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Diari de Tarragona

Las Naciones Unidas tienen un día para la Administración Pública. Lo cierto, sin embargo, es que no resulta la necesario reservarle una fecha señalada, ya que convivimos todos los días del año con papáEstado. Esta superestructura pública nos cuida de la cuna a la tumba con un coste por ciudadano y calidad que depende de la comunidad donde se viva.

La omnipresente atención del Estado exige muchos funcionarios, España atenta con 2.583.494 empleados públicos, cifra que cuadriplica la de 1978, La cantidad todavía parece mayor porque hace cuarenta años no existía el actual desarrollo informático y hacía falta más personal. Este volumen se puede justificar, en parte, por la exuberancia regulatoria de los consistorios, los parlamentos y el Congreso. También porque España tiene diez millones más de habitantes. Sin embargo, resulta innegable que se necesitarían menos funcionarios si se eliminasen las duplicaciones de servicios de las administraciones, Del mismo modo, hay cámaras autonómicas que legislan en exceso solo por alardear de elementos diferenciales. No son conscientes de que la promulgación de una ley innecesaria no sale gratis, pues los costes jurídicos de la jungla burocrática 1 repercuten en los ciudadanos.

Así, según datos del INE de 2018, casi un 20% de los asalariados de nuestro país lo están al servicio de la Administración, lo que la convierte en el mayor empleador. Este papel de generador de puestos de trabajo, aunque pueda parecer beneficioso para la sociedad, deja de serlo cuando la relación calidad/precio de una prestación efectuada por la iniciativa privada se demuestra mejor que la dispensada por una entidad pública, porque puede traducirse en menos impuestos. Para valorar la rentabilidad de estas aportaciones al sector público, habría que detenerse en el indicador que marca la política de costes laborales en la empresa privada: la productividad. Así, en el caso de una plantilla cuyo salario sale de las arcas públicas, obtener un rendimiento bajo supone un dispendio inadmisible para el contribuyente.

La diferencia entre una Administración eficiente y otra que no lo es tanto, se constata enseguida si realizamos una comparativa entre comunidades autonómicas. Para ello, se calcula el cociente del PIES que generó este sector público a nivel regional en 2018, y el número de empleados que hicieron falta para conseguirlo. Este PIB incluye el de defensa, seguridad social obligatoria, educación y actividades sanitarias, y servicios sociales.

Aplicando estos parámetros, la comunidad con la Administración más productiva por empleado público es País Vasco (77.219 euros), seguida de Navarra (74.789), Catalunya (71.623), Madrid (68.169); Rioja (66.595) y Castilla y León (63.732); todas ellas por encima de la media nacional. Las regiones con menores rendimientos son Castilla La Mancha (51.273) y Extremadura (51.273).

Eso sí, la superan, para mal, Galicia, Asturias, Cantabria, Extremadura y Castilla-La Mancha: esta última se trata de la menos productiva, con tina aportación de su Administración al PIB de 7.860 millones de euros y 153.000 empleados. Son 4 .400 ciudadanos más que los de País Vasco, y sin embargo, este genera 3,638 millones de euros más de PIB, lo que le permite liderar el ranking. El caso de La Rioja refleja tina meritoria austeridad, porque, al tratarse de la comunidad de menor población, lo lógico sería que la ratio resultara más baja.

Un asunto pendiente en el que los políticos y sindicatos públicos rehusan entrar es una evaluación externa del desempeño del trabajo producido por cada empleado público, unido a un cierto incentivo económico para quienes se muestren más productivos. La razón es clara: ¿por qué tiene que ganar lo mismo el que no da un palo al agua que el que se esfuerza? Además, constituye un derecho de los contribuyentes que se analice lo que se hace con su dinero.


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