El precio del poder
20 de noviembre de 2020
Por Fundación Civismo

La dignidad del pueblo español volvió a ser pisoteada, como ya es frecuente, el pasado 11 de noviembre por el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, al celebrar el apoyo de EH Bildu para llevar a puerto los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Unos que, por cierto, acarrean el mayor gasto público de la historia, con un 33% más que el año pasado y una subida general de impuestos.

El antiguo miembro de la banda terrorista ETA y actual coordinador general del partido, Arnaldo Otegui, confirmaba el voto a favor de sus cinco diputados en el Congreso. Acto seguido, el vicepresidente segundo festejaba “la disponibilidad de Bildu” y su “responsabilidad y compromiso para avanzar con políticas de izquierdas”, unas declaraciones que lo integrarán “en la dirección del Estado”.  La reacción de Iglesias no solo resulta alarmante por su íntima estrechez con el partido vasco, sino por sus intenciones totalmente sectarias. Un vicepresidente de todos los españoles que, sin embargo, ha asumido como función realizar una política exclusiva para su sector ideológico.

Pero no se trata del único. No pocos dirigentes del Ejecutivo han manifestado su gratitud a la izquierda abertzale. Así, el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, cargó contra parte de la oposición al afirmar que “Bildu ha tenido más sentido de responsabilidad que el PP con los presupuestos”. Con ello, parece que Bildu ha reconsiderado sus sentimientos hacia España y trabaja seriamente para reconducir el desastroso panorama económico que la asola.

También asoma por la misma línea la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, al asegurar que los abertzales “han respondido a una llamada de coordinación y unidad que necesita nuestro país”, mientras que arremete contra los detractores, sosteniendo que “todos los argumentos (en contra) que circulan en torno a este debate, por parte de las derechas, son argumentos trileros”. Resulta igualmente curioso que la artífice de la “Memoria Democrática” haya olvidado los actos tan cruentos que defienden sus nuevos socios de Gobierno, un hecho más que demuestra la “memoria selectiva” o, más bien, la “desmemoria” que caracteriza a su Ministerio. A la presunta responsabilidad de Bildu, según Iglesias y Ábalos, se suma, ahora, su deseo por la unidad de España.

No es de extrañar que, con tanta galantería gubernamental, acabe sonrojándose algún que otro miembro de los partidos residuales de ETA, caso de Arkaitz Rodríguez, heredero de la antigua Batasuna y actual secretario general del partido nacionalista Sortu, quien, repleto de sentido de Estado, acudió al Parlamento declarando: “Nosotros vamos a Madrid a tumbar, definitivamente, al régimen”, según él, “en beneficio de las mayorías y de los pueblos”. Tal lección democrática la imparte alguien a quien han detenido en varias ocasiones y que esconde tras de sí diez años de cárcel por pertenencia a la banda terrorista ETA, tras ser condenado junto a Otegui.


Nuevamente, en esta legislatura, el fin justifica los medios, pero ¿a qué precio?


Por el contrario, y lamentablemente, no abundan los dirigentes socialistas que rechacen este acercamiento con Bildu, aunque sea de manera tímida para el calibre de dicha infamia. Caso, por ejemplo, de Emiliano García-Page, secretario general del partido en Castilla-La Mancha, quien dice únicamente que “no es un plato de buen gusto”.  Y, para colmo de males, otros, como Guillermo Fernández Vara, han tenido que rectificar ante la imponente cúpula del PSOE y su toque de atención hacia los detractores interinos.

Menos mal que la “democracia debe ser generosa, inclusiva y coherente”, tal y como defendía José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado 16 de noviembre, en su última aparición.  

Llegados a este punto, no cabe duda de que, en las palabras de los ministros “inclusivos”, están presentes las más de 7.000 víctimas de ETA, 864 de ellas mortales, y una docena de líderes socialistas como Fernando Múgica, Enrique Casas, Francisco Tomás y Valiente o Fernando Buesa, asesinados, precisamente, por su lucha contra aquellos que hoy van a tomar parte en las decisiones del Gobierno de España.

