01
mar

RESUMEN EJECUTIVO

Introducción. La revolución económica de Madrid

Cuando, en noviembre de 2003, Esperanza Aguirre fue investida presidenta de la Comunidad de Madrid por primera vez, tras ganar las dos elecciones regionales madrileñas que se celebraron dicho año, muchas personas no imaginaban la auténtica revolución política y económica que su gestión iba a suponer en la comunidad autónoma que alberga la capital de España.

Y es que, desde una visión absolutamente liberal de la política –liberalismo clásico o europeo, no el liberalismo que se entiende en Estados Unidos, de corte socialdemócrata, la presidenta Aguirre iba a dar la vuelta a Madrid como a un calcetín, hasta erigirla en el motor económico de España.

Política y economía marcan el sello personal de los gobiernos que lideraron, primero Esperanza Aguirre, y después, Ignacio González, con idéntico estilo en el fondo y cada cual con su personalidad en las formas, pero con los mismos buenos resultados y determinación. No hay que olvidar que durante los años de presidencia de Aguirre, el presidente González fue el coordinador de la acción de Gobierno, desde su puesto como vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

He de decir que, en estos tiempos en los que tan denostada está la política y los políticos, las personas que desde una elevada responsabilidad sirven a los ciudadanos son, en su práctica totalidad, honestas, trabajadoras y buenas. Es cierto que ha habido conductas impropias, que la Justicia habrá de determinar si son o no constitutivas de delito, con las penas correspondientes en cada caso. Pero dichos borrones, que son escandalosos, no pueden extender la mancha hacia todo un colectivo que, en su mayoría, es honrado.

Por todo ello, no quiero dejar de expresar mi reconocimiento hacia todas las personas, cualquiera que sea su color político, que como altos cargos, miembros de gabinete o representantes parlamentarios han contribuido al mejor desarrollo de nuestra nación, España, y, en concreto, de la región madrileña. En muchas ocasiones, nos quedamos con la imagen superficial de un coche oficial o del supuesto relumbrón del puesto que se ostenta, pero no vemos la angustia, la soledad y la responsabilidad a la hora de tomar decisiones cuando se ocupa uno de esos sillones.

Obviamente, a nadie le ponen un puñal en el pecho para que se siente en él, y la vocación vence todos esos sinsabores, hasta el punto de que es apasionante poder servir a tus ciudadanos, pero justo es también que la sociedad conozca la realidad que hay detrás del título de un cargo público. Desde este punto de vista regional, he de manifestar el máximo respeto por quienes han ocupado la más alta responsabilidad ejecutiva en Madrid: los presidentes Leguina, Ruiz-Gallardón, Aguirre, González y la actual Cifuentes, pues todos ellos han intentado hacer de Madrid una región mejor. Ahora bien, desde ese inmenso respeto, este libro tratará la evolución económica de la Comunidad de Madrid entre noviembre de 2003 y junio de 2015, cuando los presidentes Aguirre y González, con quienes tuve el enorme honor de colaborar y a los que expreso mi más profunda gratitud por permitirme participar en esa magnífica aventura que fueron sus años de Gobierno en la Comunidad de Madrid, consiguieron transformar económicamente la región.

Una política económica liberal

Los empresarios, ciudadanos y trabajadores son los que con su esfuerzo, trabajo, riesgo e ilusión generan la actividad económica productiva, creadora de puestos de trabajo. Por ello, es muy importante que los gobiernos sean austeros, ya que administraciones austeras generan sociedades prósperas.

Por eso, desde 2003, la Comunidad de Madrid trató de aplicar, en el margen de sus competencias, una política económica basada en la austeridad y la eficiencia en el gasto; la estabilidad presupuestaria; una rebaja ordenada y selectiva de impuestos que liberase renta para que los ciudadanos, empresas y trabajadores contasen con más recursos en su bolsillo con los que poder consumir, ahorrar e invertir, en definitiva, generar actividad económica y crear o mantener puestos de trabajo; y la liberalización de la economía. Madrid, así, redujo su gasto público en torno a 5.000 millones de euros desde el inicio de la crisis (casi un tercio de su presupuesto actual), desde la eficiencia, manteniendo el alto nivel de calidad de sus servicios públicos esenciales. Fue la única región que cumplió siempre con la estabilidad presupuestaria, lo que le llevó a ser la menos endeudada de España y, por tanto, la más solvente, creíble y la que mejor colocaba la deuda en los mercados, al tiempo que llevaba a cabo una ambiciosa política de rebaja de impuestos y eliminaba trabas para que empresas y ciudadanos pudiesen ejercer con más eficacia su actividad.

Y dentro de esa reducción ordenada y selectiva de impuestos se encuadraba la bajada de 2,6 puntos en el IRPF, que hace que Madrid tenga 4 puntos menos de gravamen que Andalucía y 5 menos que Cataluña. Además, cuenta con múltiples deducciones, ha sido la abanderada en la eliminación del Impuesto de Patrimonio y se trata de la única región que no lo ha recuperado, ha suprimido en la práctica el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para los familiares más cercanos, ha acabado con el recargo autonómico del IAE, ha rebajado un punto el ITP y un 25% el impuesto de AJD, en lo que constituyó, en 2014, la mayor reducción de impuestos de la historia de las comunidades autónomas.

Todo ello ha estado presidido por los principios del liberalismo clásico. Fue la aplicación de estas políticas liberales las que permitieron crear un espacio en el que la economía productiva se desarrollase más y mejor.

Sin embargo, más allá de una mera cuestión dogmática, se adoptaron previamente, se aplicaron después, y se defendieron siempre, dichos valores en la acción de Gobierno desde un enfoque pragmático.

Y es que los resultados demuestran que la liberalización de la economía, la eliminación de trabas, la eficiencia en la Administración y los impuestos bajos son los mejores ingredientes para caminar hacia la prosperidad, en forma de mayor actividad y de aquello de lo que está tan necesitada España y que constituye la principal preocupación de todos sus ciudadanos: la generación de empleo. La experiencia prueba, mediante números y resultados, que esa política liberal es la que más prosperidad, crecimiento y empleo genera. Se ve, claramente, al comparar políticas antagónicas en un mismo período de tiempo, como las que se vivieron en Madrid y Cataluña entre 2003 y 2010.

Como muestra, por tanto, se pueden equiparar dos regiones similares que, en los últimos siete años, han tenido Gobiernos distintos, que han aplicado políticas muy diferentes. Uno liberal, en la Comunidad de Madrid, y otro intervencionista, en Cataluña.

