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Expansión

Tras los resultados –volcánicos– de las elecciones del pasado 2 de diciembre en Andalucía se han visto todo tipo de valoraciones y leído multitud de análisis, algunos realmente variopintos. Sorprendentemente, casi ninguno ha señalado algo especialmente notable e incluso inesperado: que un número muy importante de ciudadanos se muestra hastiado de que los partidos se dediquen a esquilmarles impunemente el fruto de su trabajo, es decir su dinero. O por decirlo lisa y llanamente: que están hartos de pagar impuestos injustos y elevadísimos. Así que han votado a quienes prometen menos impuestos injustos. Moraleja: la ciudadanía no está ya dispuesta a consentirles a los políticos tramposas ineficiencias en la gestión de su dinero. Que es lo que, desde luego, sucedía en Andalucía, como sabe cualquier persona medianamente informada. Y no hace falta mencionar casos verdaderamente sangrantes.

De los resultados electorales cabe sacar otro corolario: por lo que parece, y al margen de demagogias y fraseologías bastante marchitas, al ciudadano le gusta –al contrario de lo que “cantan” interesadamente los partidos o los ministros siguiendo sus irrefrenables pulsiones recaudatorias– la competencia fiscal entre autonomías, es decir, que cada autonomía pueda bajar o subir los impuestos según su racional albedrío. En este punto es obligado felicitar al nuevo Presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, por anunciar, basándose en la capacidad normativa que legalmente tiene, la práctica eliminación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, bonificándolo al 99% en el ámbito familiar. Por fin Andalucía reconoce lo que era evidente y notorio para cualquiera: 1) que no hay derecho a volver a penalizar con un impuesto adicional la transmisión de unos bienes familiares que ya habían sufrido previamente todo tipo de tributaciones; 2) y que eso obligaba a muchas familias a renunciar a las herencias que les dejaban. Los datos en este punto son tumbativos: durante los últimos años Andalucía encabezó el ránking de renuncias a herencias (por cierto, junto con Cataluña).

Hay que señalar, sin embargo, que, en la lista de propuestas presentadas por el nuevo Presidente de Andalucía, se echa en falta otro anuncio muy importante: bonificar el Impuesto sobre el Patrimonio, un tributo marcadamente ideológico al que internacionalmente se le llama el impuesto “tonto” y que, por su tontería, consigue importantes deslocalizaciones de personas con capacidad de invertir. Y, en consecuencia, de crear empleo. No parece que tan clamoroso silencio sea ingenuo. Lamentablemente, el acuerdo de gobierno PP– Ciudadanos en su punto 26 se compromete a rebajar el nivel del Impuesto sobre el Patrimonio, pero para equipararlo al gravamen vigente a nivel nacional, es decir, a un tipo marginal que es el más elevado de mundo dentro de los países comparables (donde por cierto ha sido eliminado en todos). Habrá que suponer que ese estruendoso “olvido” se debe a ciertas malas compañías o “influencias”, por ejemplo a la evidente “naturaleza” socialdemócrata de su socio de gobierno, que encima se proclama liberal. No saben ni lo que son. En esto del Impuesto sobre el Patrimonio conviene recordar que el patrimonio no es más que el resultado del ahorro de los ciudadanos. El Estado no ahorra, más bien gasta, y por cierto con bastante poco cuidado. Ejemplos hay a montones, algunos bien conocidos. Para justificar la existencia de ese impuesto, los socialistas andaluces han recurrido una y otra vez, con el descaro que les caracteriza, a la demagogia más chabacana: incluso justificando que gracias a ese impuesto y a los ingresos que reporta –en concreto, 82,4 millones de euros en 2017– se pagan los costes y se cubren las “necesidades“ de hospitales, escuelas, residencias de ancianos, etc. Una argumentación –si lo fuera– muy “emotiva”. Claro que, en medio de tanta emoción impostada, se les olvida “comentarnos” que su televisión autonómica, que naturalmente estaba al servicio de los recién depuestos dirigentes políticos, costaba 140 millones de euros cada año. Con lo que su verdadera intención aparece totalmente desnuda en medio del escenario: la manipulación política e ideológica, que para ellos merece siempre más dinero.

No hace falta leer a grandes analistas para darse cuenta de algo obvio: que Andalucía ha sido hasta ahora el gran territorio del atraco confiscatorio. Es decir, los campeones del mundo en extraer dinero del bolsillo de los ciudadanos, propios o ajenos. El Gobierno o régimen socialista de Andalucía, convirtió el tipo marginal de su región en uno de los más altos del mundo: el 3,03% (sólo superado por el 3,75% de Extremadura).

Los grandiosos resultados de esas políticas confiscatorias son evidentes: Extremadura y Andalucía son las dos comunidades más pobres de España y la brecha con el resto se ha ido acentuando en los últimos años. En la comparativa de la UE, Andalucía es una de las regiones con niveles de PIB per cápita más bajos. Lo contrario que en la tasa de paro, en la que Extremadura ocupa la primera posición en España y Andalucía la segunda, soportando las dos tasas de desempleo por encima de países africanos como Sudán, Ghana o Tanzania (en estos dos últimos casos, duplican su tasa de desempleo). Y todo ello a pesar de mantener uno de los gastos públicos más elevados en relación con su PIB. Y de que sus ciudadanos hayan sido sistemáticamente desangrados por un sistema impositivo confiscador y depredador de la iniciativa privada (que es la que hace progresar –en el mejor sentido del término– a las sociedades).

Cierto es, también, que el PP no es precisamente un edén cinematográfico. Por lo que parece, en la dirección nacional del PP luchan como galeotes por desenredarse de los mil hilos enmarañados de la madeja socialdemócrata de los señores Rajoy y Montoro, partidarios los dos de homogenizar a todas las autonomías en el gravamen malo (con excepción por supuesto de sus “amigos” del País Vasco, que son los que luego los traicionaron descarada y sistemáticamente). El modelo de contención de gasto y bajada de impuestos no parece ser plenamente asumido por todos los “barones” tradicionales. Es el caso de Núñez Feijóo en Galicia o del líder, en ocaso, de Castilla y León (aunque en honor a la verdad, parece que Fernández Mañueco es consciente de la necesidad de cambiar estas cosas). Por lo demás, conviene recordar que el supuesto conflicto entre autonomía e igualdad es más bien imaginario. El Tribunal Constitucional ya clarificó que la igualdad entre autonomías no obliga a que todas las comunidades autónomas tengan que ejercer sus competencias fiscales de una manera monolíticamente “igualitaria”.

El propósito de cercenar las atribuciones de las comunidades para bajar, en virtud de sus competencias, determinados impuestos pone en cuestión la propia naturaleza de las autonomías. Y, por tanto, esa vía tan imaginativa –por la que se impone a todos los ciudadanos un modelo impositivo que, a todas luces, es un fracaso estrepitoso y que lo único que logra es incentivar el despilfarro– no es válida ni tampoco legítima. Y, por lo que revelan las elecciones de Andalucía, tampoco está respaldada democráticamente por los ciudadanos españoles cuando votan ¿Tomarán nota?


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