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mar
El Mundo

«Lo que mata no es la velocidad, sino el brusco frenazo». Esta frase de un banquero mexicano en la década de 1980 le permitió a Rüdiger Dornbusch acuñar el concepto de sudden stop (brusco frenazo). La idea se refiere al flujo de capitales. Pero se lo podríamos pedir prestado para describir el caso de Chile, donde su economía pasó de crecer un 4,2% en 2013 a un 1,9% en 2014. ¡Brusco frenazo! Aunque hay factores exteriores –caída de las materias primas y ralentización del crecimiento chino– que explican esta bajada, la mayor parte de la responsabilidad es del enloquecido ritmo reformista del segundo periodo de Michelle Bachelet, que ha generado desconfianza e incertidumbre. Sobre todo porque sus reformas –tributaria, educativa y laboral– apuntan a aumentar el gasto público y expulsar al mercado en una carrera por hacer menos competitiva la economía chilena.

El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, dice que en el cuarto trimestre de 2014 la economía creció un 1,8%, reaccionando así a un mayor gasto público, pero oculta que también el país se ha beneficiado del abaratamiento de su factura petrolera.

El Gobierno del ex presidente Sebastián Piñera también aplicó políticas contracíclicas. Es verdad que no tuvo a su favor la caída del petróleo, ni en contra la bajada del precio del cobre, pero también tuvo sus adversidades: un terremoto devastador nada más comenzar su mandato. Las políticas de Piñera lograron que en sus cuatro años la economía creciera un promedio del 5,3%, en un contexto difícil. No parece que las de Arenas y Bachelet vayan a ser tan eficaces. En su primer mandato, Bachelet, que hizo una gestión rigurosa, apenas logró que el país creciera un 3,3% en promedio, aunque tuvo que apuntarse un hundimiento del 1% en el año 2009.

Hoy, el gran problema de los chilenos no es la economía, sino la corrupción. Dos escándalos, uno relacionado con la financiación ilegal de la política y otro con el tráfico de influencias, mantienen en vilo al establishment. El primer caso –llamado Penta– implica a políticos que han emitido facturas falsas a cambio de financiación. El segundo es peor, porque involucra a Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta, quien consiguió para su pyme un crédito multimillonario para dar un pelotazo inmobiliario. Quizá sea difícil probar la existencia de un delito, pero va a resultar complicado encajar ese pelotazo en la crítica a la desigualdad con la que Bachelet se ha llenado la boca este último año. En pocos días, su hijo consiguió, con favores que sólo consiguen los políticos, pasar a formar parte del 1% más rico del país.

A esto hay que sumar un segundo caso de facturas falsas, el de la empresa SQM, que aunque no ha sido formalmente acusada, ha visto cómo su directorio se dividía por la batalla política. Lo peor, aseguran en Santiago, es que Bachelet ha quedado tan afectada por la conducta de su hijo que no está al frente del país. Formalmente sí, pero realmente no. A cargo parece estar el ministro de Interior y eventualmente psicólogo presidencial, Rodrigo Peñailillo, de 41 años, ex alumno en la Complutense de la dirigente de Podemos Carolina Bescansa.


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