En ese periodo, en Cataluña se subieron impuestos y se introdujo una gran rigidez en la economía; en la Comunidad de Madrid, se bajaron y eliminaron los primeros y se liberalizó esta última. Ambas regiones utilizaban para ello su margen de competencias autonómicas. Si lo analizamos desde el punto de vista del nivel de servicios públicos ofrecido, el resultado pone de manifiesto que la economía madrileña estaba más capacitada, al gestionar mejor sus recursos, desde la eficiencia. Es decir, hizo más con menos. Pueden constatarse hasta siete diferencias tangibles en la prestación de servicios públicos en el acumulado del período 2003-2010 (período comparable):

(i) La Comunidad de Madrid construyó el doble de centros de educación infantil que Cataluña, mientras que el presupuesto total catalán era el doble que el madrileño.

(ii) La Comunidad de Madrid levantó el doble de hospitales que Cataluña, mientras que Cataluña recibió el doble de inversión del Estado respecto a Madrid.

(iii) Las camas hospitalarias en la Comunidad de Madrid aumentaron el doble que en Cataluña, mientras que en esta segunda comunidad la deuda ascendía a más del doble que la que existía en la primera.

(iv) En la Comunidad de Madrid se incorporaron tres universidades más que en Cataluña, mientras que en ésta el déficit en 2009 creció 3 puntos más que en aquélla.

(v) La Comunidad de Madrid habilitó cinco veces más líneas de metro que Cataluña, mientras que Cataluña tuvo en 2010 un déficit más de cinco veces superior a Madrid.

(vi) La Comunidad de Madrid construyó 14 veces más centros de salud y 14 veces más kilómetros de metro que Cataluña, mientras que en ésta creció la inversión del Estado más de un 14%.

(vii) Las plazas de residencia en la Comunidad de Madrid aumentaron 40 veces más que en Cataluña, mientras que la inversión por habitante del Estado en Cataluña fue más de un 40% superior que la realizada en Madrid.

Estas dos formas de gestión dieron, por tanto, resultados diferentes: la Comunidad de Madrid se convirtió en motor económico de España, en su mayor economía –pese a su menor extensión-, en la única que cumplía con la estabilidad presupuestaria y fue la que mostró una mejor resistencia a la crisis. Cataluña, sin embargo, permaneció estancada toda la década, especialmente desde 2003; era y es la más endeudada, y ha perdido su papel como región española de referencia económica.

Ese nuevo modelo de sociedad abierta a todos es el que demostró que la gestión puede ser diferente, que es posible eliminar barreras administrativas y empresariales y contar con un entorno atractivo, que genere confianza e ilusión. En definitiva, estos resultados comparables en el mismo período de tiempo entre dos políticas contrarias demuestran que, a mayor libertad económica, se produce un mayor crecimiento económico, del empleo y de las oportunidades, como fue el caso de la Comunidad de Madrid.

Inversión en los años de bonanza

El liberalismo no es enemigo del gasto público, sino del derroche público. Aunque siempre desde la premisa de un gobierno limitado, el liberalismo no renuncia a invertir en servicios prestados por el Estado, sino que defiende que se haga de la mejor manera posible para los ciudadanos, precisamente con el fin de poder preservarlos.

La Comunidad de Madrid gobernó con esa visión en el período que va de noviembre de 2003 a junio de 2015, con un segundo elemento sumamente importante: aprovechar la bonanza económica para poder acometer el mayor esfuerzo inversor que precisaba la economía regional.

El grueso de dicha empuje se concentró en la primera legislatura, a través de un paquete de inversiones muy importante, que transformó el tejido económico de Madrid, al tiempo que liberaba recursos para otros servicios esenciales en los momentos de crisis que sobrevinieron desde finales de 2007. Así, Madrid logró contar con los mejores servicios públicos de España, gracias a la previsión de los años de bonanza, sin incurrir en déficit ni incrementar la deuda, pudiendo dedicar todo el esfuerzo presupuestario al día a día de la Sanidad, Educación, Servicios Sociales y Transporte en los años de crisis, desde el estricto cumplimiento con el objetivo presupuestario, la limitación del endeudamiento y las bajadas de impuestos.

Es cierto que se podría haber destinado el incremento exponencial de ingresos de aquellos años –ITP y AJD recaudaban en Madrid 5.000 millones de euros, más que la asignación que recibe ahora por IVA, al 50%- a la amortización de deuda, mediante la generación del correspondiente superávit, pero también es verdad que se cubrió una necesidad inversora que vertebraba la economía desde el punto de vista de la extensión de la red de transportes, que unía el tejido económico de Madrid, la dotaba de hospitales, centros de salud y centros educativos que dieran respuesta al aumento de población en un millón y medio de personas. Un incremento de la demanda que se tendría que haber cubierto posteriormente de todos modos, y que no se habría podido acometer ya en plena crisis. Por lo tanto, la decisión, en este caso, también fue correcta, pese a no generar dichos superávit y no amortizar deuda.

Ese despliegue inversor de Madrid, especialmente en el período 2003- 2007, que fue el más ambicioso de España, modernizó infraestructuras y servicios esenciales para los madrileños. Todo ello se materializó en los siguientes resultados:

(i) La renovación y dotación de infraestructuras tuvo su máximo exponente en 12 nuevos hospitales, 80 centros de salud o más de 400 centros educativos.

(ii) Se invirtió en recursos humanos, de manera provechosa para los ciudadanos. Por eso, se incrementó el número de médicos y de enfermeros, y se abrió dicho espectro para el lógico relevo generacional.

(iii) Dentro de esa inversión en recursos humanos, se incentivó la formación de nuestros profesores, para que pudieran impartir una enseñanza bilingüe de calidad.

(iv) Se invirtió en la construcción de las infraestructuras necesarias para vertebrar mejor la región, de manera que constituyese una ventaja comparativa para empresas y familias a la hora de realizar sus desplazamientos y conexiones, se les permitiese disminuir costes de tiempo, y, gracias a ello, pudiesen seleccionar más libremente el lugar de la región donde instalar su empresa o comprar su vivienda. Lo atestiguan los más de cien nuevos kilómetros de metro de los últimos años, o las nuevas carreteras.

(vi) Esto permitió expandir por toda la Comunidad de Madrid el avance económico y aproximar la renta per cápita disponible entre los habitantes de los distintos municipios, lo que supuso que, en proporción, ésta creció más en las localidades que, históricamente, tenían unos niveles de renta más bajos. Era la primera vez que este fenómeno se daba en la Comunidad de Madrid, y se produjo en esos doce años de Gobierno. Así se cohesionó el tejido económico y social de la región.

Madrid resiste mejor. Medidas ante la crisis

En agosto de 2007, estalla en EEUU la que se conocería como “crisis de las subprime” o “crisis de las hipotecas basura”. Pese a las manifestaciones ese mismo mes del presidente José Luis Rodríguez Zapatero en el diario El País, donde afirmaba que “España está a salvo de la crisis financiera”, lo cierto es que ésta se había activado ya y corría como la pólvora por todos los mercados.

