Tratar de centrar el debate político es un asunto importante a la par que difícil. La política suele virar hacia los asuntos más candentes de cada momento, que normalmente no suelen ser los más relevantes. Además, los partidos tienden a sumergirse mucho más en aquellos asuntos que preocupan a los grupos demoscópicos mayoritarios, sean o no de relevancia para el país. Un ejemplo de ello es la sempiterna cesión de los gobiernos en España (de distinto color) ante los grupos de presión de jubilados reclamando alzas a su pensión. No se trata únicamente de que España sea uno de los países de Europa con mayor tasa de sustitución o que, según el Banco de España, el jubilado medio cobre un 74% más de lo cotizado, sino que además el sistema es insostenible si no se ajustan las pensiones. El hecho de que el sistema de pensiones público en España sea insostenible significa que toda la deuda acumulada por el mismo será cargada sobre las espaldas de las generaciones venideras y eso no parece importarle a nuestra clase política. Pero hoy no hemos venido a hablar de la insostenibilidad de las pensiones, sino de algo incluso más grave como es el desempleo y las oportunidades laborales y formativas de los jóvenes en España.

Echando un rápido vistazo a los datos de la OCDE, veremos que España es el tercer país miembro de dicha organización con mayor desempleo juvenil. En concreto, en España, un 35,1% de la fuerza laboral menor de 24 años se encuentra en el paro, tan solo precedidos por Grecia y Costa Rica, donde un 37,1% y 40,6% respectivamente se encuentran en una situación de desempleo. Aún así, esto no es lo más grave, ya que, según señala un reciente informe de la OCDE un 20% de los jóvenes de entre 18 y 24 años en España ni estudia ni trabaja, tan solo precedidos por Italia donde la cifra asciende hasta el 24,8%. Además, este indicador junto al de desempleo juvenil se han visto notablemente agravados por la pandemia. De todo ello se puede extraer que la dificultad de incorporación del joven medio al mercado de trabajo en España y la tasa de abandono de la formación son cada vez mayores, siendo problemas que se retroalimentan. En este sentido, además, surge un obstáculo adicional y es que mientras en otros países las grandes bolsas de desempleo juvenil son un fenómeno coyuntural (en sectores de bajos salarios lo jóvenes suelen ser despedidos en mayor proporción en una recesión por los menores costes que esto supone frente a un trabajador con más años acumulados), en España las bolsas de desempleo juvenil son estructurales. Es decir, las recesiones solo las agravan, siendo un un fenómeno sostenido en el tiempo por la regulación y funcionamiento del mercado laboral español -entre otros muchos factores-.

El mercado laboral en España y la regulación adyacente siguen sin incorporar mecanismos que doten de recursos y herramientas al sistema para facilitar la incorporación de buena parte de los jóvenes al empleo. Junto a este problema, además, muchos otros van asociados, como es el caso de la temporalidad y precariedad de muchos de aquellos que sí encuentran empleo o la imposibilidad de emancipación a edades tempranas por el elevado precio del alquiler en los núcleos poblacionales que mayores oportunidades de empleo ofrecen. Todo ello hace que los jóvenes se sientan expulsados del tejido social y obliga a la sociedad a reflexionar sobre un asunto de presente que debería ser tratado con urgencia.

En mi opinión, uno de los principales problemas se halla en el sistema de prácticas en España, facilitado por dicha modalidad contractual. Para ponernos en situación, en España en la actualidad -desde 1988- existen dos modalidades contractuales de carácter formativo, siendo estas el contracto de aprendizaje y el contrato de prácticas. El contrato de prácticas se suele emplear para aquellos estudiantes que están a punto de acabar o ya han acabado la carrera, y debe llevar asociado un plan formativo con objetivos claros y estructurados, además de explicitar los recursos necesarios para la financiación de dicho plan formativo. Otra faceta del contrato es que la modalidad contractual de prácticas permite a la empresa ofrecer al trabajador un salario inferior al mínimo y al del correspondiente convenio colectivo. Si bien es cierto que las empresas estuvieron recibiendo una bonificación por la contratación de trabajadores en prácticas, esta ya no es la situación, debido a que generaba graves incentivos perversos. El objetivo ideal de esta modalidad contractual es que generase mayores niveles de estabilidad laboral en la empresa, en comparación al uso de otras modalidades alternativas, como podría ser el contrato temporal. Al permitirse una reducción salarial, el objetivo de dicha regulación es que la empresa aumentara la inversión en formación en su propio beneficio, es decir, para luego mantener al trabajador entre sus filas.

Para poder analizar los efectos de dicha modalidad contractual sobre la empleabilidad de los jóvenes en España, un interesante estudio de la Fundación ISEAK muestra que más del 50% de aquellos que empiezan su vida laboral con un contrato en prácticas en España, terminan dicho contrato antes de la fecha estipulada. Además, de aquellos que sí terminan el contrato, menos de un tercio continúa después trabajando en la empresa en la cual hizo prácticas. Algunos otros resultados interesantes muestran que entre quienes continúan trabajando tras el contrato de prácticas, existe más probabilidad de firmar un contrato indefinido en una empresa diferente que en la misma de las prácticas. De hecho, la estabilidad laboral a largo plazo de aquellos que comienzan con un contrato temporal resulta mayor que la de aquellos que empiezan con un contrato de prácticas, lo que muestra que algo está fallando en el modelo de prácticas, ya que su objetivo es generar una acumulación adicional de capital humano que conlleve mayor estabilidad laboral a largo plazo. Por lo tanto, el contrato de prácticas no estaría cumpliendo con su cometido, ya que ni facilita una más rápida incorporación al mercado laboral ni garantiza una mayor estabilidad. En el caso del estudio de la Fundación ISEAK, dos investigadoras, Sara de la Rica y Lucía Gorjón, concluyen que esto muestra como el contrato de prácticas es un elemento que, en España, se usa simplemente para reducir costes laborales en momentos determinados, a diferencia de lo que ocurre en otros países con modelos de prácticas más avanzados y solidificados.

Por supuesto, existen muchos otros factores que afectan al desempleo juvenil y la elevada precariedad laboral de muchos jóvenes en España, pero la regulación laboral es uno de los motivos más relevantes al respecto. En otro artículo comentaremos algunos factores alternativos que ayudarían a promover un crecimiento del empleo juvenil como la introducción de incentivos claros a la expansión de las empresas (y no solo a su creación), una reforma laboral en profundidad que garantice una mayor flexibilidad, reformas educativas que promuevan una adaptación del currículo universitario a las demandas del mercado laboral para muchas carreras, etc. Por el momento, en el presente artículo, he tratado de dar una pincelada acerca de dos de los mayores problemas que sufren los jóvenes en España hoy en día: el desempleo y la precariedad. A los jóvenes les duele España.