En la penumbra quedan, abandonadas por un Ejecutivo que aparta la mirada y olvida hasta a los que una vez fueron sus compañeros con tal de preservar el escaño. Calvo ya parecía tenerlo muy claro a mediados de septiembre, pues “primero va el contenido” y después “el con quién”.

Nuevamente, en esta maquiavélica legislatura, el fin justifica los medios, pero ¿a qué precio?

A continuación de la declaración de Bildu, se anunció el primer regalo del Gobierno por boca del ministro Fernando Grande-Marlaska. El que antes fuera juez en la Audiencia Nacional en su lucha contra la banda terrorista ahora impulsa la salida del módulo de aislamiento de cinco etarras, entre los que se encuentra Francisco Javier Gaztelo, “Txapote”, asesino de Miguel Ángel Blanco en 1997. Ello sumado a los continuos traslados de los presos a las cárceles próximas a País Vasco o situadas en esta comunidad autónoma, justificados por el ministro del Interior bajo el argumento de que “las condiciones de vida fuera de esos módulos son mejores”; en efecto, seguramente acaben resultando hasta mejores que las de las víctimas y familiares de los asesinados por dichos presos. En poco más de dos años, desde la toma de poder de Sánchez, se ha acercado a 103 etarras, más de la mitad de los 197 que todavía cumplen condena.

Un intercambio de favores al que debemos añadir la esperpéntica “Ley Celáa”, en la que, entre otras muchas barbaries, el castellano ya no se considera la lengua oficial del Estado ni vehicular en la enseñanza. Una medida impensable hasta el momento que, además de violar descaradamente el art.3 de la Constitución Española, donde se establece que “el castellano es la lengua española oficial del Estado” y que “todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar”, viene a conceder la demanda de la izquierda separatista catalana (ERC) y a contentar, indudablemente, al nacionalismo vasco y los residuos de un horrendo y oscuro pasado, hoy transformado en partido político.

Así, el Gobierno recibe calurosamente a quienes sembraron el terror en España desde los años 70 hasta su disolución en 2011, mismo año de la fundación de Bildu, que releva, en el ámbito político, la macabra ideología del grupo terrorista ETA y se presenta como la sucesión “legalizada” de Batasuna, liderada en su día también por Otegui.

Y, si bien es cierto que la actividad terrorista cesó hace nueve años, no lo han hecho el miedo ni la tensión social que aún se vive en zonas de País Vasco, alentados por grupos políticos como Bildu o Sortu, que ahora cuentan con el beneplácito del propio Gobierno de España y el silencio de Sánchez. Un silencio que, por otro lado, deben mantener muchos españoles orgullosos de su identidad, lengua y cultura si no quieren sufrir las duras consecuencias por parte de radicales nacionalistas. Más aún, ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como se demostró en Alsasua, quedan libres del odio y la violencia de los protegidos abertzales.

Pero lo verdaderamente desesperanzador radica en la actitud pasiva de la sociedad ante el descaro de este Ejecutivo, que ya ha abandonado cualquier esfuerzo por ocultar o decorar sus escándalos e intenciones. Y no es de extrañar que esto suceda, pues esta legislatura se mantiene patrocinada por gran parte de los medios de comunicación, tanto de la esfera pública como de la privada.

De este modo, el régimen socialista-comunista se presenta como el gobierno de la “integración”, pero, en todo caso, por integrar a aquellos movimientos cuyo principal objetivo pasa por fragmentar España. Claman “generosidad” y “unidad”, pero califican a toda oposición como “las derechas trileras”; y, al mismo tiempo, censuran unas críticas internas que mostraban un atisbo de dignidad. Sin duda, se trata del gobierno de la “memoria”, pero una que, por un lado, desentierra medio siglo de historia y, por otro, olvida y blanquea el horror más reciente. Es, por tanto, y como bien destaca Iglesias, un gobierno comprometido en el avance “de las políticas de izquierdas”, en el que ya resulta prácticamente imperceptible una política de Estado.

“Por un pacto, un mundo; por un escaño, un cielo; por el poder… yo no sé qué te diera por el poder”.

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