Pese a la acción concertada de al menos una decena de bancos centrales que procuraron una inundación de liquidez, la desconfianza sobre qué tenía cada entidad en su balance era tal que el dinero no circulaba. En muchas ocasiones, se ha responsabilizado de esta dura crisis a “los mercados”, cuando su origen se halla en el mercado de dinero, el más regulado de todos. De modo que, si hubo algún fallo, sería achacable a los reguladores y supervisores e, incluso, a los calificadores crediticios, pero no “a los mercados”, en sentido peyorativo hacia el sistema capitalista.

En España, que ya sufría una desaceleración económica en los indicadores macro, como en la construcción –que siempre actúa como indicador adelantado- desde junio de 2006, nos encontramos con un Gobierno de la nación que quiso negar la realidad ante la inminencia de las elecciones generales de 2008. Basta recordar todas las medidas que articuló para ello el Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero, con el famoso cheque de 400 euros o la negación de la existencia de la crisis por parte de Pedro Solbes en el debate electoral que el entonces vicepresidente mantuvo con Manuel Pizarro.

Tras cinco años de inacción del entonces Gobierno de la nación, la estructura económica española se había quedado vieja e inservible, al no acometer las reformas estructurales y profundas que precisaba nuestro modelo económico.

En ese contexto, como se dijo muchas veces, la Comunidad de Madrid no era una isla, sino que se veía afectada por la coyuntura económica nacional, ya que el 95% de las competencias económicas, laborales y tributarias, como es lógico, recaen en el Gobierno de la nación.

Lo que sí pueden hacer las comunidades autónomas es, dentro de ese pequeño margen de atribuciones, adoptar medidas para crecer más que la media en los momentos alcistas, y frenar la caída en los momentos de crisis. Y eso es lo que logró Madrid, que con el aval de los resultados, acuñó una frase que representaba la realidad del momento: “Madrid resiste mejor”.

Esto es lo que hizo la Comunidad de Madrid. En junio de 2008, redujo cinco consejerías, e inició un camino de eficiencia en la Administración, mediante la supresión de más de cuarenta altos cargos y la disminución, a un tercio, de los coches oficiales.

Por otra parte, los entes, organismos y empresas públicas se recortaron en 112, y se priorizó todo el gasto esencial. En 2010, además, se rebajó la retribución de los altos cargos hasta en un 17%, y se cuestionó toda partida del presupuesto, de manera que sólo permaneciese lo fundamental.

Así, éste se redujo en 2.000 millones de euros, con la eliminación de gastos que, si bien eran importantes, pasaban entonces a un segundo plano para poder primar lo esencial: la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales y el Transporte. De esta forma, el gasto social siguió creciendo en peso sobre el presupuesto cada año, hasta representar el 90% del mismo. Se conseguía, así, otorgarle preeminencia en un entorno de máxima austeridad y caída de ingresos.

Reformas profundas

Una de las características fundamentales que permitió una mejor marcha de la economía madrileña y conseguir ese “milagro” fue el espíritu profundamente reformista del que estuvo imbuida la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2015.

Éste posibilitó, primero, situarla, a través de un salto cualitativo y cuantitativo, como la región número uno en la práctica totalidad de indicadores económicos, y, segundo, mantener una estructura económica que frenó, dentro de su margen de competencias (pequeño, recordemos), la gran crisis que atravesó España y que, por fortuna, va quedando atrás.

Desde esta premisa -sólo se podía aliviar esa difícil situación, frenar la pérdida de puestos de trabajo, conservar todo lo posible el crecimiento económico o mantenerse más cerca de los precios de la zona euro, entre otros resultados-, se insufló confianza y libertad con las políticas aplicadas, sobre las que se tenían prerrogativas, y se instrumentaron otras acciones de choque que frenaron, desde la óptica del menor gasto posible, el descenso de actividad, como las siguientes:

(i) La Ley de Modernización del Comercio.

(ii) El plan de austeridad que se aplicó.

(iii) Una política de innovación que buscó la excelencia y la propagación del espíritu emprendedor en todo el ámbito económico, empresarial y profesional madrileño.

(iv) Un apoyo decidido a las pymes y los autónomos, que son la base de la economía madrileña y española.

(v) Se potenció la internacionalización de la Comunidad de Madrid y se proyectó su imagen al exterior haciendo hincapié en las características de la región.

(vi) Se implantó el bilingüismo en inglés en más de 400 centros educativos públicos.

(vii) Igualmente, se permitió la libre elección de hospital, médico y enfermero por parte del paciente, lo que desembocó en una mejora de la Sanidad madrileña.

Para concluir, las dos medidas más impactantes desde el punto de vista económico fueron la Ley de Dinamización Comercial y la Reforma Fiscal regional.

La primera de ellas permitió, especialmente, dos cosas: Liberalización de horarios completa, para que cada establecimiento pudiese adaptarse mejor a la demanda de sus clientes; y eliminación de la burocracia para emprender, pues se sustituyeron trámites burocráticos por una declaración responsable, que incrementó la velocidad de apertura de establecimientos y, con ello, la actividad económica y el empleo.

En segundo lugar, la reforma fiscal regional constituyó la rebaja de impuestos más ambiciosa de la historia de las comunidades autónomas, de manera que se liberaban recursos para que ciudadanos, trabajadores y empresas pudiesen emplearlos como mejor les pareciese en el sistema productivo. Y es que son los empresarios, ciudadanos y trabajadores los que con su esfuerzo, trabajo, riesgo e ilusión generan la actividad económica productiva, creadora de puestos de trabajo. Por ello, es muy importante que los Gobiernos sean austeros, ya que administraciones austeras generan sociedades prósperas.

Por eso, la Comunidad de Madrid aplicó en la Ley de Medidas Fiscales de 2014, dentro del margen de sus competencias, una política económica basada en la austeridad y eficiencia en el gasto, la estabilidad presupuestaria y la rebaja ordenada y selectiva de impuestos, liberando renta para que los ciudadanos, empresas y trabajadores contasen con más recursos en su bolsillo con los que poder consumir, ahorrar e invertir. En definitiva, generar actividad económica y crear o mantener puestos de trabajo.

Madrid ya había reducido su gasto público en más de 5.000 millones de euros desde el inicio de la crisis (casi un tercio de su presupuesto actual, 2.000 millones de manera estructural), desde la eficiencia, manteniendo el alto nivel de calidad de sus servicios públicos esenciales. Era la única región que había cumplido siempre con la estabilidad presupuestaria, lo que le había llevado a ser la comunidad menos endeudada de España. Y, por tanto, la más solvente, creíble y la que mejor colocaba la deuda en los mercados, al tiempo que llevaba a cabo una ambiciosa política de rebaja ordenada y selectiva de impuestos, y elimina trabas para que empresas y ciudadanos pudieran ejercer mejor su actividad.

