foundation) y su posición en la clasificación del SPI. Cuanto más libres son los países, mayor bienestar alcanzan sus ciudadanos. Paradigmático resulta el caso de Dinamarca que encabeza ambos índices.
Una posición menos airosa la ostenta España, tanto en uno como en otro: se lleva el puesto 16 en el de libertad económica, y el 13 en el de progreso social. No obstante, dentro de nuestro país se observan diferencias notables entre las comunidades autónomas. La menos intervencionista tradicionalmente, Madrid, es la que mejor nota saca en la comparativa de bienestar social: se halla al nivel de la media de Reino Unido y Alemania. Por el contrario, la proteccionista Andalucía se sitúa en la órbita de Estonia o República Checa.
Esto socava el argumento de quienes defienden la necesidad de un ‘Estado nodriza’, provisor y omnipresente, que limite la libertad de los ciudadanos a cambio de garantizar su bienestar social. Lamentablemente cuando ‘mamá Estado’ nos resuelve todo de modo ineficiente nos vacía los bolsillos a golpe de tributos. Esta comparativa entre libertad-progreso social demuestra que ambos conceptos no van reñidos sino que, antes bien, son directamente proporcionales. Por tanto, las CCAA deberían tenerlo muy en cuenta a la hora de adoptar sus políticas públicas: de ello dependerá que se encuentren a la cabeza o a la cola de Europa en progreso social.
