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nov
Expansión

El Banco de España informó ayer de que la deuda pública española creció en septiembre, por segundo mes consecutivo, hasta alcanzar un nivel, que es el récord histórico de endeudamiento, de 1,175 billones de euros, lo que supone cerca del 98% del PIB. De seguir así, España podría llegar a constituir, para la Unión Europea, un problema económico que se sumase al italiano.

Efectivamente, una de las cuestiones que más preocupan actualmente en Europa es la extraordinaria acumulación que ha experimentado la deuda púbica, en algunos países, en los últimos diez años. A partir de 2008, a causa de la crisis, aumentó rápidamente el gasto social –como los subsidios y las prestaciones por desempleo–, mientras que los ingresos fiscales disminuyeron por el bajo crecimiento de la economía. La consecuencia fue un incremento del déficit público, que hubo que financiar con elevadas emisiones de deuda. En el conjunto de la zona del euro, la deuda pública pasó de representar el 65% del PIB en 2007 al 90% en 2018.

Después de estos diez años, el exceso de endeudamiento y las dificultades para reducirlo persisten en países como Grecia, Italia, Portugal, España y Bélgica. Esto constituye un quebradero de cabeza tanto para sus autoridades económicas nacionales como para la Comisión Europea (CE) y ciertos organismos internacionales, en especial el FMI.

ITALIA VA MAL

Recientemente la CE ha alertado al gobierno de Italia sobre su situación fiscal, señalando que el déficit público que pretende alcanzar en 2019, el 2,9% del PIB, y en 2020, el 3,1%, dificultan enormemente la reducción de la deuda pública. Ésta se sitúa por encima del 131% del PIB. El Plan de Estabilidad Financiera 2018-2021 para Italia establece que el año próximo ese porcentaje baje hasta el 127% del PIB y su déficit público se sitúe en el 2,4%, y no en el 2,9% que pretende el gobierno italiano; y en 2020, en el 2,5%, y no en el 3,1% que aparece en el presupuesto enviado a Bruselas. La CE defiende que, de no enmendar los presupuestos, la deuda continuará estancada en el nivel actual.

Este desafío del Gobierno italiano a las reglas presupuestarias de la CE podría desembocar en una nueva crisis. No en vano, en un gesto sin precedentes, las cuentas elaboradas por La Liga y el Movimiento 5 Estrellas fueron rechazadas por las autoridades europeas. Y el Ejecutivo de este país se niega a rectificar, por lo que podría recibir sanciones de la CE en concepto de una deuda excesiva. Desgraciadamente, en algunos Estados tan endeudados como éste, las dudas sobre la calidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas podrían extenderse a los sectores bancarios nacionales, lo que agravaría las preocupaciones en cuanto a la estabilidad financiera.

También el FMI ha indicado que el estímulo fiscal que planea el Gobierno de Italia conlleva riesgos sustanciales que dejarían al país en una situación muy vulnerable. Advierte, asimismo, de que los potenciales efectos positivos de la política fiscal expansiva en el corto plazo podrían verse contrarrestados por las consecuencias negativas de la ampliación de los diferenciales de la deuda soberana, que acabarán encareciendo los costes de financiación del sector público y del privado.

ESPAÑA NO ES ITALIA

Existen dos diferencias importantes entre Italia y España: mientras que nuestro sistema bancario se ha recapitalizado en los últimos años, el italiano no lo suficiente. Además, el grado de endeudamiento en España es menor que en Italia, como muestran sus respectivas primas de riesgo. La diferencia entre el tipo de interés del bono español a diez años y el alemán asciende a 127 puntos básicos, frente a los 313 de Italia. Sin embargo, esta ventaja no debe convertirse en motivo de complacencia. No en balde, seguimos formando parte del grupo de los países del euro más vulnerables por su elevado volumen de deuda pública. Ésta ha pasado de representar el 50% del PIB a finales del 2008 a un 98% en la actualidad. Un aumento aproximado de 50 puntos porcentuales en los últimos 10 años, que va a dificultar el crecimiento económico futuro y que nos coloca en una situación complicada, ya que el objetivo marcado por Bruselas de deuda pública se cifra en el 89,1% para 2021, siguiendo estos hitos: el 97% en 2018, el 95,2% en 2019 y el 92,4% en 2020.

Una elevación de los tipos de interés, que se prevé a medio plazo, o un enfriamiento de la economía (con la menor recaudación fiscal que conlleva), son factores que pueden complicar el panorama de las finanzas públicas. En este sentido, la confianza en que España reduzca su deuda se compromete con un proyecto de presupuestos expansivos, como el que al parecer se negocia.

Precisamente, el último Consenso Económico de la consultora PwC, publicado la semana pasada, recoge un apunte monográfico (El riesgo latente de la deuda y la burbuja inmobiliaria) que intenta arrojar un poco de luz sobre este problema. El informe se basa en las respuestas a un cuestionario enviado a más de 400 expertos, directivos y empresarios españoles. El 86% de ellos opinan que la previsión de deuda pública no se cumplirá, y que en 2021 ésta todavía se hallará muy por encima del 90%.

Además, el 93% del panel de encuestados cree que no existe en España una estrategia clara para conseguir reducir significativamente estos niveles, y que sus posibles bajadas están condicionadas exclusivamente por el crecimiento de la economía.

La razón que sustenta este pesimismo es que las políticas que se piensan aplicar, como la subida de las pensiones y el incremento salarial para los funcionarios, van a actuar en sentido contrario a la consecución del objetivo. También, si se aprueba, la jubilación forzosa que supondrá un aumento en el número de pensionistas y, por tanto, del gasto y una reducción de los ingresos por las menores cotizaciones sociales.

EL PROBLEMA Y LA SOLUCIÓN

Los expertos consultados están inquietos ante el exceso de endeudamiento del sector público fundamentalmente por dos motivos: en primer lugar, porque constituye una fuente de vulnerabilidad de nuestra economía frente a una posible subida de los tipos de interés y, en segundo, porque limita el margen de maniobra de la política fiscal ante una hipotética nueva recesión.

Preguntados por las estrategias para combatir este excesivo endeudamiento, señalan la necesidad de racionalizar el gasto (53,7% de los encuestados), y acometer mejoras estructurales que engrosen las bases imponibles (41,3%). Sólo el 5% cree que se deban subir los impuestos.

¿Cómo articular ambas medidas? Si se quiere aumentar la solvencia de España, hay que reformar el sector público. De ahí que el nuevo Gobierno de España debiera transitar desde unas Administraciones públicas ineficientes y deficitarias a otras más transparentes y económicamente equilibradas.

Por otro lado, el incremento de las bases imponibles pasa por fortalecer el tejido empresarial, el empleo y la productividad. Es decir, la economía tendría que avanzar de forma más rápida y con mejor calidad. En un escenario con crecientes riesgos políticos y económicos a nivel global y nacional, es urgente que el Gobierno realice reformas estructurales profundas que activen el emprendimiento y la competitividad de las empresas, para, a través de esta vía, recaudar más y mantener el Estado de Bienestar.

Si no se aplican las reformas necesarias para reducir el déficit público el crecimiento económico y el empleo se irán frenando, el descontento de los ciudadanos aumentará, y se acrecentarán las dificultades para reducir la deuda pública.


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