Dentro de esa reducción fiscal se encontraba la bajada de un punto en el IRPF, que hacía que tuviese 4 puntos menos que Andalucía y 5 menos que Cataluña. Además, contaba con múltiples deducciones, fue la abanderada en la eliminación del Impuesto de Patrimonio y la única región que entonces lo mantenía suprimido. Acabó en la práctica con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para los familiares más cercanos, anuló el recargo autonómico del IAE y mantuvo en el nivel más bajo el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Esa menor fiscalidad se tradujo en una mejor marcha de la economía productiva. Por ejemplo, con un IRPF cinco puntos por debajo que el de Cataluña y un millón de personas menos, en Madrid se recaudaban, por este concepto, 1.000 millones más. Y con 5 puntos menos de IRPF que Andalucía y 1,5 millones de personas menos, en Madrid se obtenían, por este tributo, 4.000 millones más que en Andalucía, concretamente, el doble de recaudación.

Por ello, se ejecutó esa rebaja de impuestos nunca antes llevada a cabo en una comunidad autónoma, disminuyendo 1,2 puntos adicionales el IRPF, un punto el ITP, un 25% el AJD y eliminando el llamado “céntimo sanitario” para los profesionales de transporte.

Con la aplicación de este paquete de rebajas fiscales, sin duda estábamos ante la mayor rebaja tributaria de la historia de una comunidad autónoma. Con anterioridad, en 2006 y 2007, la Comunidad de Madrid ya había iniciado la desfiscalización del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con la bonificación al 99% de la cuota para los familiares más cercanos. Esto, contrariamente a la doctrina intervencionista, hizo que se recaudasen 100 millones de euros más al año en 2014 (algo más de 550 millones de euros), respecto a la recaudación previa a la desfiscalización de este impuesto, casi diez años antes, cuando nos hallábamos en plena bonanza. La lucha contra el fraude, la mayor veracidad de los importes declarados en sucesiones y el incremento de donaciones aumentaron exponencialmente la recaudación: sólo las sucesiones pasaron de 5.000 donaciones en 2006, a 28.000 en 2014.

Todo ello, sin duda, constituyó un conjunto de reformas de gran calado en la Comunidad de Madrid, que cimentaron un cambio económico sin igual.

Estabilidad presupuestaria y priorización del gasto. Más reformas.

La estabilidad presupuestaria en las cuentas públicas es un elemento indispensable para poder sostener los servicios en el tiempo e impedir que un elevado endeudamiento derivado de múltiples déficit asfixie a una administración y, por tanto, a una sociedad.

Si no se respeta la estabilidad presupuestaria, la deuda será cada vez mayor y, por tanto, los esfuerzos para compensarla serán exponencialmente más altos todavía.

Por todo ello, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, entre noviembre de 2003 y junio de 2015, tuvo siempre muy claro que había que respetar permanentemente los objetivos de estabilidad presupuestaria marcados. En este caso, no se trataba de equilibrio presupuestario, el famoso “déficit cero”, porque los objetivos eran de déficit. Pero, al menos, sí se pretendía no sobrepasar dicho límite. La Comunidad de Madrid lo consiguió de manera muy destacada, mientras la práctica totalidad del resto de regiones incumplía. Sin embargo, no fue fácil lograrlo, porque concurrían estas circunstancias:

(i) Los ingresos de los tributos propios o con gestión cedida, como ITP y AJD, habían visto caer su recaudación desde 5.000 millones de euros, antes de la crisis, a 900 millones de euros.

(ii) El Sistema de Financiación Autonómica perjudicaba seriamente a Madrid, con una merma de ingresos en 2.473 millones de euros por diversos conceptos. Hasta 1.000 millones estaban clarísimamente identificados. A eso se sumaba que una Disposición de la LO 22/2009, de 18 de diciembre, del Sistema de Financiación Autonómica imponía un tope al Fondo de Competitividad del Sistema, de manera que, cada año, Madrid perdía entre 550 y 800 millones de euros. Los cuales, además, no iban a parar a ninguna otra región, sino que se quedaban anotados en una cuenta de la Administración General del Estado.

(iii) Unos gastos crecientes de los servicios esenciales que tenía que prestar (Sanidad, Educación, Servicios Sociales y Transporte), competencias que la comunidad tiene transferidas, pero que vienen marcadas por normativa básica estatal, con lo que no puede operar sobre dicha cartera de servicios, de obligado cumplimiento, como no sea vía eficiencia, que resulta limitada.

Con todo ello, en julio de 2012, el Ministerio de Hacienda y AAPP comunicó a la Comunidad de Madrid los datos de los ingresos que le correspondían para 2013 relativos a los impuestos sujetos a entregas a cuenta y liquidación. Dicha liquidación de 2011, a efectuarse en 2013, suponía un descenso de algo más de 1.000 millones de euros. Junto a ello, el objetivo de estabilidad pasaba del 1,5% de 2012 a 0,7% en 2013, lo que implicaba un ajuste adicional de 1.600 millones de euros.

En total, Madrid debía reducir su presupuesto para 2013 en 2.759 millones de euros. Una parte, 1.335 millones, se haría por incremento de ingresos sin subir impuestos, y la otra restante, 1.424 millones de euros, por medio de un ajuste de gasto sin recortes, vía eficiencia.

Ese mes de julio, se mantuvieron diversas reuniones al máximo nivel para, con Hacienda de la Comunidad de Madrid, abordar el cuadre de tan complicada situación. Todas las medidas adoptadas fueron audaces, nada fáciles, pero se tomaron pensando, como siempre, en lo mejor para los madrileños.

Especialmente valiente fue el equipo de Sanidad, que aplicó una serie de disposiciones que hacían más eficiente el gasto y que, por tanto, permitían hacer más con menos. Como los posteriores acontecimientos mostrarían, se ratificó la afirmación de un miembro del Gobierno regional que dijo que “en España, es más fácil hacer recortes que reformas”. Efectivamente, en Cataluña se cerraron plantas enteras de hospitales y, salvo protestas iniciales, nada más pasó; en Madrid, se propuso una modernización de la gestión que mantenía, e incluso mejoraba, todos los servicios existentes, y lo que se recibió fue un ataque brutal por parte de propios y extraños. No obstante, se hizo lo que se debía: reformas y no recortes. Que agentes externos impidiesen su ejecución es ya responsabilidad de esos terceros, no del entonces Gobierno de la Comunidad de Madrid, que realizó su trabajo en beneficio de los ciudadanos.

Para conseguir movilizar 1.335 millones de euros, se instrumentó la siguiente relación:

(i) Mayor recaudación por evolución positiva de Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Patrimonio (procedente de devengos de años anteriores, cuando no se había desfiscalizado) y nuevas actividades del juego: 170 millones.

(ii) Incremento de tasas: 83=80 (euro por receta)+3 (ciclos formativos).

(iii) Otras liquidaciones del sistema: 190 millones (mayor liquidación por 176 millones y liquidación patrimonial por 14).

(iv) Ingresos patrimoniales: 150=100 (CYII)+50 (Consorcios)

(v) Incremento de enajenación de inversiones reales (742 millones).

