Desde el nacimiento de la Unión Europea, uno de los mecanismos más usados para conseguir la convergencia real entre sus regiones ha sido la transferencia de fondos del presupuesto comunitario en forma de inversiones de capital, más conocidos como fondos de cohesión. Se trata de un sistema de transmisión de recursos desde los países ricos hacia los pobres a fin de conseguir una nivelación básica en las condiciones de vida.
Gracias a estos fondos, países como España han podido implantar en tres décadas una amplísima red de infraestructuras, planes de desarrollo para sectores económicos deprimidos y medidas de política económica encaminadas a equiparar los estándares de los territorios más atrasados con los de aquellos que siempre han estado económicamente a la cabeza de Europa, como Alemania, Francia o Reino Unido. España, por ejemplo, ha recibido cerca de 60.000 millones de euros desde su ingreso en la UE, en 1986. Por tanto, los fondos europeos son un elemento fundamental en el diseño de la política económica española y, especialmente, en el desarrollo regional.
Con esta misma filosofía han entrado los nuevos miembros de la UE28, los cuales van desplazando a anteriores receptores netos de recursos, conforme estos han ido mejorando sus condiciones económicas. En consecuencia, la evolución natural de países como España es pasar de percibir financiación a ser contribuyentes netos al presupuesto comunitario. Esto encierra serias dificultades, puesto que nuestro país ni tan siquiera logra controlar el déficit, siendo este el más alto de la UE (un 3%). Además, España es el único país al que Bruselas mantiene en el “procedimiento de déficit excesivo”. Dado que la demanda social reclama gastar más en bienestar y que ningún político se atreve a defender la ineludible sostenibilidad, parece imposible generar ahorro interno.
Tomando las cifras del Parlamento Europeo correspondientes a 2016, los tres países que, en porcentaje, reciben al año menos dinero de la partida de cohesión respecto a los fondos totales son Luxemburgo, Dinamarca y Bélgica, al no superar ninguno el 3%. Todos gozan de unos sistemas sanitarios y educativos, unas políticas medioambientales y una red de infraestructuras plenamente desarrollados, lo que motiva que esta área no resulte prioritaria para ellos, además de que en Bélgica y Luxemburgo se concentran las instituciones europeas.
Lo contrario ocurre en Eslovaquia (74,72%), República Checa (70,73%), Hungría (60,24%) o Rumanía (59,90%), cuyas cuantiosas recepciones de fondos en este campo evidencian el camino que les falta por recorrer para converger en términos reales. Los fondos de cohesión suponen un gran esfuerzo por parte del presupuesto europeo para levantar más rápidamente a estos países, sobre los que pesa su herencia como estados satélites de la URSS: una pesada mochila de pobreza y atraso.
