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La energía nuclear, la gasolina, el fuego, los medios de comunicación o las redes sociales pueden usarse para obtener fines contradictorios entre sí. De hecho, casi todo lo que es susceptible de manipulación por parte del ser humano puede utilizarse en un sentido o en su contario. Las herramientas tecnológicas, especialmente las que fomentan la comunicación y difusión de mensajes, entran dentro de esta categoría. Tienen un gran impacto en la vida de las personas porque, a pesar de ser materiales, manejan intangibles. Hablar de “nuevas tecnologías” resulta algo anticuado hoy, dado que esos aparatos que antes emocionaban y producían sonrisas de asombro, como las de un niño al recibir un juguete nuevo, ahora se han convertido en un arma de doble filo, ya por todos conocida, y que los políticos parecen saber manejar con perspicacia.

España

Hay pocas cosas, casi ninguna, en las que los miembros del Congreso hayan estado de acuerdo en los últimos años. Por ello, llama poderosamente la atención que la nueva Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales se tratase de uno de los proyectos que más consenso ha suscitado de toda la legislatura anterior.

Esta nueva ley permite a los partidos hacer algo que ninguna empresa puede. Les da vía libre para recopilar datos de personas, sus opiniones políticas, utilizar esa información para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral, y mandar propaganda por medios electrónicos. El artículo 58 bis, un añadido de última hora, resume la polémica. Este texto establece que el envío de propaganda electoral por “medios electrónicos o sistemas de mensajería”, y a través de “redes sociales o medios equivalentes”, no será considerado comercial, por lo que no se limitará. Es decir, los partidos podrán hacernos llegar publicidad no solicitada.

Con esto, las formaciones políticas han legalizado para el Estado lo que la población ha criticado a nivel mundial: un Cambridge Analytica, la empresa señalada por usar datos de la red social Facebook para influir en elecciones o procesos políticos de múltiples países en cuatro continentes. El impacto de este tipo de plataformas en la ciudadanía no se debe menospreciar. Facebook tiene cerca de 2.200 millones de usuarios. Hay más personas unidas por esta comunidad que por cualquier nación del mundo.

 ¿A quién favorece esto? Se puede alegar que los ciudadanos recibirán datos valiosos para votar; que no constituye un engaño porque los políticos, con esta nueva ley, se están mostrando transparentes con sus métodos; y que cualquier persona se puede oponer a recibir sus anuncios. Pero, en realidad, a los votantes se les suministrará información diseñada por los políticos, para influirles de una forma más emocional que racional; no todos los ciudadanos conocen al detalle el alcance de las leyes; y sí, cualquiera se puede dar de baja, pero después de haber sido bombardeado con propaganda.

Estados Unidos, Ecuador, Reino Unido…

En muchas ocasiones, varios países se ven envueltos en una misma trama, debido al alcance mundial de la tecnología. Un ejemplo es el de la plataforma WikiLeaks, responsable de las filtraciones de documentos oficiales de gobiernos como el de Estados Unidos, y que ha vuelto a generar polémica. Esta vez, por el arresto de su fundador, Julian Assange. El periodista australiano ha estado refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012, pero las autoridades de dicho país acaban de retirarle el asilo. Para algunos, esta medida es producto del cambio de un gobierno de izquierdas, liderado por Rafael Correa, a uno de derechas, de Lenin Moreno, al que le conviene congraciarse con Estados Unidos. 

El hecho de que tres administraciones poderosas se hallen detrás de este periodista evidencia la influencia de su plataforma, que nació en 2006 con el propósito de crear un orden nuevo en el mundo, desvelando los secretos de los líderes internacionales. Algunas de estas publicaciones han dado los frutos que el fundador esperaba, ya que se dice que ayudaron a impulsar la Primavera Árabe de 2011, exponer el apoyo de gobiernos occidentales a los regímenes autoritarios del norte de África, y movilizar a la población de Túnez. Pero no toda su labor ha sido elogiada. A Assange se le acusa de mantener vínculos con Rusia y de haber contribuido a que se filtraran correos de Hillary Clinton, una cuestión en absoluto menor si se admite que supuso un hito decisivo en la campaña de 2016 que desembocó en la victoria de Donald Trump. Aquí se puede observar claramente cómo la tecnología se trata de un arma de doble filo. Para algunos, Assange se ha erigido en un defensor de la verdad, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados; y para otros, ha sido un ladrón que ha puesto en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos.

Ahora que Assange se halla en problemas con la justicia a nivel internacional, hay que observar con cuidado el comportamiento de los distintos gobiernos. Resulta de suma importancia que, culpable o inocente, se le respete con el debido proceso. La seguridad nacional es importante, pero la justicia y los derechos civiles también. De lo contrario, se estaría dando crédito a su versión de que cuanto le está ocurriendo se trata de un montaje de Estados Unidos, que busca venganza tras las publicaciones de su plataforma, con la que solo busca exponer la verdad.

Sri Lanka

Las autoridades de Sri Lanka impidieron el acceso a redes sociales en el país momentos después de los ataques terroristas del 21 de abril a iglesias y hoteles, que acabaron con la vida de más de 200 personas. Esta medida generó desconcierto, y trajo a la luz de nuevo el hecho de que estas plataformas pueden causar efectos negativos y positivos. Son susceptibles de utilizarse para difundir información y comunicarse a escala planetaria; pero también, para propagar noticias falsas y aumentar el pánico entre los ciudadanos en momentos muy delicados. Lo mismo que cabe elogiar de Facebook —la comunicación global, rápida y fácil— lo ha convertido en una herramienta peligrosa —no es la primera vez que autoridades de un país detectan que lo difundido puede perjudicar a los ciudadanos.

No hay una respuesta clara para manejar estas situaciones, pues la línea entre libertad y seguridad a veces no resulta muy nítida; el debate entre ambas viene de largo, y en él confluyen muchos presupuestos: que cualquier extremo es malo; que la libertad constituye un derecho, pero los gobiernos tienen obligaciones que, a veces, chocan con ella; que no todo es color de rosa en el mundo globalizado de hoy; que lo que para algunos se trata de un instrumento que los ayuda a cumplir sus metas, para otros puede ser lo contrario. Legislar se torna, por tanto, una tarea de gran dificultad, máxime en un panorama tan diverso y complejo como el de hoy. Las reglas del juego se limitan a unas cuantas, muy concretas, mientras que las circunstancias que rigen se multiplican con cada paso que da el hombre.

Por eso, los gobiernos deben actuar con la mayor prudencia posible, sin perder de vista que las redes sociales no consisten en un mero añadido, sino que forman parte del día a día de las personas, de cómo estas construyen su cultura. El respeto, la transparencia y la tolerancia entre los gobiernos y sus ciudadanos cobrarán cada vez más importancia. Y no cabe duda de que, de tener que escoger entre el extremo de la libertad, y el del control en aras de la seguridad, hemos de elegir, y defender siempre, el primero.


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