Por la vía de la eficiencia en el gasto:

(i) Operaría el euro por receta: aunque la medida había que presupuestarla en la parte de ingresos al tratarse de una tasa, su fin era de eficiencia en el gasto, de manera que, en los sólo 21 días en los que estuvo en vigor, ahorró varios millones de euros. De esta forma, de haberse podido mantener, habría generado unos ahorros al año, por la vía de un menor gasto, de más de 100 millones de euros.

(ii) Operaría el conjunto de la reforma sanitaria, que mejoraría, todavía más, los servicios ofrecidos de la que era la mejor sanidad de España, con un menor coste para los ciudadanos, lo que merece un capítulo aparte.

Pese a todos los problemas y zancadillas, la Comunidad de Madrid se mantuvo como la región con menor déficit y deuda de todo el período de crisis, la más saneada y la que mejor calificación contaba entre los inversores, como veremos en el capítulo de las emisiones de deuda.

Madrid fue siempre la comunidad que abanderaba la estabilidad: mientras otras pedían más capacidad de gasto, Madrid solicitaban más capacidad de reformas; mientras otros demandaban que se relajasen objetivos de estabilidad, Madrid reclamaba que se acometiesen los cambios oportunos en la normativa básica para poder reducir más el déficit; y mientras otros, que recibían infinitamente más del Sistema de Financiación Autonómica o contaban con objetivos de déficit más flexibles, se excedían del límite un año tras otro, sin aportar contención para el objetivo conjunto de España, Madrid se esforzaba en cumplir y mitigar así esas desviaciones que tenían otros. Ésa fue la realidad.

La gran reforma de la Sanidad madrileña y su eficiencia en el gasto: más servicios con menor coste

La reforma sanitaria que impulsó la Comunidad de Madrid, paralizada políticamente aprovechando un defecto de forma o error material que se iba a subsanar, tenía su base en una búsqueda de la mejora de la eficiencia, para lograr unos ahorros de costes que permitían mantener la misma prestación de servicios, a la misma población y sin que los pacientes tuviesen que pagar nada por recibirlos.

Al fin y al cabo, no era más que la aplicación de una de las posibilidades que da la teoría de la elección pública a la hora de decidir cómo gestionar y producir los bienes públicos, donde la disyuntiva se encuentra en si los produce el sector público directamente, o el sector privado, siempre bajo la financiación y provisión pública de dichos bienes, que son y seguirán siendo públicos.

Por tanto, a la hora de tomar esta decisión, la Comunidad de Madrid y, concretamente, la Consejería de Sanidad, se basó en el análisis de comparación entre los distintos modelos de gestión, tanto desde el punto de vista del coste como del servicio, con la premisa de no menoscabar ni un ápice la prestación ni la cobertura de la misma, pero abaratando el gasto.

Lo que se pretendía era ahorrar fondos a los ciudadanos, que financian la Sanidad con sus impuestos, sin disminuir en nada ni la calidad ni la cantidad de prestaciones sanitarias. Ésa es la realidad de la reforma.

Una gestión más flexible y eficiente

Para poder tomar una decisión fundamentada, la Comunidad de Madrid llevó a cabo, a través de la Consejería de Sanidad, un estudio de comparación de costes y calidad asistencial entre los hospitales en los que se lleva la gestión de manera pública, que ahora se va a externalizar, y aquellos otros en los que la gestión ya se encontraba en esa fase.

Una vez analizados los datos, la conclusión era clara: el ahorro que se consigue con la externalización de los servicios es muy importante respecto al otro modelo. Pero es que, además, la calidad de los servicios no sólo no se merma, sino que, en muchos casos, se incrementa. Esa mayor eficiencia en la gestión, sin menoscabo de los servicios, se obtiene por distintas vías:

(i) Recursos humanos: la gestión sanitaria externalizada tiene un mayor margen de maniobra para conseguir, tanto una mayor incentivación de sus profesionales como una adecuación más rápida de sus turnos a la demanda existente, gracias a la mayor flexibilidad que existe en el sector privado sobre el sistema laboral público. Esto permite reasignar más eficientemente recursos a las horas de mayor necesidad y ahorrar sobrecostes originados por horas extraordinarias o suplementos que encarecen el sistema pero que no mejoran en nada la calidad.

(ii) Relación con proveedores: la flexibilidad del sector privado para negociar con los proveedores posibilita la obtención de mejores precios y de un mejor servicio, al poder hacerlo de una manera más directa y sin los procedimientos burocráticos que marca la ley de contratación del sector público. Todo ello sometido al férreo control de calidad que ejercen las autoridades y que garantiza que el ahorro no merme la calidad y que todo se realiza dentro de la más estricta ortodoxia legal.

(iii) Así, todas las empresas a las que se les encomendase la externalización del servicio deberán ajustarse, ofreciendo la misma calidad, a un precio establecido en la cápita, que cubre a una determinada población de referencia. Esto aseguraba, al mismo tiempo, cumplir el techo de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria de la Comunidad de Madrid.

La calidad en la asistencia estaba garantizada, tanto por la vía del control de la Administración, como por la experiencia, que demuestra que los centros hospitalarios privados cuentan con los medios para poder atender grandes actuaciones sanitarias, de manera que la externalización dispone de esos mismos medios, máxime cuando están financiados por el sector público.

Datos de comparación entre gestión pública directa y externalización

Como antes se indicaba, la comparación entre ambos modelos podemos establecerla gracias a que en Madrid contamos, tanto con hospitales con gestión directa pública, como con otros que ya la tienen externalizada. Por tanto, dejemos que hablen los datos para comprobar que la flexibilidad en la gestión global del servicio que comporta la externalización es mucho mayor que la que exhibe la prestación del servicio de manera directa por parte del sector público.

Ahorro en costes mediante la eficiencia

Para poder realizar una comparación homogénea y ortodoxa, debemos considerar dos hospitales equiparables, con similar tamaño, cartera de servicios y tramo de población. Un hospital con los servicios externalizados, sistema que se pretendía extender mediante la reforma a seis centros, es el Infanta Elena de Valdemoro. Un hospital comparable con gestión pública directa (la cual se iba a externalizar) era el del Tajo.

Los datos que se desprenden del análisis de ambos claramente muestran la mayor eficiencia en la prestación de servicios y satisfacción del cliente en el caso de los hospitales externalizados frente a los no externalizados en todos los indicadores. Ésa fue la realidad de la gran reforma que maniobras políticas anularon, con perjuicio para los madrileños y, extensivamente, para todos los españoles.

Emisiones de deuda, rechazo al FLA y al déficit asimétrico

Emisiones de deuda

La Comunidad de Madrid se convirtió, en los años de la crisis, en la región más firmemente defensora de la estabilidad presupuestaria. Gracias a ella, mejoraron las cuentas del conjunto de España y se mitigaron las desviaciones de déficit de otras regiones o administraciones públicas. La aplicación de una austeridad que centraba el gasto en lo realmente esencial, que lo preservaba y aumentaba a costa de prescindir de partidas que pasaban a un segundo plano, permitió cumplir con dichos objetivos de déficit.

