02
jul

El fin de la “era multilateral” tiene como epílogo un tratado que ha tardado más de 20 años en cerrarse: el acuerdo UE-Mercosur. Un tratado postergado durante décadas, pero que ha sido forzado por las circunstancias actuales: por un lado, la necesidad de un impulso proveniente del exterior para las economías del Cono Sur (especialmente Argentina y Chile) que amortigüe los desequilibrios internos y asegure una aportación sostenida del sector exterior al PIB y, por otro lado, la exigencia para Europa de buscar nuevos socios comerciales que quiten presión a la tracción que la dialéctica China-Estados Unidos está imprimiendo sobre el continente europeo.

Más allá de los indudables beneficios económicos que ambas partes tendrán con esta rúbrica, la cuestión más relevante es analizar qué papel tendrá este acuerdo en la reconfiguración del equilibrio geopolítico global y cuáles serán los incentivos para todas las partes para permanecer en él a largo plazo. A corto plazo, este Tratado ayudará, en primer lugar, a la integración de los países de Mercosur en las cadenas de valor global, permitiéndoles cierto grado de descorrelación de sus flujos comerciales de la evolución de los precios de las commodities, especialmente las agrícolas.

En segundo lugar, será un incentivo fundamental para derribar instituciones económicas y políticas ineficientes que lastran la competitividad del sector exportador. Eliminar los aranceles a la entrada en Europa del 93 por ciento de los productos y servicios de Mercosur obliga a una apertura de fronteras que de otra forma sería más difícil llevar a cabo. No hay mejor incentivo que una obligación del exterior para hacer reformas en profundidad en economías que soportan grandes rigideces en el gasto público, mercado laboral o el propio sector exterior.

Liberalización de los mercados internos

Y, por último, obliga a la convergencia en estándares de calidad, normas técnicas, transparencia y políticas públicas. Un tratado comercial es más que un mero acuerdo arancelario: también implica una estandarización de medidas “no arancelarias” que se traducen en una liberalización de los mercados internos, permitiendo la entrada de competidores del exterior. Incluso, para salvaguardar la seguridad jurídica y minimizar los costes de bienestar de transición a la competencia exterior, el acuerdo siempre es más favorable al bloque económicamente menos “poderoso”, ya que le da un plazo generoso de implementación de medidas de apertura de hasta 15 años. Este es, sin duda, uno de los resquicios de los mejores momentos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se siguen cumpliendo.

Sin duda, uno de los aspectos que con el tiempo se irán perfilando mejor es la resolución de disputas y, muy especialmente, el capítulo de inversión europea en el Cono Sur, donde todavía a día de hoy el riesgo regulatorio es apreciable. También ocurre algo similar en materia de comercio de servicios, donde países como Argentina son exportadores de derechos de propiedad industrial o de propiedad intelectual (casi un tercio de sus exportaciones actuales van hacia Europa), siendo el sector más representativo el agrícola.

Proteccionismo agrícola en Europa

Este es, sin duda, uno de los ámbitos donde se ha ido frenando de forma sistemática el acuerdo a lo largo de los años. Siempre que se trata de los productos agrícolas, los Gobiernos europeos tienden a un proteccionismo cada vez más injustificado dado que la Unión Europea mantiene una balanza deficitaria en las materias primas agrícolas (24.265 millones de euros en el acumulado de mayo de 2018 a abril de 2019, último dato) y superavitaria en los alimentos procesados, preparados y bebidas (15.067 millones, 23.126 millones y 16.144 millones, respectivamente). Además, en términos totales del comercio agroalimentario, la tasa de crecimiento de las importaciones (+10,3 por ciento en 2017) dobla a la tasa de crecimiento de las exportaciones (+5,1 por ciento interanual), reduciéndose la distancia entre la Unión Europea y Estados Unidos en términos de exportaciones de bienes agrícolas.

Por ello, ante la coyuntura de precios internos, y dadas las tensiones internacionales, para la Unión Europea es una necesidad encontrar una fuente estable de commodities agrícolas con costes menores y que fortalezca la competitividad de la industria agroalimentaria europea.

Sin embargo, esto supone una mayor especialización productiva y la sustitución de cultivos (especialmente en el azúcar y los biocombustibles), que además son importantes receptores de pagos directos de la Política Agraria Comunitaria (PAC), cosa a la que no están dispuestas en absoluto las organizaciones agrarias.

Pero al igual que está ocurriendo con otros sectores, el tratado permite conservar aquellos aspectos que son de justicia como es el establecimiento de las mismas reglas del juego para todos, entre lo que se encuentra la protección de las indicaciones geográficas para evitar competencia desleal o violaciones de la propiedad industrial o intelectual.


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