26
jun

RESUMEN EJECUTIVO

Este informe, elaborado por Julian Jessop (Institute of Economic Affairs), Massimiliano Trovato (Istituto Bruno Leoni) , Nicolas Marques (Institut Économique Molinari), Javier Santacruz (Civismo), consiste en una valoración crítica sobre los planes de la UE para la facturación digital.

Ante la propuesta de la Comisión Europea para un nuevo conjunto de impuestos a la actividad de las compañías digitales, este estudio explica porque la misma sería desproporcionada, discriminatoria y perjudicial para la economía europea. Estos impuestos se basan en la idea de que las compañías globales de tecnología no están pagando un “porcentaje justo” de impuestos. Otras razones refieren al comportamiento de estas compañías (abuso de uso de datos personales o propagación fake news).

El caso en contra de estos impuestos: Tanto economistas como expertos en fiscalidad acuerdan que los impuestos corporativos son ineficientes para aumentar los ingresos estatales, ya que muchas corporaciones se establecen en jurisdicciones de baja tributación.

Se cree que al aumentarles la carga impositiva, disminuirá las cargas sobre otros. La realidad, es que lleva a menos trabajo, salarios más bajos y precios más altos, teniendo efectos regresivos. Algunos consideran que la solución está en gravar la facturación en vez de las ganancias, al ser un impuesto bastante transparente. Esto es erróneo ya que:

(i) Grava directamente a la actividad económica, aumentando los costos improductivos.


(ii) Hay más probabilidad de cargar a los consumidores, de manera similar al IVA.


(iii) Son un freno a la inversión, mientras que en las ganancias se pueden deducir costos.


(iv) Estos impuestos tienen un efecto impositivo alto y reduciría las ganancias a la mitad.

Desde 2018, la UE busca que estas actividades paguen “de manera justa y amigable al crecimiento”, creyendo que hay desconexión entre donde se crea el valor y donde se tributa. Proponen reformar las reglas impositivas para gravar a los negocios con mucha interacción con usuarios por medios digitales. Siendo este un plan de largo plazo, proponen en tanto un “impuesto interino” no sobre las ganancias, sino sobre los ingresos. Esto podría violar el principio de tratamiento nacional del Art. XVII del GATS, ya que discriminaría a proveedores estadounidenses, derivando en acciones ante la OMC y complicando las negociaciones entre EEUU y la UE a futuro. Mientras tanto, algunos países han tomado la iniciativa en esta materia.

Francia: Proponen el impuesto “GAFA” (Google, Apple, Facebook, Amazon) sobre los ingresos por la venta de datos en propaganda personalizada. Aplicaría a compañías con una facturación mundial superior a los 750 M€ y a los 25 M€ en Francia.

Reino Unido: Trabajan en un “Impuesto a los Servicios Digitales”, para que estas compañías paguen impuestos por el valor obtenido de los usuarios británicos. Sería un impuesto del 2% sobre los ingresos de modelos digitales de negocios específicos (buscadores, redes sociales). Desde el gobierno no lo consideran ni práctico, ni rentable.

Italia: Luego de varios intentos, rige el llamado “Impuesto a la Web”, en su versión de 2018. Se aplica a compañías que facturen más de 750 M€ globales y 5.5 M€ por servicios prestados en Italia, por la realización de propaganda online y transmisión de datos de usuarios. Es de un 3% sobre los ingresos brutos. Puede resultar en una doble tributación.

España: Hoy está el Anteproyecto de Ley para el “Impuesto para Determinados Servicios Digitales”: servicios de propaganda online, servicios de intermediación online y venta de información provista por el usuario. Se encuentra demorado por el año electoral.

Aplicará a compañías cuya facturación neta por el año anterior supere los 750 M€ y cuyos ingresos por servicios gravados por este en España superen los 3 M€ en el año previo. Sería de un 3% y se anticipan ingresos anuales de 1.200 M€.

Su impacto económico ha sido estudiado por PwC, quien considera que el costo del impuesto lo soportarán mayormente los consumidores y las pequeñas compañías que utilicen estos servicios. Con pérdidas para el PIB español de entre 586 y 662 M€.

El análisis de Javier Santacruz para Civismo arroja las siguientes conclusiones:

(1) Los márgenes de la industria digital nacional se reducirían en 178 M€ anuales.


(2) Se sustraerían dos puntos porcentuales de la rentabilidad de las ventas anuales.


(3) El consumidor asumiría 1/3 de los costos y los intermediarios 2/3, siendo las PYMEs las más afectadas.


(4) Le pérdida de rentabilidad llevará a un reducción de 0.5% de inversión sectorial.


(5) Tendría un impacto de €0.474 per cápita sobre los consumidores por cada producto digital gravado, mayormente las transacciones online y el intercambio de datos.

Puede decirse que es un tema extremadamente complejo, motivado más por política que por razonabilidad económica. Los intentos nacionales de gravar al sector digital enredarán más aún al sistema impositivo, creando incertidumbre a futuro. Asimismo, no solo no hay pruebas sobre la supuesta baja tributación del sector, sino que los usuarios de estas compañías obtienen beneficios enormes. Y siendo las mimas el motor del desarrollo y la innovación económica su gravamen discriminatorio es aún más injustificado.


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