Gracias a ello, Madrid se consolidó como la región con menor deuda de España, pues es el déficit el que origina la deuda, como la economía nos enseña. A veces, resulta sonrojante oír a algunos políticos, generalmente de izquierdas, decir que hay que relajar los objetivos de déficit, pero que se debe acabar con el crecimiento de la deuda. Sencillamente eso es incompatible, pues la deuda se genera porque los gastos no financieros son mayores que los ingresos no financieros, y esa diferencia se cubre con estos últimos, es decir, con endeudamiento.

Esta comunidad solventó, año tras año, toda su financiación directamente en el mercado. Esto fue especialmente complicado en 2012, cuando, tras una emisión exitosa de 665 millones de euros en el mes de marzo, sobrevinieron meses de sequía, debido a la firma del MoU financiero por parte de España. Esto supuso la casi expulsión de las regiones de los mercados. Desde el refrendo del citado MoU, Madrid consiguió firmar un préstamo de 400 millones de euros en mayo de 2012 y, el 30 de septiembre de dicho año, logró realizar una emisión bilateral de deuda por valor de 30 millones.

En esas circunstancias, y con 2.500 millones todavía que financiar ese año, Madrid debía decidir si acudía o no al FLA, que sólo cubría la mitad de las necesidades de financiación de las regiones, como consta en carta remitida por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas a finales de 2012. Por ello, pese a no darse buenas circunstancias para ello, tenía que probar y salir al mercado en una emisión pública. Nunca ha habido tanto consenso entre el sindicato de bancos seleccionado y el propio emisor –en este caso, la Comunidad de Madrid- acerca del más que probable fracaso de la emisión. Pero sólo intentándolo podía testarse el apetito que había para comprar papel de la Comunidad de Madrid.

De esa forma, el 2 de octubre de 2012, Madrid salía al mercado; tras tres horas de operación, el libro no reunía más que 37 millones de euros, de manera que la Comunidad decidió abortar la emisión.

Al día siguiente, la totalidad de las portadas de los periódicos nacionales –de información general y económicos- recogían la fallida operación. Hasta Financial Times escribió un editorial contra Madrid, y algún alto cargo de una institución financiera pública le dijo en privado a otro de la Comunidad de Madrid que habían hecho mucho daño a España. Afortunadamente, el tiempo daría la razón a la Comunidad sobre la conveniencia de haber realizado esa operación y lo equivocado de esas duras palabras que no venían a cuento. Las críticas había que tomarlas por la sorpresa de que Madrid no colocase, pues lo normal es que pudiese hacerlo.

Gracias a esa operación retirada, desde el día siguiente y durante diez jornadas consecutivas, se cerraron operaciones bilaterales por un importe total de 938 millones de euros. Con ello, la Comunidad de Madrid había colocado todo lo permitido por el Consejo de Ministros, así que procedió a solicitar la parte que restaba por autorizar, 1.461 millones de euros.

Entonces, la Comunidad de Madrid se lanzó a más de un mes de trabajo intenso en búsqueda de inversores. A finales de noviembre de 2012, más de un mes antes de que terminase el año, Madrid anunció dos operaciones privadas por una suma total de 1.451 millones de euros, a un año y cuatro meses, y un año y diez meses; y una más por 10 millones de euros, un importe pequeño pero que se realizaría con el fin de que sirviese a medio plazo para abrir un interesante bono, de vencimiento en 2026, que tendría gran éxito en la financiación de Madrid en los siguientes años, recibiendo cientos de millones de inversión.

En enero de 2013, se llevó a cabo la primera de las que serían muchas operaciones espectaculares de emisión pública de deuda de la Comunidad de Madrid, con 1.000 millones, pero con una demanda de casi el triple, ajustando mucho el diferencial sobre el Tesoro y a un plazo de cinco años.

Todo 2013 se caracterizó por la emisión de operaciones públicas de deuda de las que cada una mejoraba la anterior. Esa tónica continuó en 2014. En 2015, el logro fue aún más impresionante: en la primavera se consiguió emitir a diez años a un diferencial de salida inferior a la cotización del mismo bono en secundario. Nadie había hecho eso nunca antes, y nadie lo ha hecho después. La emisión fue un rotundo éxito de 1.400 millones, con gran sobredemanda. Adicionalmente, pese a no ser administración general, sino una empresa privada, aunque con mayoría accionarial de un ente público, Canal de Isabel II salía por primera vez al mercado, y lograba cerrar la operación sin tener que pagar un diferencial con Tesoro. Aunque fue tratada como un corporate en el mercado, el hecho de tener como accionista a Comunidad de Madrid influyó en los inversores para darle la solvencia en los mercados de emisión que tenía la Comunidad, confirmada por las agencias de rating con una calificación oficiosa crediticia dos escalones mejor que la de España (aunque oficialmente no pudiesen dársela, al depender de los ingresos de la Administración central).

Rechazo al FLA

Por todo ello, Madrid no podía ir ni al FLA ni al posterior FLA edulcorado que fue el Fondo de Facilidad Financiera (FFF):

(i) Todo ello convirtió a la Comunidad de Madrid en el segundo emisor público más importante de España, tras Tesoro, y su papel era muy apreciado en los mercados, gozando de una gran liquidez en el mercado secundario, lo que muestra la fuerte demanda de la deuda de la Comunidad que tienen los inversores; demanda que no procede sino de la confianza que tienen en ella.

(ii) Con este importante hueco que la Comunidad de Madrid tenía en el mercado, era esencial que siguiese financiándose por ella misma. Primero, porque demuestra que las CC.AA. pueden ser rigurosas, creíbles y solventes, y, segundo, porque acceder al mecanismo financiero propuesto por el MINHAP ni le ahorraba nada en 2015, ni prácticamente nada a lo largo de 2016 y 2017. Por el contrario, acceder a dicho mecanismo la habría expulsado de los mercados y, cuando hubiese tenido que volver a los mismos, pues éste es provisional, o bien no habría tenido acceso a ellos, con lo que no se podría ni financiar ni pagar, o debería abonar mucho más, lo que sería un coste insostenible.

(iii) Adicionalmente, acudir a dicho mecanismo suponía mutualizar deuda de todas las CC.AA. Y no nos engañemos: eso supone mutualizar riesgo. Es decir, las CC.AA. menos solventes sí ven mejorado su riesgo, pero las que lo son más –y la Comunidad de Madrid, con la menor deuda de todas, era la más solvente- lo verían incrementarse, por lo que dicho mecanismo perjudicaba su solvencia y credibilidad y encarecía a futuro su deuda.

(iv) Por todo ello, la Comunidad de Madrid decidió no recurrir a ello, dado que se podía financiar estructuralmente por sí misma a menor coste, sin necesidad de asumir ninguno de los elevados quebrantos que hacerlo suponía, tanto en términos de mayor riesgo, coste, o de incapacidad para acceder en el futuro a los mercados y poder pagar.

(v) Además, consiguió movilizar más de 800 millones de euros a tipo de interés cero para 2015, 2016 y 2017, frente a los del FFF, que sólo los garantizaba para 2015.

(vi) Todo ello hizo que Comunidad de Madrid tuviese un coste medio de su deuda inferior al del propio Tesoro. El abaratamiento del coste de la deuda que consiguió Madrid fue tan importante que era menor que el que tenía en el año 2010. Y eso pese a que el volumen de la deuda acumulado ascendía a la mitad (aunque tanto en 2010 como en 2015 fue la región menos endeudada). Así, el coste se redujo desde un 3,41% a un plazo de 4,5 años, hasta el 3,37%, a un plazo mayor, lo que da más robustez a la solvencia de Madrid: alrededor de 6 años.

Voto en contra del déficit asimétrico 

La Comunidad de Madrid votó NO a los objetivos de estabilidad planteados por el Gobierno de España de manera individual para las CC.AA. el 31 de julio de 2013. Y lo hizo por las siguientes razones:

(i) No se podía premiar a quien incumple y castigar a quien cumple.

(ii) Esto era grave por partida doble, ya que no sólo se tomaba como punto de referencia para asignar el objetivo de estabilidad el mayor déficit que se hubiera registrado el año precedente, sino que, además, no se impedía una desviación que podrían haber evitado.

(iii) Por otra parte, a Madrid se la penalizaba por cumplir, bajándole el objetivo, elemento que distorsionaba el espíritu de la LOEPSF.

(iv) Adicionalmente, se alegaba que los mercados no podrían entender que una administración tuviese en 2013 un objetivo mayor que aquel con el que hubiese cerrado en 2012. Sin embargo, tanto Administración General del Estado como Seguridad Social lo habían incrementado.

(v) Este perjuicio acrecentaba otro del que hablaremos más adelante: el del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), por el cual Madrid se convierte en la comunidad más perjudicada. Podemos hablar de porcentaje asignado sobre la recaudación de la agencia especial de la AEAT, o de la financiación per cápita. En todos ellos, Madrid sale perdiendo. Pero lo más determinante se produce en el nivel de ingresos que recibe del SFA, sometidos a entregas a cuenta y liquidación sobre el PIB, siendo de un 6,06%, casi 3 puntos menos que la media de las CC.AA. Y esto porque, junto con los gastos sobre el PIB, son los que marcan el saldo del objetivo presupuestario.

(vi) Por tanto, Madrid tenía que hacer, de partida, un ajuste de gasto 3 puntos superior a la media. Y, adicionalmente, más todavía, porque situaban el objetivo de déficit por debajo de la media.

(vii) Ante esta situación y las trampas del SFA, se obligaba a que los madrileños tuviesen que sufrir grandes ajustes, pese a ser los que más habían cumplido y los más solidarios. Sólo ese perjuicio de partida hacía que Madrid tuviese que ajustar sus gastos en 5.590 millones de euros. En 2013, había un ajuste 5,5 décimas del PIB superior al del resto de CC.AA., ya que Madrid era la única que veía bajar sus ingresos del SFA, y nada menos que 1.011 millones de euros, cantidad que se elevaba a 1.300 millones para 2014. En 2013, le imponían un objetivo de estabilidad 2,3 décimas inferior a la media de las CC.AA., lo que obligaba a un mayor ajuste, por importe de 428,6 millones de euros. Le quitaban casi 3 décimas, que son las que le dieron a la incumplidora Cataluña. En 2014, Madrid veía reducirse en 300 millones respecto a 2013 los ingresos de entregas a cuenta y liquidaciones del SFA, casi 2 décimas más de PIB de ajuste.

(viii) Por todo ello, y desde la más absoluta lealtad con el conjunto de España, con su economía, con la estabilidad presupuestaria y las leyes que la regulan, la Comunidad de Madrid tuvo que votar NO a ese acuerdo que proponían, el cual volaba por los aires tanto la consecución del objetivo de estabilidad como la propia buena marcha de la economía española, al convertir en papel mojado la Ley de Estabilidad.

Sistema de Financiación Autonómica

El Sistema de Financiación Autonómica actual es un auténtico despropósito. Y no porque perjudique a la Comunidad de Madrid. Eso sólo es una plasmación parcial de lo nocivo que es si se lleva al grado extremo, como ocurre en el caso de esta región.

Se trata de un sistema que no entiende nadie, ya que no guarda coherencia entre sus componentes y los resultados que se obtienen. Los elementos de cálculo que incorpora contienen hasta cuatro años de desfase respecto al que se pretende medir para repartir la financiación. Y es que fue diseñado de manera que se obtuviese un resultado predeterminado por los pactos políticos a los que se llegó entonces. Se combinaban una serie de variables, como la población, la dispersión, el envejecimiento o la insularidad. Y se introdujo una más, que se ha dado en llamar la población protegida, que no es más que una ponderación de la población real por tramos de edad.

Dichos tramos se eligieron seleccionando muy bien los grupos en los que se dividían, las ponderaciones que se daba a cada uno de ellos y las edades que comprendían. Fueron siete grupos, unas ponderaciones y unos intervalos, pero pudieron ser otros.

Para rematar el esperpento, incorporaron alguna variable más, con el fin de repartir unos fondos extra, ligándolos a la dependencia. En lugar de distribuirlos en función de la atención que se realizaba, como era lo lógico, se hizo conforme a las prestaciones que se reconocían. ¿Por qué? Porque permitía cuadrar el resultado.

Paralelamente, se introdujeron distintos fondos, con la intención de establecer unos porcentajes de aportación, y unos criterios para acceder a ellos. ¿Por qué ésos y no otros? También porque cuadraban con el resultado. Y se añadieron topes en los repartos. ¿Por qué? Una vez más, porque cuadraban con el resultado.

Es decir, todo el sistema es artificial, ya que las ponderaciones, fondos y distribuciones no están adoptados porque guarden una coherencia. Una relación lógica habría dado otro resultado, y permitido un sistema sencillo, claro y transparente. Pero eso no cuadraba con el resultado que se pretendía. Por eso, se enmarañó con todos estos indicadores, se violentaron estimaciones que sólo se podían calcular si se introducía un retraso de cuatro años, y se retorció estadísticamente. Por ello, nadie, ni siquiera el propio Ministerio, sabe cómo va a evolucionar el sistema y a responder ante un cambio de variables.

Esto genera hechos incoherentes, como que una región crezca mucho más que el resto y, sin embargo, se vea castigada en el reparto del IVA o los impuestos especiales, con pérdidas de cientos de millones de euros. Es tal el absurdo que, por ejemplo, un incremento en la recaudación por una mejor marcha de la economía de la región (pongamos que por valor de 800 millones) puede hacer que el resultado de esta misma región empeore en un millón. Se puede comprobar analizando la liquidación definitiva del año 2012 por parte del MINHAP.

Así, la Comunidad de Madrid vio incrementarse ese año su recaudación definitiva por IRPF, IVA e IIEE en 58,16 millones de euros, gracias a su mayor actividad económica y pujanza y, sin embargo, perdió casi 100 millones más. Ello se debe a que tenía que aportar 113 millones extra al fondo de garantía de los servicios esenciales, que cubre la Sanidad, Educación y Servicios Sociales, del resto de CC.AA.

Del mismo modo, la trampa introducida contra Madrid en el fondo de competitividad hizo que esta región dejase de recibir 42 millones respecto a la previsión inicial, dado que, comparativamente con el resto de comunidades, es más rica, y, por tanto, su capacidad fiscal sobrepasa todavía más el límite, quedando fuera del reparto en una proporción mayor. De esa manera, se demuestra que el SFA va contra la buena marcha de la economía, dado que, cuanto mejor evoluciona la actividad económica de una región y, por tanto, su recaudación, menos recibe globalmente al final, al pasar por los retorcimientos estadísticos y las trampas del Sistema.

El SFA ha perjudicado a Madrid y a Baleares, únicas que aumentaron la recaudación por impuestos en 2012 y que vieron disminuir lo que reciben. Sin embargo, castiga mucho menos a la segunda, pues la región balear pierde un 38% en el fondo de garantía, frente al 1.330% que empeora Madrid. Y si hablamos del fondo de competitividad, Baleares sufre una pérdida del 1,22%, frente a la del 30,50% de Madrid en dicho año. A las dos regiones el sistema las trata mal, cuando en ellas aumenta la recaudación, lo cual desincentiva el que una economía prospere. Pero Madrid, además, sufre las trampas del mismo, que hacen que todavía pierda mucho más en el resultado final cuanto mejor va su economía y más recauda.

Este especial perjuicio a Madrid se cifra pues en más de 1.000 millones de euros, que puede llegar hasta los 2.473, y sólo por la trampa del Fondo de Competitividad pierde entre 550 y 800 millones de euros cada año, los cuales, además, no benefician a ninguna otra región. Esto obliga a Madrid a tener que realizar de partida, para cumplir con el objetivo de déficit, un mayor ajuste en el gasto, de más de mil millones de euros, ya que eso son los ingresos que recibe de menos estructuralmente.

Adicionalmente, el Sistema de Financiación Autonómica (SFA) hay que cambiarlo, porque el actual expiró el 31 de diciembre de 2013, tal y como establece la Ley que lo regula. Por eso, hay que ir hacia un sistema claro, transparente, sencillo, justo y que sea coherente, que premie los incrementos de recaudación y que sea previsible, porque esta cualidad es la más importante para el desarrollo de una economía.

Balance de una era

Los años de Gobierno de la Comunidad de Madrid entre noviembre de 2003 y junio de 2015, liderados por los presidentes Aguirre y González, constituyeron una auténtica revolución económica, que sacó a Madrid de su letargo y la situó como la primera región de España en la práctica totalidad de todos los indicadores económicos. Bajo sus Gobiernos, se aplicó una política económica rigurosa, seria y coherente, que dotó de solvencia y credibilidad a la economía madrileña, que permitió que la comunidad siempre se pudiese financiar, garantizando, por tanto, que a sus ciudadanos les fuese posible gozar en todo momento de unos excelentes servicios públicos de altísima calidad. Esta política, de priorización del gasto social, eficiencia y cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, hizo posible en los últimos doce años que los madrileños tuviesen los impuestos más bajos de España y los mejores servicios públicos, entre los que podemos destacar, desde 2003:

(i) Doce hospitales nuevos.

(ii) Ochenta nuevos centros de salud.

(iii) 3.300 nuevos médicos.

(iv) Libre elección de médico, centro y hospital.

(v) Más de 400 nuevos centros educativos.

(vi) Generalización del bilingüismo en los centros educativos públicos y concertados, con más de 450 centros.

(vii) 240 centros de día y discapacidad.

(viii) Triplicación de la Renta Mínima de Inserción.

(ix) Más de 100 kilómetros de Metro.

(x) 90 nuevas estaciones de Metro.

(xi) Ampliación de la red de carreteras.

Realidades que fueron posibles gracias a la política económica que se aplicó, ortodoxa, que liberaba renta para que los ciudadanos dispusiesen de mayores recursos con los que poder consumir, ahorrar e invertir. Una política que, desde la premisa de que las administraciones austeras generan, gracias a la eficiencia, sociedades prósperas, dotaba de un mayor volumen de servicios de altísima calidad y excelencia.

Y este mejor comportamiento de la economía madrileña, que hacía que la comunidad avanzase más que el conjunto de España en las épocas de bonanza y resistiese mejor que el resto en los momentos de crisis, no fue fruto de la casualidad. No todas las políticas son iguales. No es cierto que sólo haya una política económica posible. Las hay muy diversas, y dan distintos resultados. No es igual ser austeros, buscar la eficiencia, cumplir con el objetivo de déficit, bajar impuestos y eliminar trabas que tomar las decisiones diametralmente opuestas. No son las mismas decisiones y tampoco lo son los resultados que provocan.

A lo largo de todo ese período, los Gobiernos de los presidentes Aguirre y González, al aplicar una política económica liberal-conservadora, consiguieron, como balance, lo siguiente:

(1) Madrid era la región con los impuestos más bajos.

(2) Madrid era la región que siempre cumplió mejor con los objetivos de estabilidad y la que tenía la deuda más baja.

(3) Madrid era previsible en sus actuaciones y aplicaba una política de eliminación de trabas que trabajaba proactivamente para que se pudiese generar actividad económica y empleo.

(4) Todo ello hizo solvente a Madrid, de manera que lideraba la atracción de empresas, la inversión y el avance de la economía y el empleo.

(5) Esa solvencia y credibilidad le permitió financiarse directamente en los mercados, sin riesgo de intromisión en sus políticas y consiguiendo una financiación mejor en plazo y en coste. De hecho, Madrid tuvo un coste medio de su cartera de deuda inferior al de la cartera media de Tesoro.

(6) Madrid contó con un buen plan de optimización de patrimonio, tanto en ventas como en renegociación de alquileres.

(7) Madrid era la región más solidaria, ya que los madrileños, con los 4.000 millones de euros que aportan al resto de CC.AA. a través del Sistema de Financiación Autonómica, posibilitan que se preste la Sanidad, Educación y Servicios Sociales en regiones menos prósperas.

Fue una etapa en la que se logró hacer de la Comunidad de Madrid un referente en todos los aspectos, modernizarla y dinamizarla. En definitiva, se consiguió ese “milagro económico de Madrid”, como demuestran los datos. Ojalá no se abandone esa senda, pero eso ya no es objeto de este libro.


Deja un comentario


Otro contenido sobre #Política